En 80 por ciento del territorio mexicano existe la presencia del crimen organizado, que dominan nueve cárteles (Arellano Félix, Beltrán Leyva, Carrillo Fuertes, Golfo, Caballeros Templados, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Familia y los Zetas).
Así lo indicó el escritor y periodista Ricardo Ravelo Galó en entrevista para Sin Embargo, en la que añadió que esta cantidad de grandes organizaciones criminales es dos veces mayor a la que la Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General de la República (FGR)– reconoció en 2005, cuando los principales cárteles eran los de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Colima (que fue absorbido por el CJNG hace poco más de 10 años).
En el caso de Puebla, la Familia Michoacana y los Zetas operan desde hace dos años, organizaciones criminales que superan en número a la logística de la FRG; además de que hay bandas en el estado ligadas al cártel de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el estado la tasa por cada 100 mil habitantes de extorsión en 2015 fue de 0.36 y para 2019 la cifra que se registró fue de 0.25.
El aumento de grupos delictivos –entre los que se encuentran al menos 74 brazos armados de los principales cárteles a nivel nacional—fue un proceso natural por la adaptación de los delincuentes a las demandas del mercado, según Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de Política y Gobierno de la universidad George Mason en Estados Unidos.
Para los analistas, la experiencia internacional (Colombia e Italia) indica que la solución está en el reforzamiento del Estado de derecho y en la persecución de redes criminales de empresarios y políticos ligados a grupos delictivos, por lo que se vuelve esencial un sistema de inteligencia financiera y fiscal, además de estrategias de bienestar, combate a la pobreza y reestructuración del combate delictivo frontal.
