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La trama Audi, un escándalo de corrupción que apenas comienza

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que en mi columna del pasado 8 de julio le comenté aquí que estaba por destaparse un auténtico escándalo en el Banco de Estatal de Tierras (BET), fideicomiso sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración que opera como una entidad paraestatal, y que las anomalías implicarían a varios de sus directores, entre ellos Juan José Méndez León Jiménez, Alfredo Ortega Miranda y Jacqueline Velázquez Hernández, así como a otros mandos medios del organismo como la exdirectora administrativa del organismo, Guadalupe Gómez Uriarte; el exjefe del Departamento de Tenencia de la Tierra, Roberto Carrión García; el actual jefe del Departamento de Supervisión, Vicente Ortiz Toxqui y el ex analista de la Dirección de Reservas Territoriales, José Uriel Martínez Mendoza.

En el libro “La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario”, de Sergio Mastretta Guzmán y la investigadora María Eugenia Silva Celma ha comenzado a ventilarse este escándalo de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, pero desde un plano general que pone el acento en la adquisición de grandes extensiones de tierra privada y social (algo así como 1,667 hectáreas) y su recompra por parte del (BET).

En la investigación de Mastretta se documenta cómo particulares y funcionarios de la Dirección de Tenencia de la Tierra se hicieron ejidatarios y luego del dominio pleno de cientos de hectáreas pagando en promedio 8.5 pesos el metro cuadrado y cómo esas mismas tierras se las vendieron al gobierno del estado seis veces más caras.

Mi colega Mastretta sostiene en su libro que los funcionarios involucrados en esta trama son Roberto García Carreón y Vicente Ortiz Toxqui, quienes habían adquirido mediante argucias y engaños a ejidatarios 197.6 y 77.4 hectáreas, respectivamente entre los años de 2012 y 2013.

Sin embargo, yo podría adelantarle que hay más funcionarios y de mayor rango en esta operación fraudulenta de tierras para la planta automotriz Audi y la llamada Ciudad Modelo, en la que intervinieron empresas y despachos vinculados al director del Banco Estatal de Tierras, Juan José Méndez León; a la directora administrativa, Guadalupe Gómez Uriarte, y la entonces directora de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano del BET, Jacqueline Hernández Velázquez.

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Ediles de la 4T en Puebla, sin entender

La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, señala que : Tal parece que los alcaldes de Morena de la zona metropolitana no están entendiendo la 4T, esto a casi mes y medio de que rindan su primer informe. Algunos, sin decir nombres, están abusando de su autoridad para ningunear no sólo a los opositores sino a la prensa.

Cuidado con eso, porque es violar la libertad de expresión para emitir críticas fundadas, las cuales no son bien aceptadas por esas autoridades que van a cumplir un año el 15 de octubre cuando rindan cuentas a los ciudadanos por primera vez de sus gestiones.

: A poco más de mes y medio de que la diputada de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, presentó un punto de acuerdo para que el gobierno del estado y nueve municipios tomen medidas para corregir el “pésimo” servicio de Concesiones Integrales en el manejo del agua y, de seguir, se revoque el contrato, esa propuesta no prospera porque las comisiones unidas de Hacienda y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático no la han aprobado, pese a que es un simple exhorto.

Ese asunto debiera ser una prioridad de los legisladores, ya que los usuarios se continúan quejando del servicio, pero que hay eco a la petición de la morenista.

: A casi 11 meses de que inició el gobierno municipal, hay algunos funcionarios del ayuntamiento de Puebla que saben que las cosas al interior de la Comuna, o más bien, los resultados no son los que se esperaban y que deben apretar las tuercas.

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Regresa Marcos Rodríguez tras sufrir veto morenovallista

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que el reestrenado vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, terminó esta semana con una ausencia involuntaria de poco más de siete meses, que sufrió por culpa de los morenovallistas que intentaron gobernar la entidad a la muerte de Martha Erika Alonso Hidalgo.

A principios de año, cuando Jesús Rodríguez Almeida figuraba como encargado de despacho de la gubernatura y hacía mancuerna con Luis Banck Serrato, Maximiliano Cortázar Lara y Roberto Moya Clemente, entre otros, para tratar de retener el imperio que se esfumaba, el dirigente nacional del PAN logró que los integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE sacaran a Rodríguez del Castillo de Puebla para mandarlo a otra entidad.

Inducido por los morenovallistas, que aún aspiraban a quedarse con la gubernatura interina, Marko Cortés fue a decir a los consejeros electorales que el vocal ejecutivo de Puebla, Rodríguez del Castillo, no garantizaba el desarrollo de unos comicios extraordinarios limpios y transparentes, dada su presunta cercanía con personajes del Movimiento Regeneración Nacional.

Eso hizo que el titular de la junta local poblana fuera enviado al Estado de México, en idéntico cargo, pero solo de manera temporal.

Lo que ocurrió después ya es parte de la historia.

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¿Cuánto le costó y le cuesta a los poblanos Audi?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que independientemente del interés que ha despertado la presentación del libro “La Trama Audi”, los medios serios como Intolerancia Diario, hemos denunciado y dado seguimiento a las tranzas y corruptelas del gobierno de Rafael Moreno Valle; como muestra, este día le comento que cada año los poblanos pagamos más de mil millones de pesos para que la armadora de los cuatro aros permanezca en la entidad.

Aunque fueron varias las “concesiones” y los “regalos fiscales” que Rafael, convencido por su entonces titular de Secotrade, Pablito Rodríguez Regordosa, le entregó a Audi, sólo desglosaré cuatro puntos.

El primero es el negociazo que representó para la armadora alemana la construcción de su plataforma. A través de los ya famosos PPS morenovallistas el gobierno del estado desembolsa cada año el pago de más de 750 millones de pesos para amortizar la deuda –que tanto se empeñaron en llamar inversión- y al final, cuando se terminen los pagos ¿Adivine qué? La obra será propiedad de Audi más no del gobierno. Así como lo lee: pagamos 750 millones de pesos anuales para que al final, una firma trasnacional se quede con la construcción.

En esta obra claro está, no sólo se beneficiaron Audi y Pablito Rodríguez Regordosa. El líder de la CTM, Leobardo Soto, se volvió millonario al acaparar los contratos para la movilización de la tierra, la renta de camiones de volteo y hasta de la contratación de personal para realizar la construcción.

Un segundo inciso, que nos cuesta más o menos 300 millones de pesos cada año a los poblanos, es la exoneración del Impuesto Sobre la Nómina que se le condonó a Audi y a Volkswagen y es que precisamente las letras chiquitas del acuerdo señalaban que para crear nuevos empleos se tenía que apoyar a la reciente empresa… y a otra que lleva décadas en la entidad, con su propia plantilla laboral.

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Pablo Rodríguez fue el que eligió un terreno que se hunde para construir Audi

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que muchos de los yerros y actos de corrupción que se cometieron en la construcción de la planta de Audi, en el municipio de San José Chiapa, se derivan de la negligencia del panista Pablo Rodríguez Regordosa, quien en su papel de titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) –durante la primera parte del sexenio morenovallista– fue quien eligió la ubicación exacta en donde se edificó la armadora, con el pequeño gran detalle de que es un área lacustre, que no es propia para esas instalaciones y que derivó en una elevación brutal de los costos financiados con recursos públicos.

El ahora dirigente del Comité Municipal del PAN en la capital se ha defendido, en los últimos días, señalando que a él no le correspondió comprar los terrenos destinados para Audi. Y tal parece que le asiste la razón.

Fuentes conocedoras del tema narran que Moreno Valle, en un primer momento, decidió que fuera en la región de San José Chiapa como una manera de beneficiar las propiedades rurales de su familia política, es decir de su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, que es dueña de grandes extensiones de tierras dedicadas a labores agrícolas.

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Alza al pasaje: primero los pobres

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que la llamada Cuarta Transformación prometió que primero los pobres.

Y cumplió: serán los primeros en pagar el alza a la tarifa del transporte público en Puebla.

Los acuerdos entre el gobierno del estado y transportistas, considerados por el secretario Guillermo Aréchiga Santamaría de “satisfactorios”, para las partes en realidad resultan excluyentes.

No se toma en cuenta el impacto al bolsillo de quienes menos tienen y requieren del servicio para ir a trabajar, a la escuela o al mercado.

A veces utilizar dos rutas diferentes. Un incremento del 40 por ciento.

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Atlixcáyotl, la pista de la impunidad

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que llevan así cerca de siete años y nadie los para.

Vamos, ni siquiera los molestan.

Son auténticamente intocables, los verdaderos dueños de la calle.

Por lo menos dos veces por semana, en días de poca circulación (lunes o martes) y después de las 12:30 de la madrugada, la vía Atlixcáyotl sufre una drástica transformación de autopista pública a circuito particular para correr motocicletas.

En este lugar circulan a toda velocidad las Ducati, las Harley Davidson y algunas japonesas como Suzuki o Kawasaki, en carreras “parejeras” que empiezan desde 300 mts. antes de la caseta de cobro y que terminan pasando el Centro Comercial Angelópolis.

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Minimizar el costo político de la tarifa: 7.50 pesos, el justo medio

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que el incipiente gobierno de Luis Miguel Barbosa enfrentará su primera prueba ante la opinión pública con el alza al transporte público, al mismo tiempo que definirá su relación con los poderes fácticos. El incremento de la tarifa, inevitable por el subidón de costos y porque hace casi una década no se autoriza, debía haberse realizado por la administración de Pacheco Pulido, quien se negó a hacerlo.

El costo político que pagará el gobierno de Barbosa será directamente proporcional al incremento de la tarifa. A más incremento económico, más costo político. Los concesionarios, por supuesto, quieren que el alza sea lo más alto posible ya que no saben cuándo podría autorizarse otro, pero el gobierno debe calcular las necesidades del mercado, también el impacto social sobre todo en la zona metropolitana.

El panismo se frota las manos e incluso tiene preparada su campaña de redes con la que quieren vanagloriarse de que en los 8 años de gobiernos panistas no hubo alza y en apenas un mes de gobierno de Morena ya se dio el incremento. Es el argumento, quizá, que necesitaban para revivir de cara al 2021.

Todo dependerá del incremento final.

Según los concesionarios, el incremento fijará la tarifa en el promedio nacional que es 8.75 pesos, por lo que a partir del 17 de septiembre, para efectos de redondeo, se fije entre 8.50 y 9 pesos. El alza de entre 2.50 y 3 pesos rompe cualquier proporcionalidad con la inflación, ya que significaría entre 41 y 50 % de un sólo golpe.

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Las Compras Masivas de la tía Julia en las Lomas de Chapultepec

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que alguien me dijo este lunes:

—Julia tiene el suficiente dinero para comprar casas en Las Lomas de Chapultepec: las casas que quiera.

—¿Una residencia cada tres meses? —acoté.

—Las que quiera y cuando quiera —remató.

—Pero antes de su relación sentimental con don Manuel no tenía propiedades. Eso dijo Loret.

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