La Comisión Inspectora del Congreso de Puebla aprobó iniciar 37 procedimientos administrativos por irregularidades en las cuentas públicas de 2016; destacan los exediles de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez.
En la sesión de este miércoles, se determinó que 30 ayuntamientos, seis sistemas operadores de agua potable y uno de Limpia suman anomalías por 62 millones 209 mil 817.18 pesos.
La propuesta de la Auditoría Superior del Estado (ASE), enviada el 11 de julio, fue aprobada por cinco votos a favor y una abstención del diputado Oswaldo Jiménez López, tras lo cual será votada en el pleno para que los exalcaldes tengan tres meses en los que deberán aclarar cómo se usó el dinero.
El monto que Espinosa Torres no pudo solventar asciende a 18 millones 749 mil 205.91 pesos; el de Fernández Méndez es de 13 millones 334 mil 51.44 pesos, seguida de 10 millones 846 mil 950.39 pesos del organismo operador de Agua Potable y Alcantarillado, dirigido por Mario Alberto Andrades Ortíz, y 4 millones 41 mil 63.98 pesos del de Limpia, a cargo de Pedro Cruz Almaraz, ambos de Tehuacán.
En el mismo dilema está el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula, a cargo de Mauricio Arriaga Rivas, con 3 millones 158,585.06 pesos; así como los expresidentes de Cuyoaco, José Luis Trechy Tirado con 2 millones 888 mil 630 pesos, y de San Martín Texmelucan, José Rafael Núñez Ramírez, con 1 millón 811 mil 174.33 pesos.
Sin solventar menos de medio millón de pesos
No solventaron más de medio millón de pesos los sistemas operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Acatzingo de Hidalgo, a cargo de Javier Torres Zayas, y el de Chalchicomula de Sesma, dirigido por José Gabriel López Alamillo.
En dicha lista se suman los exediles de Ajalpan, Gustavo Salomón Lara Torre; Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes; San Gabriel Chilac, Rigoberto David Martínez Rosas; y de Tlanepantla, José Efraín García García.
Quienes no justificaron más de 100 mil pesos y menos de medio millón son los expresidentes de Acatzingo, Carlos Alejandro Váldez Tenorio; Chiautzingo, José Ramiro López Medina; Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes; y Chilchotla Valentín Medel Hernández.
Además del de San Salvador El Seco, José Román Bartolo Pérez; Tepexco, Lorena Margarita Candelario Peña; Tulcingo, Emilio Delgado de Dios; Cohetzala, Salvador Aguilar García; Cuautinchán, Amelio Flores Sánchez; Lafragua, José Eufracio Raúl Montes Hernández; y Palmar de Bravo, Pablo Montes Ugalde.
Sin solventar menos de 100 mil pesos
Quienes no reportaron una cantidad menor a 100 mil pesos fueron los exalcaldes de Ahuehuetitla, Marbella Pilar Tlatelpa Bravo; Atlequizayán, Bertha Rodríguez Rodríguez; Atzala, Alberto Ramos Moran; Chinantla, José Luis González Enríquez; Huehuetlán el Grande, Lázaro Luna Corona; San Jerónimo Xayacatlán, Wilfrido Villanueva Martínez; Teopantlán, Esteban Ramírez Rosales; Tepango de Rodríguez, Vicente Lucia Morales; Xayacatlán de Bravo, Maribel Ramírez Pablo; y Xochiltepec, Onésimo Victorino Aquino Castelán.
Así como el de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Braulio García Lezama, siendo el que menos cantidad debe, con 5 mil 600 pesos; y los sistemas operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tlachichuca, a cargo de Fernando Guillermo Guarneros Zamora, y el de San Salvador Huixcolotla, cuyo titular es José Marcelino Aurelio García Rosales.
La diputada local Olga Lucía Romero Garci Crespo señaló que esta es la segunda revisión contra Espinosa Torres, quien aseguró que tiene la manera de solventar dichas irregularidades; además, dio a conocer que el petista ya fue notificado de su resolución respecto a su cuenta de 2015, así que está esperando que la ASE le pase la información sobre las observaciones que subsanó.
Por otra parte, se aprobaron 136 informes individuales de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2017, remitidos por la ASE el 29 de abril, para que después de tres meses se dé a conocer si hay más observaciones contra los sujetos obligados o si las anomalías fueron justificadas.
