martes, diciembre 1, 2020

El océano de impunidad en el caso Ayotzinapa y el Cártel Jalisco en la CDMX

Un sicario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que es el 23 de junio de 2019. Pasan de las nueve de la noche. En las Lomas de Chapultepec, al poniente de la ciudad de México, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, que realizan un operativo contra el robo a casa-habitación, detectan algo extraño en una camioneta que circula por Virreyes.

Los agentes le indican al conductor que se detenga. Este, sin embargo, hunde el pie en el acelerador. La persecución termina calles más adelante, en la esquina con Antonio de Mendoza.

Dentro de la camioneta hay nueve individuos. Cinco de ellos son colombianos. Uno de los detenidos se identifica como personal operativo de la SSC. Dice que está adscrito al sector Topilejo. En el vehículo viaja también un ex miembro de la corporación, al que se dio de baja hace cuatro años.

En la camioneta hay pasamontañas, gorras de beisbolista y tapabocas. Los pasajeros traen en el vehículo casi 300 pastillas sicotrópicas. Forman parte de una banda dedicada al robo a casa-habitación. Los colombianos son célebres por la violencia que ejercen sobre sus víctimas. La nota se pierde en el océano de casos de nota roja que cimbra a la Ciudad de México.

El 17 de julio, elementos de la SSC detienen a siete personas que saqueaban una casa en la colonia Jardín Balbuena. Los habitantes del domicilio habían sido golpeados y amarrados. Uno de los miembros de la familia pudo percatarse, antes de entrar, de lo que ocurría, y pidió auxilio policiaco.

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La CDMX ¿territorio del CJNG?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la presencia y tentáculos del Cártel Jalisco Nueva Generación han hecho de la Ciudad de México uno más de sus territorios de amplia influencia y, desplazando a otras organizaciones nacionales, han llegado casi a apropiarse del narcomenudeo en la capital y a realizar aquí operaciones que van desde el trasiego de drogas, el lavado de dinero y hasta el contacto con grupos internacionales como el que representaban los dos israelíes asesinados el 24 de julio pasado en Plaza Artz Pedregal, con quienes los narcotraficantes mexicanos tenían tratos relacionados con la venta de drogas y de armas.

El viernes pasado, casi mes y medio después de aquel ataque en el exclusivo centro comercial, que evidenció la infiltración y la capacidad de operación que ha alcanzado el CJNG en la Ciudad de México, Policías Ministeriales de la Procuraduría de Justicia capitalina detuvieron en Guadajalara, Jalisco, a Mauricio Hiram, alias Mawicho, que fue el segundo tirador que disparó contra los israelíes Azulay Alón y Ben Sutji, y que logró escapar, a diferencia de su compañera sicaria Esperanza que fue detenida.

Lo primero que llama la atención en la captura del Mawicho, a quien los ministeriales capitalinos le siguieron la pista durante varios meses con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI o antiguo Cisen), es que hayan tenido que ser los policías de la Ciudad de México y no los agentes federales de la Fiscalía General de la República, quienes detuvieran al sicario del CJNG. Al parecer, aunque la investigación del atentado en Artz recaía en la FGR, tanto por el tema de narcotráfico como por la muerte de dos ciudadanos israelíes, a la gente del fiscal Alejandro Gertz Manero no le interesó dar seguimiento a un caso criminal tan relevante y con ramificaciones internacionales; seguramente en la Fiscalía están más ocupados buscando a políticos acusados de corrupción en el sexenio pasado, que parece ser toda su prioridad.

El caso es que, de acuerdo con fuentes federales, en la investigación del CNI y de la Policía Ministerial de la PGJCDMX se documentó que desde el 20 de julio de 2019, una célula operativa del CJNG se trasladó desde Guadalajara a la CDMX, bajo las órdenes de Mauricio Hiram Suárez Álvarez, quienes se reunieron con otra célula del CJNG establecida en CDMX en una casa de seguridad ubicada en la colonia Jardín Balbuena, donde planearon la agresión de los dos israelíes a quienes tenían órdenes directas de eliminar de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del cártel.

Los sicarios del CJNG sabían que Sutji y Alón, con quienes el CJNG tenía tratos y “negocios”, se reunirían en un restaurante con una mujer “güera” y sólo esperaron durante cuatro días tener la confirmación del lugar, fecha y hora. Coordinados por un sujeto apodado El Viejón, quien funge como operador del Cártel, bajo las órdenes de Julio César Montero Pinzón (a) El Tarjetas, uno de los colaboradores de mayor confianza de El Mencho, así como de su hijo Rubén Oseguera González (a) El Menchito, con quien incluso se llaman entre sí “hermanitos”.

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Por la revancha

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que ¿Después de la tormenta vendrá la paz en el Congreso de la Unión? Seguramente no.

El proceso de selección de presidente de la Mesa Directiva causó estragos en ambas cámaras.

Los personajes que perdieron la silla, Martí Batres en el Senado y Muñoz Ledo en diputados no son dos almas mansas caritativas. Nada de eso.

Ambos están listos para refrendar su fama de rijosos. Se harán sentir desde el primero momento.

Batres tiene como adversario principal a Ricardo Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política en el Senado, a quien tratará de hacerle la vida imposible.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que aun cuando la fecha límite para que funcionarios presenten su declaración patrimonial venció hace meses, hay unos que no han cumplido lo que Andrés Manuel López Obrador puso como requisito para ser parte del gabinete.

Tal es el caso de Jorge Alcocer Villanueva, de quien en la base de datos del gobierno no se registra su puesto como coordinador de Asesores ni su declaración patrimonial ni su percepción por las empresas de que es dueño, lo que le ha valido críticas, sobre todo porque se le recuerda por ser colaborador de Ernesto Zedillo y Manlio Fabio Beltrones en el PRI.

QUE al interior del IMSS aseguran que las filtraciones de últimas fechas sobre supuestos actos de corrupción en las delegaciones del instituto tienen origen en la propia Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, de Mauricio Hernández Ávila.

Afirman que el ex subsecretario de Salud calderonista, quien llegó por invitación de Germán Martínez, busca desestabilizar al director general, Zoé Robledo, con la esperanza de ser considerado el bateador emergente. ¡Zas!

QUE a días de que el Senado apruebe la iniciativa presidencial para tipificar como delito grave las facturas falsas, en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano se dan con todo por el “fuego amigo” que, con tal de quedar bien con la 4T, al parecer está atizando Mónica Flores, ex presidenta de Manpower.

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Todavía puede haber justicia para Ayotzinapa

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, señala que para la nueva Fiscalía General de la República (FGR) el caso Ayotzinapa es la medida de todas las cosas. Si esa tragedia se aleja del océano de impunidad en el que se encuentra, esa institución obtendrá credibilidad y prestigio. En revancha, si nada se resuelve, el descrédito de la anterior Procuraduría General de la República (PGR) caerá como pesada avalancha sobre la dependencia naciente.

Por eso se entiende que el fiscal Alejandro Gertz Manero y sus subordinados estén tan sensibles frente a la crítica que se hace sobre su trabajo. Y, sin embargo, no hay manera de apartar la lupa, destacadamente después de que el juez Samuel Ventura Ramos dictó auto de libertad para Gildardo López Astudillo.

Aunque buena parte de la culpa de esta liberación la tiene la vieja PGR, otro tanto de responsabilidad es imputable a la nueva Fiscalía. Tanto Gilberto Higuera Bernal como Alejandro Gertz restaron importancia a una pieza de evidencia que debió haber ocupado un papel principal a favor de las víctimas de Ayotzinapa.

El 11 de marzo de 2014 el fiscal de distrito en Illinois, Zachary T. Fardon, presentó una denuncia ante un juez federal en contra de ocho sujetos acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y heroína proveniente de México.

Este expediente criminal quedó registrado con la referencia 14 CR 705. Los ocho presuntos delincuentes mencionados son Pablo Vega Cuevas, Alexander Figueroa, Wilfredo Sorto Hernández, Rubén Sánchez, Eliseo Betancourt, Isaías Mandujano, José Rodríguez y Arturo Martínez.

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