La empresa Agua de Puebla impuso la tarifa de drenaje industrial a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), alegando que tenía un “toma clandestina”, y le clausuró el servicio a partir de septiembre de 2018 por “adeudos” que ahora suman 112 mil 852 pesos.
El cierre de esta instalación fundamental causó que las aguas residuales regresaran a la institución e incluso se regaran por la avenida 119 Poniente, despidiendo olor fétido y volviéndose un foco de infección no sólo para los alumnos y personal de la UPN, sino también para quienes van al Cbtis 260, al centro escolar Gustavo Díaz Ordaz, al deportivo Alpha 4 y al Hospital General del Sur.
En entrevista con Ángulo 7, Andrés María Juvencio Bravo Rojas, director de la UPN, Unidad 211 en Puebla, refirió que a fines de julio de 2018 la empresa le notificó que la institución tenía un adeudo por servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, por lo que le urgía enviar una representación a sus oficinas para aclarar el asunto.
La universidad hizo un acuerdo con la concesionaria, que se comprometió a asignarle una “tarifa preferencial” en el servicio de drenaje, por tratarse de una institución sin fines de lucro, pero le condicionó el cobro de agua potable a que se diera de alta como tal e instalara medidores de uso.
Le exige estudio de factibilidad
Asimismo, le exigió la realización de un “estudio de factibilidad”, cuyo costo asciende a 120 mil pesos, como requisito indispensable para retirarle a la universidad la etiqueta de “toma clandestina” y dejar de cobrarle la tarifa industrial, que es de 7 mil 928 pesos al mes.
Omar Jiménez Castro, abogado de la ASA, comentó a este medio que pedirle a una escuela pública un estudio de factibilidad viola la Ley del Agua estatal, donde sólo los contempla para construcciones edificadas a partir de 2013, mientras que la UPN fue creada por decreto presidencial en 1978.
Ante la imposibilidad financiera de la UPN para costear dichos requerimientos, la empresa le cortó el servicio de drenaje sin avisarle, de lo cual se dio cuenta hasta el 6 de octubre de 2018, cuando las aguas residuales y desechos se regaron sobre la calle.
El olor fétido que desprendía el drenaje clausurado, que se volvía “insoportable” en días secos, llevó a la dirección a tomar medidas extraordinarias, como restringir al alumnado el uso de regaderas e incluso reducir las actividades académicas y deportivas.
La molestia e indignación entre alumnos y padres de familia, quienes incluso contemplaron cierre de calles y manifestaciones, llevó al director a solicitar ayuda al ayuntamiento y al gobierno estatal.
Sólo la SEP del estado inició unas gestiones y pagó una multa, que desconoció de cuánto fue, con lo que le abrieron el drenaje como un mes, pero nuevamente se lo volvieron a cerrar.
Apenas el 12 de agosto, personal de la concesionaria abrió el drenaje, que mantuvo cerrado con escombro, tras una denuncia que la institución interpuso con apoyo de la Asamblea Social del Agua (ASA).
No obstante, esta situación –remarca Bravo Roja— aún pone a la universidad bajo presión, pues la compañía continúa cobrando el adeudo.
De acuerdo con último recibo (de julio), sólo por el drenaje la concesionaria le demanda pagar “de inmediato” 112 mil 852 pesos.
UPN busca apoyo para regularización
Por lo anterior, el directivo afirmó que la universidad busca regularizar su drenaje, para lo cual pide apoyo de las autoridades estatales a fin de cumplir los requisitos de la empresa, especialmente con la obtención de la escritura notarial.
Señaló que la UPN no había tenido que aclarar el tipo de uso de su drenaje desde que lo instalaron, en el gobierno de Mario Marín Torres, sino hasta la llegada de Agua de Puebla como concesionaria en la zona metropolitana.
Por otra parte, también ha pedido a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, Guillermo Aréchiga Santamaría, diputado federal con licencia y ahora secretario de Transportes estatal y al exsecretario de Finanzas, Jorge Estefan Chidiac, gestionar la condonación de la deuda.
Y es que refirió que la UPN se mantiene principalmente del dinero que aporta su matrícula, que es de 600 alumnos en la modalidad escolarizada, y sólo recibe de la SEP recursos por 160 mil pesos al año.
Pese a la falta de respuestas por parte de las autoridades, el director reconoció el apoyo que recibió por parte de la ASA para la frenar lo que consideró un abuso por parte de empresa.
