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La seguridad es prioridad número uno y acalorada la discusión por Ciudad Modelo

De pleitos en la SEP por cotos de poder, y de regidores que quieren pan en el ayuntamiento de San Andrés Cholula

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que los pleitos en la Secretaría de Educación Pública por los cotos de poder entre el titular de la dependencia Melitón Lozano Pérez y la subsecretaria de Educación Básica y Media Superior, Alejandra Domínguez Narváez, continúan y han dejado varios damnificados.

Entre ellos el coordinador académico de la Subsecretaría de Educación Básica, Norberto Cervantes Contreras, y la asesora técnica pedagógica de la misma Subsecretaría, Edna Olivia Torres Capitaine.

Melitón Lozano ordenó que estos funcionarios dejaran sus cargos y regresaran a sus centros de trabajo, lo que molestó a la esposa del influyente subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, que en vano intentó justificar la permanencia de aquellos.

La renuncia de Norberto Cervantes y Edna Olivia Torres llega en un mal momento, pues el viernes se llevará a cabo el Primer Consejo Escolar Ordinario, cuya mayor responsabilidad recae en la Subsecretaria y en los funcionarios que fueron removidos.

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Otra funcionaria que también le dio las gracias a tres subordinados suyos es la directora de Secundarias Técnicas, Susana Guadalupe Escamilla Barrios.

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Ciudad Modelo, entre jaloneos y parches

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que por segunda semana consecutiva, el Congreso del estado se convirtió en una arena, donde fueron los gritos más no el diálogo, los que prevalecieron mientras se discutía el dictamen para modificar el Decreto del Organismo Público Descentralizado, Ciudad Modelo.

Quien aprovechó el momento para lucirse, fue nuevamente un diputado que ha estado en el ojo del huracán y que llegó arrastrado por la ola lopezobradorista: José Juan Espinosa Torres.

Espinosa Torres desde el inicio de la sesión se opuso al decreto enviado por el gobernador, en el cual se le devuelven facultades a los ayuntamientos para cobrar el impuesto predial, las licencias por el uso de suelo, los permisos de construcción y todo aquello que le permita a los municipios recaudar recursos propios, tal como lo establece el artículo 115 constitucional.

Tras pedir que se retirara el punto del Orden del Día, argumentó que Miguel Barbosa, se había comprometido durante la campaña a desaparecer el fideicomiso de manera total; sin embargo, dijo, con las reformas aprobadas, los diputados terminaron por fortalecerlo en lugar de eliminarlo.

Y por esta ocasión le concederemos la razón al diputado del PT quien al final fue congruente, votó en contra de la reforma y ya de paso aprovechó el momento para recriminarles a sus compañeros la falta de oficio legislativo, tema en el cual le secundaron diputados de la oposición como la priista Rocío García Olmedo.

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Echan del gobierno estatal al líder de la mafia del transporte

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que José Abraham Sánchez González, quien ha controlado la mafia del transporte público de Puebla en los últimos 27 años, si entró como funcionario al actual gobierno estatal, con un perfil bajo, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, fue detectado y se le pidió su renuncia, misma que presentó hace unos días de manera muy peculiar, pues declina hacer cualquier reclamo laboral o administrativo al Poder Ejecutivo.

Ayer en esta columna se expuso que Abraham Sánchez por enésima vez había logrado escabullirse a las estructuras del gobierno estatal, como parte de una red de protección de abusos e ilícitos que se cometen en torno al transporte público.

Frente a esta denuncia, una fuente autorizada hizo llegar a este columnista la misiva por la cual Sánchez González de manera “libre, irrevocable y espontanea” –solo le falto decir que en plena armonía con el cosmos– renunció el pasado 13 de septiembre al cargo de “Analista Especializado Consultivo” del Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota del Estado de Puebla. Ver una copia al final del texto.

Lo relevante de esta misiva es que se constata lo que se denunció en este espacio, que la llamada mafia del transporte sigue vigente, que había vuelto a incrustarse en el gobierno y que sigue viva “la hermandad” –encabezada por Abraham Sánchez– que desde el sexenio de Manuel Bartlett Díaz y hasta la actualidad controla a los inspectores que supervisan este servicio público, que trafican con permisos y concesiones, que hacen arreglos entre permisionarios para competir por el control de las rutas de traslado de pasajeros.

Sin duda la dimisión de Abraham Sánchez es una muestra de que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta quiere demostrar un compromiso real con el combate a la corrupción.

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En el cuarto de máquinas de la 4T

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que al cuarto de máquinas de la 4T en Puebla tendrán que meterse de lleno el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Luis Miguel Barbosa y, seguramente ediles y alcaldesas de la zona metropolitana.

Durante la visita presidencial de 2 días en la entidad, el tema de la seguridad se puso en la agenda como prioridad número uno.

Se evaluarán y revisarán las acciones contra la delincuencia, cuyos resultados favorables no llegan y las decisiones que no se tomen ahora, serán nefastas para la Cuarta Transformación a un año de arrancar el proceso electoral intermedio.

Jalón de orejas, golpe de timón, limpieza de todo el sistema y, lo más importante, es que el presidente dejará en claro que el responsable de la estrategia y medidas será el gobernador Barbosa.

Los ediles y alcaldesas serán sometidos a lineamientos, por lo que inevitablemente rodarán cabezas en sus gabinetes.

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4T, seguridad y estado de derecho

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que ojalá que en Puebla, no se apliquen al pie de la letra algunos postulados de la llamada Cuarta Transformación.

Sobre todo en lo que al combate a la delincuencia y la aplicación de la ley se refiere.

Ojalá que el gobernador Miguel Barbosa no claudique en su principal tarea, que es la de proteger a quienes viven respetando las normas básicas de convivencia, de aquellos que han decidido no hacerlo.

Se trata, ni más ni menos, del acuerdo básico, fundamental, que le da sentido a la relación entre gobernantes y gobernados.

Sería muy importante que aquí, no exista aquella penosa confusión de términos, entre ejercer el uso legítimo de la fuerza y reprimir.

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La sombra de la cárcel: la autonomía universitaria no es saqueo

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que luego de que el abogado Javier Coello Trejo ratificó la denuncia por desvíos de 466 millones de pesos a favor de Lobos BUAP AC, la sombra de la cárcel va a perseguir a Alfonso Esparza los dos años que le restan de rectorado. Y eso si termina su periodo. Su imagen se pudrió y es lo de menos porque lo demás es perder la libertad.

A Esparza Ortiz, su hija Luza, y los empresarios cómplices del Patronato, además, les tocará rendir cuentas en el SAT, pues según el abogado Coello también fueron a denunciarlo ante el fisco. En 2014 ingresaron 84 millones de pesos y pagaron cero de impuestos.

Otro frente más será la Comisión Inspectora. El presidente del Congreso, Gabriel Biestro, ya anunció que en el Congreso serán investigados los depósitos que se hicieron desde cuentas de la BUAP a un ente privado sin relación jurídica con la universidad, presidida por la hija del rector. Todo terminó en un quebranto patrimonial de 370 millones de pesos, pues de la aventura del futbol profesional sólo se rescataron los 90 millones que depositó Mendívil.

Son demasiados frentes para el rector, a quien también le surgirá una oposición interna, pues no dudo que algunos integrantes del Consejo Universitario decidan alzar la voz por dignidad para no convertirse en cómplices.

Como cualquier día de estos la Fiscalía General del Estado puede someter a un juez la carpeta de investigación para liberar la orden de aprehensión, al rector Esparza sólo le queda atrincherarse en el concepto de autonomía universitaria para ponerse a salvo de las consecuencias legales de sus actos. El problema es que quiere autonomía para seguir el saqueo.

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