Para terminar con el rezago de 10 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, es necesario instalar una sede en cada una de las 22 regiones en las que se dividirá el estado, así como mejorar las condiciones de actuarios, secretarios y proyectistas.
Así lo indicó Jorge Sosa Pérez, del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho, quien presentó estas propuestas al secretario del Trabajo (ST), Abelardo Cuéllar Delgado, durante un foro de acceso a la justicia laboral.
Reiteró que los sueldos son bajos, particularmente el del presidente de la junta, que gana 14 mil 800 pesos impartiendo justicia como lo haría un juez de lo civil, por lo que buscan homologarlo al sueldo de este, que es de 50 mil. Aunado a ello, cuentan con condiciones “pésimas”, pues no tienen equipo tecnológico suficiente.
Señaló que es necesario duplicar su personal tras el recorte del 40 por ciento realizado en el sexenio de Rafael Moreno Valle, ya que en cada junta hay sólo seis operadores jurídicos, dos secretarios y dos actuarios, quienes deben pedir a los abogados que les den transporte para ir a enlazar o notificar a demandados, pues este recurso no lo absorbe la junta, aunque legalmente tendría que hacerlo.
Comentó que estas deficiencias provocan que el trabajo se atrase y no se respeten los términos procesales de la ley, ya que hay expedientes que pueden resolverse en un año o que llevan 10 años detenidos cuando se supone que el tiempo límite es de cinco meses. Incluso, aceptó que la junta especial número 3 tiene alrededor de 10 mil expedientes pendientes en el año.
Deben supervisar que no haya corrupción
No obstante, una vez que el personal cuente con la independencia y las herramientas necesarias para impartir justicia en materia laboral de manera pronta y expedita, hay que supervisarlos para evitar que caigan en prácticas de corrupción, que es herencia de Moreno Valle y el PRI, pues “muchas veces daban indicaciones para retardar algunos negocios de su interés”.
Por ello, espera que con el nuevo gobierno estatal cambie su situación, pues la junta ha estado en “olvido y rezagada” en las administraciones anteriores, además de que solicitó que se capacite a los actuarios, secretarios, proyectistas y auxiliares de la presidencia en derechos humanos, con el fin de estar en concordancia con el sistema penal.
Detalló que aparte de la Junta de conciliación y Arbitraje del Estado, hay otras tres juntas especiales en la capital, así como dos externas en Teziutlán y Tehuacán, por lo que “para garantizar acceso a justica, debería haber juntas en otros municipios”.
Destacó que Cuéllar Delgado se comprometió a atender sus peticiones, ya que litigó en juntas especiales, así que “él mejor que nadie sabe cómo ha operado la junta y que ha actuado por consigna de gobierno en turno”.
Subrayó que es importante garantizar el acceso a la justicia laboral, de manera que el Colegio de Abogados vigilará que el trabajo se haga bien y no sólo sea para un interés particular. “Se debe respetar la ley con apego”, comentó.
