Un grupo de ejidatarios de la juntan auxiliar de La Resurrección informó que, a través de un juicio de amparo, recuperaron 170 hectáreas, de las cuales administraciones estatales pasadas pretendían despojarlos para construir un centro comercial.
En rueda de prensa, Francisco Clemente Tlaxca Pérez, comisariado ejidal de esa demarcación, recordó que el conflicto inició en la gestión del ya fallecido Rafael Moreno Valle, quien desde hace más de 2 años y medio a través de un prestanombre, Carlos Juárez Camacho, quiso apoderarse de las tierras.
Al detectar esto, dijo, promovió el juicio de amparo expediente 971/2019, en el que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, para frenar las “argucias legales” que estaban haciendo.
Juárez Camacho, dijo, en su momento pretendió vender las tierras en litigio, sin éxito, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para construir ahí sus oficinas o casas para el personal como parte de la descentralización de la dependencia a la entidad.
Comentó que el presunto prestanombres registró en el juicio de amparo un domicilio que resultó ser una casa abandonada, esto de acuerdo con lo que investigaron las autoridades judiciales que llevaban el caso.
Ante este hecho, agregó, la directora de Predial del ayuntamiento capitalino suspendió las cuentas prediales de los ejidatarios, hecho que interpretaron como un respaldo a un hecho ilegal, pues insistieron en que Juárez Camacho no es propietario de las 170 hectáreas como lo señalaba.
Piden a la Comuna reconocerlos como propietarios
“Lo que buscaba el sexenio anterior de Rafael Moreno Valle y posteriormente el gobierno estatal de José Antonio Gali, era crear un segundo centro comercial Angelópolis, finalmente ya no se hará”, pronunció.
Por ello, Tlaxca Pérez manifestó que con la sentencia obtenida a su favor, el ayuntamiento de Puebla tendrá que descongelar las cuentas prediales por el conflicto legal y, de esa manera, reconocer a los ejidatarios como legítimos dueños y no, a prestanombres.
Finalmente, criticó que el síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, y la directora de Catastro, María Luisa Sánchez de Ita, hayan sido omisos por no atender el caso del juicio de amparo, pues aseguró que ambos funcionarios supieron del fallo desde el 2 de septiembre pasado.
