Entre los escombros de una calle sin pavimentar
Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, señala que antes de morir, logró decir que se llamaba Karla. Una patrulla de la policía municipal de San Luis Potosí la encontró deambulando de madrugada por la colonia Las Piedras, al norte de la capital del estado.
Se trató de una visión pavorosa. Karla gemía de dolor en la oscuridad. Se había arrancado la blusa. Los médicos del Hospital Central constataron más tarde que la joven presentaba quemaduras en 60 por ciento del cuerpo.
Un vecino había reportado al 911 que una mujer gritaba en la calle Camino Real a Pinos. Los agentes se aproximaron, seguidos de una ambulancia. Más tarde indicaron que Karla olía al líquido inflamable con el que la habían rociado antes de prenderle fuego. Ella balbució que dos hombres la habían quemado, “luego de tenerla amarrada”. Había marcas de golpes brutales en el rostro y en el cuerpo.
Murió el domingo 18 de agosto, en la tarde, mientras la policía intentaba localizar a sus familiares. Tenía 30 años. Acababa de sufrir varios infartos.
Con unos cuantos datos en la mano —el color de sus ojos, muy verdes, y la descripción de los tatuajes que ella tenía en una pierna—, la policía dio con sus familiares (dijeron que no habían vuelto a saber de ella desde la noche) y dio también con un hecho totalmente descorazonador: que Karla había estado pidiendo auxilio durante casi dos horas, sin que los vecinos del rumbo se dignaran a ayudarla. “Agonizó dos horas. No hubo auxilio, nadie quiso involucrarse”, dice uno de los encargados de la investigación.
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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Amenaza. Marko Cortés, presidente del PAN, quien recientemente a pregunta directa respondió que no sabe cuánto gana, advirtió que puede haber una parálisis legislativa en San Lázaro si Morena no cumple su compromiso de apoyar una presidente de la Mesa Directiva emanada de sus legisladoras. Dijo que para los diputados panistas será prioridad continuar siendo una fuerza de oposición que cuide las instituciones, el equilibrio de poderes y el cumplimiento del Estado de derecho, por lo que propondrán “acciones correctivas, puntuales y concretas”. Tan concretas como sus ingresos, que, aunque quiera ocultar, son conocidos: 171 mil pesos mensuales, más aguinaldo, prestaciones, chofer, viajes, comidas. Lo suyo es legislar a capricho.
2. Manos amarradas. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, firmaron un convenio para implementar la plataforma DeclaraNetPlus y el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas. En teoría, San Lázaro prevendrá, identificará y, en su caso, sancionará el conflicto de interés y el enriquecimiento ilícito de sus servidores públicos. Es un primer paso para que los legisladores transparenten su situación patrimonial y de intereses, dijo Sandoval. Por primera vez en la historia de México, la Función Pública logró que todo el gabinete legal y ampliado, los subsecretarios de Estado y los 32 delegados federales hicieran públicas sus declaraciones. El primero en pasar debería ser el diputado Sergio Mayer, acusado de cobrar moches. Como anillo al dedo.
3. La confianza asegurada. Dice Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que el INAI y el INE son conquistas de la sociedad que brindan certidumbre en los comicios y en el proceder de la gestión pública, para desterrar el secreto que sólo favorece a quienes ejercen el poder. “La evolución de estos órganos autónomos ha sido, en el tiempo, un trofeo de todos los que organizadamente han incidido en la vida republicana. La transición política se colmó gracias a que se arrebató y se conquistó que estos espacios de decisión pública no recayeran en un solo individuo, como en el pasado”, subrayó. Algo tiene de razón, aunque serían merecedores de total confianza si no defendieran a ultranza los salarios millonarios que se autoimponen. Pero eso es pedir imposibles.
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El costoso acuerdo de los gasoductos
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que un análisis de expertos explica por qué son peores las condiciones que finalmente terminó aceptando la CFE
Como si se tratara de una mala broma o de una negociación hecha para sangrar más a las finanzas federales, el Acuerdo que hoy se anunciará con bombo y platillo entre el gobierno federal, la CFE y cuatro empresas constructoras de gasoductos nacionales y extranjeras, le va a costar casi 700 millones de dólares más al gobierno mexicano que, en principio había impugnado estos contratos por considerarlos “leoninos” y amenazó con ir a un arbitraje internacional, lo que motivó que las autoridades y los empresarios se sentaran a negociar, pero al final la negociación, en términos reales, le va a costar a los mexicanos pagarle 40% más de las tarifas que se habían negociado en los contratos que se firmaron en el sexenio anterior.
Esto significa que hoy que se anuncie, en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, el “gran acuerdo” en el que intervino directamente el mandatario junto con el empresario mexicano Carlos Slim, para mediar en la amenaza de pleito legal internacional abierta por el director de la CFE, Manuel Bartlett, con las empresas canadienses IEnova y Transcanada, además de las mexicanas Carso Energy y Fermaca, por la operación de siete nuevos gasoductos en la República mexicana, lo que se estará aceptando por parte de la administración lopezobradorista será un nuevo contrato, cuyas condiciones, además de que alargan el tiempo de duración de los convenios originales, de 30 a 35 años, también se elevará el monto de las tarifas y las cantidades que, en un mayor tiempo de operación, tendremos que pagar los contribuyentes mexicanos a esas empresas por operar los gasoductos.
O sea que, después de tanto escándalo y de los berrinches del señor Manuel Bartlett, que metieron ruido y nerviosismo a las inversiones nacionales e internacionales, cuando amenazó primero con desconocer los contratos y luego con ir a un arbitraje internacional de más de 900 millones de dólares, no sólo vamos a terminar pagando más por tiempo y tarifas, sino que de “leoninos”, el gobierno de AMLO terminó negociando y aceptando condiciones que enriquecerán aún más a las cuatro empresas que son las grandes “ganonas” de esta negociación.
Un análisis de expertos a lo que trascendió ayer del acuerdo que hoy se hará público, luego de varios días de negociación entre los funcionarios federales y los empresarios constructores de los gasoductos, explica por qué son peores las condiciones que terminó aceptando la CFE en la operación de estas siete instalaciones: 1. Al nivelar las tarifas de transporte de gas natural y darle un descuento de entre 10% y 5% a la CFE (se saca un promedio de las tarifas en los años que dura el contrato, se le resta el nuevo descuento y ese promedio con descuento será la tarifa que se cobrará desde el primer año y hasta el último del contrato) 2. Se amplian en 5 años los plazos de los contratos, de 30 a 35 años.
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Militares humillados por el “pueblo bueno”
Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, indica que desde el inicio de año advertimos de los riesgos de renunciar al uso legal de la fuerza que tiene el gobierno federal para garantizar los derechos de los mexicanos.
El mismísimo Presidente de la República ha dado su palabra de que no utilizará las Fuerzas Armadas o a la policía para reprimir a nadie. “La violencia no se combate con más violencia”, repite cada que puede.
Los resultados de esa “política de avestruz” —así la llaman— allí están. Cifras récord en homicidios. Casi seis mil asesinados en dos meses, la mayoría cometidos por el crimen organizado. Las agresiones a militares retenidos por decomisar armas, establecer retenes o perseguir delincuentes son el pan nuestro de cada día. A menudo son rehenes, utilizados como moneda de cambio en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato.
En La Huacana, Michoacán, vimos, hace semanas, a soldados humillados, zarandeados, aventados, por haber decomisado armas a grupos dizque de autodefensa.
El episodio se repitió en Los Reyes, Michoacán. El “pueblo bueno” agredió a los soldados con palas, garrotes, piedras, de acuerdo al video que se difundió el domingo.
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Especialidad de la casa
La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que a los promotores perredistas del proyecto Futuro 21 les duró poco el gusto. A las pocas horas de lanzarlo se multiplicaron los dirigentes del Sol Azteca, como Ricardo Barrientos y Ángel Aguirre o integrantes de la dirección nacional como Estephany Santiago y Camerino Márquez, por citar algunos nombres, que no están de acuerdo con que el PRD ceda su registro y estructura al nuevo proyecto.
La denuncia es que las tribus de Los Chuchos y Los Galileos se fueron por la libre, se les “olvidó” consultar su idea con sus correligionarios que ya pusieron el grito en el cielo. No les gustan Quadri y Narro como aliados de ocasión.
En suma, el próximo Congreso Nacional del PRD en esta semana promete nuevas fracturas, después de todo son la especialidad de la casa.
Beneficios colaterales
El INE ha prestado servicios extraordinarios a la nación. Es el eje central de un sistema electoral que le ha dado certidumbre democrática a la lucha por el poder en el país.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en oficinas federales comentan que la queja que hoy presentará en Washington la defensa de Rosario Robles, ex titular de Sedesol, ante la CIDH, no tiene futuro, porque no han agotado todos los recursos que existen en la justicia mexicana.
Los abogados argumentan que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a la ex funcionaria y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva, no se ha conducido con imparcialidad, violando los derechos humanos de su clienta.
QUE hablando de jueces, los cooperativistas de Cruz Azul afines a Guillermo Álvarez, cuya destitución fue detenida por el juzgado quinto de distrito en Ciudad de México con el trámite de amparo 809-2019, aseguran que detrás del embate hay un acuerdo entre los disidentes con el impartidor Felipe Consuelo Soto.