Por Miguel Ángel Damian Huato
Primera parte
Hace seis meses, la burocracia universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, encabezada por Alfonso Ortiz Esparza rescindió mi contrato de trabajo después de trabajar continuamente durante casi 37 años; dicha rescisión, fue precedida de una violencia laboral estructural que inició en 2013. Como probaré en estas colaboraciones, el acoso y la rescisión laboral, tienen sus causas en cuestiones extraacadémicas; por ello, se trata de actos jurídicos arbitrarios e ilegales cometidas en mi contra por universitarios con una moral frágil.
Los orígenes del acoso
El acoso laboral tiene dos motivos. El primero fue por negarme a realizar trabajos de campo en los huertos de aguacate propiedad del actual rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz que nos habían solicitado a mí y a otro grupo de académicos, a través de correos difundidos el 5 de noviembre de 2012 y el 14 de enero de 2013 (Adjunto 1). Me negué, porque estoy convencido de que los impuestos de los contribuyentes destinados a las universidades públicas deben ser invertidos en la docencia, la generación de conocimientos y en su aplicación con los sectores productivos que representan, por ley, las tareas sustantivas de todas las Instituciones de Educación Superior, incluida la BUAP.
El otro origen del acoso laboral se debió a mi actitud crítica en referencia a la aplicación del presupuesto universitario que se ha caracterizado por ser opaco, así como hacia los nepotismos y clientelismos que diversas autoridades y directivos de la BUAP han ejercido. En este sentido, el 22 de mayo de 2017 publiqué, entre otros, en el periódico digital de Angulo 7 el articulo: “De cómo la burocracia de la BUAP reparte plazas” (https://bit.ly/2zGAnN9), donde denuncié la forma irregular de cómo la burocracia dorada distribuye las plazas en la BUAP, contratando y/o promoviendo a trabajadores filiales y afines a su facción universitaria, para que avalen y garanticen el manejo discrecional del subsidio universitario.
Hay dinero… para los amigos
Presentaré algunas pruebas considerando la nómina universitaria de 2013-2016 (Adjunto 2), con algunos académicos que están en los correos electrónicos del adjunto 1, para demostrar el manejo discrecional que la burocracia dorada realiza del presupuesto público. Iniciemos con Ygnacio Martínez Laguna que, en enero de 2013, como director del Instituto de Ciencias (ICUAP), mi centro de trabajo, percibió un salario mensual 78,767.55 pesos y para noviembre de 2016 cobró un salario de 95,490.02 pesos, como encargado de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP. El caso de Jesús Francisco López Olguín es similar al anterior, ya que en enero de 2013 como Secretario de Investigación del ICUAP, tenía un salario mensual de 57,102.88 pesos y en diciembre del mismo año cobró una remuneración de 71,669.8 pesos, como director del ICUAP; para noviembre de 2016, su salario fue de 77,761.72 pesos. Agustín Aragón García, en enero de 2013 era PI Asociado “C” TC, con un salario mensual de 50, 665.56 pesos; para mayo de 2014 su plaza fue transformada a PI Titular “A” y en noviembre de 2016 devengó un salario de 65,348.5 pesos.
El caso de José Cinco Patrón Ibarra es asombroso, porque durante 2013-2016 no tuvo ninguna transformación de plaza, pero si incrementos de salarios anómalos. En enero de 2013, como PI Asociado “C” TC, percibió un salario mensual de 20,155.19 pesos, que se incrementó en cerca de un 50 por ciento para noviembre de 2016, al pasar a 30,718.04 pesos. Lo mismo se puede decir de Daniel Jiménez García, PI Titular “A” TC, que en enero de 2013 obtuvo un salario mensual de 30,503.84 pesos, y para noviembre de 2016 cobró 46,803.72 pesos, manteniendo la misma categoría. Dionicio Juárez Ramón, con una plaza de PI Asociado “B” TC en noviembre de 2016 cobró al mes 36,671.12 pesos, cuando en enero de 2013 devengaba 26,160.07 pesos con la misma plaza.
Hay que mencionar que Agustín Aragón García, José Cinco Patrón Ibarra, Daniel Jiménez García y Dionicio Juárez Ramón ofrecieron una rueda de prensa a principios de septiembre de 2018 en las instalaciones del ICUAP donde, sin presentar ninguna prueba, se dedicaron a denigrar a mi persona (Adjunto 3). En este video se aprecia de manera diáfana la moral de estos académicos. Se trata de una moral concebida como la fruta de la mora (Memorias de Gonzalo N. Santos) y, por tanto, tiene un precio.
Palabras agudas
Uno de los argumentos que utilizó Jesús Francisco López Olguín (Oficio No DG-ICUAP-623/2017) para negarme los viáticos para asistir al 2nd International Symposium on Agroecology organizado por la FAO a principios de abril de 2018 (Adjunto 4), fue de que no estaba “contribuyendo con actividades de docencia y formación de recursos humanos en nuestra institución, dado que no imparte cursos, ni dirección de tesis desde primavera de 2015 y no está vinculado a programa educativo alguno”. Al respecto le informé en el escrito S/N del 12 de marzo de 2018, que estaba dirigiendo la tesis de Héctor Said Ortigoza Gonzáles, estudiante de Ingeniería Ambiental con número de matrícula 201117596 que, en ese entonces, estaba realizando la tesis: “Impacto ambiental y edáfica de cuatro sistemas de manejo de maíz y su efecto en el rendimiento”. El mencionado estudiante se graduó por unanimidad como Licenciado en Ingeniería Ambiental, el 30 de agosto del año en curso (Adjunto 5). Lo dicho, la moral que práctica la burocracia dorada de la BUAP, es la fruta de la mora.
¡¡Ay Andrés Manuel López Obrador!!, como hace falta aplicar la Cartilla Moral (Reyes, A., 1952) a la burocracia dorada y algunos académicos de la BUAP, sobre todo el punto que reza así: “El respeto a la sociedad humana en general, y a la sociedad particular en que nos toca vivir. Esto supone la urbanidad, la cortesía y el compañerismo y, al mismo tiempo, evitar abusos y violencia en nuestro trato con el prójimo” (p. 28).
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