El periodista de Marco Antonio Vázquez Hernández busca su libertad tras 10 años recluido en el Cereso de Teziutlán por un “caso fabricado” de violación, lo cual considera consecuencia de sus críticas al acalde Enrique Peredo Grau y el exgobernador Mario Marín Torres.
Y es que, desde su posición de reportero en El Sol de Puebla, El Heraldo y El Universal, publicó, entre 2005 y 2009, notas donde exhibía fallas, malos manejos y complicidades con empresarios de los gobiernos de Peredo Grau –entonces edil priista de Teziutlán, cargo que hoy detenta por tercera ocasión, pero abanderado por CPP— y Marín Torres.
De hecho, al inicio de la gubernatura del priista, difundió que empresarios maquileros le entregaron a Marín Torres, durante una comida, una lista de comunicadores, políticos y líderes sociales “incómodos” a los cuales querían en la cárcel, entre ellos él, la periodista Lydia Cacho Ribeiro, Rubén Sarabia Sánchez “El Simitrio”, Meztli Sarabia Reyna (hija de éste), Zwinglio Miguel Morice Camacho y María de Jesús Camacho Sánchez (su abogada).
También exhibió el apoyo a las aspiraciones políticas de Peredo Grau por parte del priista Fidel Herrera Beltrán y del panista Miguel Ángel Yunes Linares, ambos exgobernadores de Veracruz y el segundo señalado como parte de la red internacional de pederastia que Cacho Ribeiro documentó en su libro “Los demonios del Edén”.
Persecución inició desde 2005, relata
La publicación de esta información llevó a que, en 2005, poco después de la aprehensión de Cacho Ribeiro, la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), hoy Fiscalía General del Estado (FGE), imputara a Marco Antonio el delito de “robo agravado”, con base en el testimonio Cirino Morales Idelfonso, director de Mercados Municipales.
Este funcionario, subordinado de Peredo Grau y de la entera confianza de éste, afirmó que el periodista había sustraído dinero de los baños públicos de la feria local; sin embargo, el acusado logró, mediante un amparo, que Morales Idelfonso testificara ante un tribunal, donde aclaró que la persona que él señalaba como ladrón era otra del mismo nombre.
Pese a que esta imputación quedó desechada, en 2009, al reportero le iniciaron el proceso penal 61/2009/TEZ, donde se le acusó de violar a una mujer menor de edad, por lo cual fue detenido, sentenciado a 14 años de prisión y el recluido en el Centro de Readaptación Social de Teziutlán (Cereso) de Teziutlán.
En entrevista con Ángulo 7, María de Jesús Camacho Sánchez, su abogada, comentó que a su cliente “le pusieron un cuatro” y que es en realidad “un preso político”, pues señala que la presunta agredida fue enviada desde el ayuntamiento como edecán a un evento donde estaba él, a fin de entablar una relación y después acusarlo de violarla.
Sostuvo que la persecución contra Marco Antonio deriva de su posición crítica contra las administraciones de Marín Torres, hoy prófugo de la justicia por su presunta implicación en la tortura de la periodista Cacho Ribeiro, y del alcalde Peredo Grau, quien recientemente fue centro de polémica nacional por sus declaraciones contra los derechos reproductivos de las mujeres.
Asimismo, alertó que la seguridad de su cliente corre peligro, pues en Teziutlán Peredo Grau volvió a ser presidente municipal y “el 80 por ciento” de los funcionarios de más alto nivel dentro del gobierno marinista, en el época en que fue procesado, permanecen en el gobierno estatal, por sí mismos o a través de familiares.
Tiene posibilidad de salir de prisión: abogada
Ante este escenario, junto con Marco Antonio, escribió una carta a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidiéndole el apoyo del gobierno federal para frenar la persecución en su contra y obtener su libertad, en el marco de la política para excarcelar a los presos políticos.
De acuerdo con la litigante, su cliente ha cumplido las dos terceras partes de su condena y ha mostrado buen comportamiento en prisión, por lo que legalmente puede solicitar su liberación.
No obstante, señaló que enfrenta el obstáculo de pagar la reparación del daño, que asciende a 30 mil pesos, antes de que el juez ordene su preliberación, pero su familia no cuenta con esta cantidad de dinero.
