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Preparan 23 pagos tras daños a predios por obras en administraciones pasadas
Preparan 23 pagos tras daños a predios por obras en administraciones pasadas. Foto: Especial
Preparan 23 pagos tras daños a predios por obras en administraciones pasadas
Preparan 23 pagos tras daños a predios por obras en administraciones pasadas. Foto: Especial

El gobierno de Puebla tramitará al menos 23 pagos a ciudadanos cuyos terrenos resultaron afectados por obras ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura en gobiernos pasados, informó el titular de la dependencia, Heliodoro Luna Vite.

Apuntó que se están integrando los 23 expedientes para iniciar este procedimiento con el que busca resarcir los daños causados a la ciudadanía por obra pública ejecutada por la Secretaría de Infraestructura.

Al reunirse con un grupo de afectados, el secretario Luna Vite exhortó a la población a denunciar al servidor público o al gestor que pretenda cobrar dádivas por iniciar estos trámites.

“Estamos poniendo en orden a la secretaría, no queremos dejar casos abiertos al cierre del año fiscal, por ello, vamos a resolver las demandas ciudadanas y las afectaciones por obra pública; es una prioridad para el gobierno de Miguel Barbosa Huerta”, subrayó.

El secretario pidió a los afectados preparar la documentación de sus predios, y además les solicitó tranquilidad, luego de prometerles que no se burocratizarán los pagos.

23 pagos tras daños a predios por obras en administraciones pasadas

“Agilizaremos los procesos ante las secretarías correspondientes. Se abrirán mesas de trabajo para resolver dudas y en caso de requerir asesoría legal para concretar la escrituración de predios lo haremos de manera gratuita”, explicó a la vez que resaltó que hay voluntad para resolver, de manera directa, los casos.

Cabe mencionar que entre los casos más sonados son los de la expropiación de tierras en la zona arqueológica de Cholula, donde el morenovallismo fue acusado de arrebatar el área para la construcción del Parque de las Siete Culturas, así como el de los ejidatarios que, desde 2013, han pedido el pago por ocupar sus terrenos para la primera etapa del Arco Poniente.

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