El gobierno federal identificó siete municipios con mayor incidencia delictiva en el estado: Puebla, Quecholac, Amozoc, Esperanza, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tepeaca, por robo de hidrocarburos, narcomenudeo y pugnas entre células delictivas.
En la mañanera de este viernes ofrecida en la Angelópolis, Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), aseveró que, en lo que va de la administración, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, sumaron 373 homicidios vinculados con la delincuencia organizada en Puebla.
En tanto, en el mismo periodo, pero de un año anterior, es decir en la administración de Enrique Peña Nieto, se registraron mil 41, por lo que bajaron 179 por ciento.
Agregó que, en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en agosto, Puebla se colocó en el lugar 17, por debajo de la meda nacional; por entidad federativa, en el décimo y, en todos los delitos, en el peldaño 20.
Déficit de 2.1% en elementos de seguridad
Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que, en el estado, hay 18 mil 432 elementos de seguridad, con un déficit internacional de 2.1 por ciento.
Del total, 5 mil 163 son de la Sedena, 31 de la Secretaría de la Marina (Semar), 2 mil 378 de la Guardia Nacional (GN), 3 mil 617 de la Policía Estatal y 7 mil 243, de la municipal, señaló a la vez que explicó que Puebla está divido en cinco coordinaciones regionales, de las que tres las ocupa la GN y en dos, la Sedena tiene efectivos realizando funciones.
En conclusión, aseveró que las acciones recomendadas son la depuración de cuerpos de seguridad e incrementos de efectivos que el estado está en procesos; fortalecer trabajos de inteligencia, incluyendo inteligencia financiera; estudiar y determinar causas de la socialización del delitos, fomentar denuncia ciudadana; judicializar eventos donde existe flagrancia delictiva y revisar estatus legal de establecimiento que comercializan autopartes (Profeco).
Había esquema de seguridad deteriorado: Barbosa
En tanto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que el gobierno del estado recibió un esquema de seguridad pública deteriorado que buscan fortalecer en coordinación con el Ejército, la GN y las fiscalías de la República y del Estado.
Recordó que está en proceso el arrendamiento de mil patrullas, armamento, municiones, aditamentos, así como alistan la renovación tecnológica de los C5, C4 y C3 y, los arcos de seguridad.
Afirmó que también adquirirá, por arrendamiento, dos helicópteros y costeará drones. Reconoció que hay déficit de policías, pero mencionó que incrementarán el número con uniformados certificados.
“No habrá procesos de adjudicación directa”, lanzó y finalizó resaltando que, en agosto, bajó en 15 por ciento el índice delictivo, mientras que en septiembre, disminuyó 17 por ciento.