Puebla, entre 9 estados con más empresas que vende facturas falsas: SAT
Puebla, entre 9 estados con más empresas que vende facturas falsas: SAT. Foto: RTV
Puebla, entre 9 estados con más empresas que vende facturas falsas: SAT
En Senado aprueban castigar compra-venta de facturas falsas. Foto: RTV

En el Senado se aprobaron por mayoría reformas a la ley que permitirán combatir la compra-venta de facturas falsas y a empresas fantasma, imponiendo prisión preventiva a quien lo cometa; los cambios se remitieron a la Cámara de Diputados para su análisis.

Luego de más de tres horas de debate, con 82 votos a favor y 34 en contra, se logró aprobar el dictamen para las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Estas modificaciones buscan combatir los delitos fiscales, los cuales, a partir de estas reformas serán catalogados como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional, por lo que se impondrá prisión preventiva oficiosa.

Para defender el documento, el senador por Morena de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aclaró que se combate de manera directa la corrupción, dando certeza a la recaudación y a la estabilidad fiscal. Señaló que la existencia de empresas fantasma han defraudado al Estado, situación que la convierte en tema de seguridad nacional.

Mientras que desde la tribuna, el PAN, PRI, MC y PRD llamaron echar abajo el delito de seguridad nacional como defraudación fiscal, pues considera que en ningún país del mundo ocurre eso.

Por lo anterior, la senadora priista Claudia Anaya Mota declaró que “esta reforma está ‘fuchi’, esta reforma está ‘guácala’, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”.

El texto señala como delito la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, asimismo aumenta las penas de cinco a diez años y en caso de que sea servidor público, será inhabilitado de uno a diez años.

Editado por: Jesús Antonio Cruz Balanzátegui