Cartas a Gracia

La semana que feneció “Gracia”, atestiguó la publicación de una iniciativa con proyecto de decreto en la Gaceta de la Comisión Permanente, suscrita por Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annía Sarahí Gómez Cárdenas, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Felipe Fernando Macías Olvera, miembros de la diputación federal del Partido Acción Nacional, como alternativa a la iniciativa de ley oficial que impondrá nuevas reglas para la admisión, permanencia y reconocimiento del personal docente a partir del 13 de septiembre del año en curso y, en tiempos coincidentes al que se presentara la iniciativa panista, trascendieron: críticas a la reforma educativa 2013; señalamientos a la actitud gandalla de la CNTE y, en el plano deportivo, los preparativos y la realización de una edición más, la trigésimo séptima, del Maratón de la Ciudad de México que por segunda vez te perderás debido a la periostitis que sufrieras y que se ha complicado.

De las críticas a la reforma educativa impulsada por Peña Nieto en colusión con los partidos que conformaron el Pacto por México y las loas a la CNTE, lo mismo que sus diatribas, valdría la pena retomar algunos puntos de la entrevista que Esteban Moctezuma concediera a El Universal y las declaraciones mañaneras del titular del ejecutivo federal negando la venta de plazas. Cierto. Entre 2013 y 2018 permaneció la compra-venta de plazas bajo la forma de asignación de interinatos en educación básica y media superior o desplazándose a los subsistemas de Educación Superior y Normales; niveles en los que los nombramientos de plazas de profesor investigador, incluidas las categorías más altas y las recategorizaciones, se pactaron siempre entre los representantes de las autoridades (Secretarios y Subsecretarios de Educación Superior) y del Secretario General de la sección en cuestión. Resaltan los nombramientos de los miembros de los comités ejecutivos seccionales como supervisores escolares y apoyos técnico pedagógicos al margen de lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente; nombramientos nulos de pleno derecho por haberse realizado al margen de lo dispuesto por la entonces ley reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución y, efectivamente, en una asignación irregular siempre participan dos: un representante de la autoridad y uno de la sindical.

El procedimiento obliga y tú, como maestra de grupo, lo sabes por haberlo sufrido de manera directa. En cuántas ocasiones, y lo hemos comentado, son los propios empleados administrativos de la dependencia los que te obligan a recurrir a los líderes sindicales para realizar un trámite de recategorización, compactación de horas o cambio de adscripción, permiso por artículo 43 y otros que, para “que tengan éxito”, deberán realizarse por intermedio de la delegación o de la sección sindical a la que perteneces. Sucede lo mismo con algunas prestaciones laborales que por haber sido un logro del SNTE, se otorgarán violando derechos humanos al interesado, siempre y cuando demuestres que cotizas al sindicato y la gestión se realice por intermedio del representante sindical ante el organismo de seguridad social local o federal. Obviedades del reconocimiento de un fenómeno que ha tomado y que tiene carta de naturalidad no faltan; baste recordar que para acceder a una hoja de préstamo de corto, mediano, de largo plazo o especial, tienes que recurrir al representante de la organización y no de aquella a la que te encuentras afiliado. Debes recurrir al personero del SNTE o de la CNTE quien tiene la vara alta por despachar en las oficinas de las dependencias descentralizadas.

La participación de las organizaciones sindicales crecerá, como lo reconoce Moctezuma Barragán, mientras que madres, padres de familia, expertos y sociedad civil quedarán expectantes a diferencia de lo que refiere. Si bien es cierto que la propuesta de Ley del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros establece procedimientos que blindarían la admisión al servicio público, lo mismo que la promoción y el reconocimiento, mediante el establecimiento de un sistema de transparencia (Sistema Abierto de Transparencia de Plazas), en el que a partir del personal directivo de los planteles escolares se inscribirían las vacantes, incluidas plazas de nueva creación que serían validadas por las autoridades locales y las de educación media superior y superior, bajo la batuta de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. La fracción VII del artículo 52 aplicable a educación básica y su similar a la educación media superior, establece con toda claridad que “la Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades federativas y a las representaciones sindicales, los resultados de la valoración de los elementos muitifactoriales, referidos en la fracción anterior”, en la que sí se contempla que la valoración se realice con la participación de los padres de familia pero sin la presencia de expertos y de la sociedad civil. Sin embargo, solo “las autoridades educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales podrán realizar observaciones” que obligatoriamente deberían ser consideradas por las autoridades centrales. Aunque Esteban ignora las inconformidades que pudiesen mostrar maestras y maestros ante fallos en la admisión al servicio público, la promoción a cargos de dirección y supervisión escolar, jefaturas de sector y otras de responsabilidad administrativa, la iniciativa de Ley del Sistemas de Carrera prevé un recurso de inconformidad; aunque palo dado ni dios lo quita y más, si se encuentra sancionado por quienes están rodeados de un manto de incorruptibilidad aunque sigan siendo los mismos. ¿Estaremos ante otra historia?

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.