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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Confianza extrema. La llegada de Arturo Herrera como secretario de Hacienda ha traído tranquilidad a la economía, dentro y fuera de las estadísticas. Su labor ha ido in crescendo en estas semanas. “La consolidación de los programas sociales, la nueva estrategia para Pemex y la eventual ratificación del T-MEC ayudarán al corto y mediano plazo al país a crecer entre 1.5 y 2.5% en 2020. La ratificación del tratado abrirá oportunidades de inversión privada tanto nacional como extranjera, derivadas de un incremento con el potencial exportador del país y una reconfiguración de las cadenas globales de valor”, informó en su comparecencia en la Cámara baja. Hombre fuerte del sector económico en México ha logrado alejar a los especuladores. El país navega. Y bien.

2. Sanción ejemplar. Una buena y una mala: Edgar Veytia, exprocurador de Nayarit, fue condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. Las autoridades alegan que un cártel de las drogas que traficaba cocaína, heroína y metanfetamina sobornó al funcionario desde 2013 hasta que fue arrestado en 2017. Veytia le dijo al juez que cometió un error al aceptar sobornos a cambio de usar espionaje telefónico y otras herramientas policiales para proteger al cártel de la droga. La mala: no fue en México. El exfiscal fue detenido por autoridades de EU en 2017 y acusado de ayudar en el contrabando de drogas en los EU a partir de 2013. En México hay mucha información sobre el tema, pero todo queda en el anecdotario. Hasta la justicia importada es mejor que la de aquí. Snif.

3. ¿Hasta cuándo? Encabezada por las madres y padres, así como familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se realizó en la Ciudad de México la marcha a un lustro de la noche de Iguala. Monumentos, negocios, plazas comerciales, hoteles y locales fueron vandalizados por encapuchados durante la Marcha por la Verdad. Sin reparo, realizaron pintas y destruyeron mobiliario urbano en Paseo de la Reforma. Las escenas de impunidad son las más preocupantes de los años recientes y no se ve mano firme ni de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, ni de Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital, en contra de los encapuchados, y lo peor, a quienes no les importa la verdad de fondo sobre los 43 normalistas ausentes. Y entonces, ¿Quién necesita un cuerpo de granaderos?

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que los astros se le alinearon al rector de la UNAM, Enrique Graue, quien exhibió poder de convocatoria entre la élite intelectual en la ceremonia en que se otorgó el Doctorado Honoris Causa a 10 personalidades de la ciencia y el arte, como Alejandro González Iñárritu y Julia Carabias, porque el acto se cruzó con el quinto aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, alumnos por los que pidió un minuto de silencio.

Y por si faltara coyuntura, hoy anunció el doctor su interés por repetir en la Rectoría de la máxima casa de estudios del país. Por pura coincidencia, pues.

QUE en el tercer informe del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue evidente la ausencia de representantes de primer nivel del gobierno federal, como sí lo tuvieron Claudia Sheinbaum en la capital y Alfredo del Mazo en el Estado de México, acompañados por Olga Sánchez Cordero durante la lectura de sus mensajes.

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Luz verde al vandalismo en nombre de la libertad de manifestación

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que lo que vimos ayer en la Ciudad de México es consecuencia de la renuncia al uso legal de la fuerza en gobiernos de la 4T.

Encapuchados que rompen, rayan, destruyen, arrojan cohetones, rocían gasolina, molestan a los ciudadanos, sin que intervenga la policía.

Se saben impunes. El gobierno de la CDMX tiene prohibido tocarlos.

Participaban ayer en la marcha para conmemorar los cinco años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Son vándalos sin motivo. Anarcos desestabilizadores. Provocadores profesionales.

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Reclasificación política

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que la decisión del gobierno federal de clasificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada, cometida por agentes del Estado, le añade una sobrecarga política.

Eso supone que todos los servidores públicos vinculados al caso pueden ser llamados a declarar, desde los policías municipales de Iguala, muchos de ellos recién liberados, hasta los mandos de la policía estatal, la Federal y el Ejército.

El exalcalde José Luis Abarca de Iguala está de nuevo en el centro de la acusación.

La cadena de mando llega hasta la punta de la pirámide. La pregunta es si esas declaraciones serán actos de propaganda política, que tan bien domina la 4T, o de investigación policiaca en la que hasta ahora se ha ido en blanco.

Apropiación de símbolos

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