Los Méndez y los Marín se alían contra Agua de Puebla
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que este jueves se balconearon a los verdaderos promotores de la Unión de Compañeros Despedidos del SOAPAP, adheridos al Movimiento Anti Reeleccionista y al Frente en Defensa del Agua, que de manera simbólica clausuraron las oficinas de Agua de Puebla en San Manuel.
En la protesta que congregó a no más de 50 personas participaron Jorge Méndez Spínola, padre del subsecretario de Gobernación del estado David Méndez Márquez y algunos familiares del ex gobernador Mario Marín Torres, que trabajaron en el organismo con altos sueldos y grandes privilegios como su hermana Olivia y su sobrino Javier Marín Vidals, que cobraron como gerentes de Potabilización de Agua y de Alcantarillado y Drenaje, casi 50 mil pesos mensuales.
Otro de los manifestantes que se inconformó con las tarifas que cobra Agua de Puebla y exigió la revocación de la concesión y la renuncia del director general de la empresa Héctor Durán Díaz fue Manuel Bravo Bruno que el 4 de octubre de 2017 renunció de manera voluntaria y dos días después recibió por concepto de finiquito la cantidad 40 mil 112 pesos por tres años de servicio.
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Este jueves se reunieron a comer en la Ciudad de México quienes impulsarán en Puebla la edición local de La Crónica de hoy: Jorge Kahwagi Gastine y Rafael García Garza, los hermanos Eduardo y Juan García Casas, y el periodista Gerardo Ruiz.
Durante el encuentro en el restaurante del Club de Industriales trascendió que la edición local no será de 16 páginas, sino de 24; que Eduardo García Casas será el director general, su hermano Juan el director administrativo, y Gerardo Ruiz el director editorial. Jorge Kahwagi será el presidente del Consejo de Administración.
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Lourdes Rosales, inamovible para Claudia Rivera
La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, indica que : A horas de que se conozca el resultado de la evaluación que hizo la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco a los titulares de las dependencias, se dice que Lourdes Rosales Martínez saldrá bien librada, ya que no será removida de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm).
Se rumora que los cambios que se harán en esa dependencia tienen que ver con cargos directivos, esto a pesar de las exigencias de ciudadanos y diversos sectores de Puebla de que Rosales Martínez sea removida del cargo, ya que le ha quedado grande.
Otros de los movimientos que se harán, a falta de que este viernes lo confirme la morenista, es el de Beatriz Martínez Carreño, quien dejaría la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad para irse a la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.
Si bien en las últimas dos semanas Rivera Vivanco ha tenido total hermetismo en cuáles serán los funcionarios que no salieron bien evaluados, personal de áreas como Tesorería ya tenían conocimiento, al menos desde el martes, de las modificaciones que se harán este viernes.
: Vuelve a resurgir la idea de que Israel Pacheco volverá a trabajar como sindicalizado en el ayuntamiento de Puebla, en busca de concluir el año y medio que requiere para poder acceder a la pensión por 30 años de servicio.
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Fotomultas ¿un mal necesario?
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que en un país en donde violar las leyes y los reglamentos son vistos de manera tan común y natural como el respirar o caminar de las personas, resulta prácticamente imposible que por un simple llamado a la honestidad como ingenuamente lo hace AMLO, se terminen estas prácticas de irresponsabilidad ciudadana, como el manejar a exceso de velocidad.
La implementación de las llamadas “fotomultas” no fue el programa más popular de todos, pero sí altamente eficaz para reducir los accidentes viales en zonas identificadas como peligrosas, por ser utilizadas como pistas de carreras.
Negar que las fotomultas sirvieran para disminuir accidentes es absurdo. Los índices a la baja en materia de accidentes son relevantes. Lo que se ve no se juzga.
Sin embargo, el problema con la administración morenovallista no era la eficiencia del programa, sino el hecho de haber utilizado un esquema de control y seguridad en materia de movilidad como un jugoso negocio.
Más que pensar en el bien ciudadano, el programa Monitor Vial se convirtió en un negocio brutal, con el cual la empresa Autotraffic ganaba millones y millones, evidentemente con el beneplácito de sus cómplices al interior del gobierno estatal.
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Dos funcionarios ligados a la corrupción del gobierno de Paisano aparecen en la Secretaría del Medio Ambiente
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que entre ambientalistas y empresarios ha causado sorpresa y alarma que junto a Beatriz Manrique Guevara, la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial han aparecido dos importantes figuras del que fue el gobierno panista de Leoncio Paisano en San Andrés Cholula. Se trata de Arnulfo Aurioles Gamboa y de María del Carmen Menéndez Blumenkron, quienes eran parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de ese municipio y fue una dependencia en donde se concentró mucha de la corrupción que dominó al anterior ayuntamiento sanandreseño.
Durante la realización del último martes ciudadano, que cada semana llevan a cabo los miembros del gabinete estatal, fue posible ver a Beatriz Manrique atendiendo a la gente y a su derecha se encontraba Arnulfo Aurioles, de pie, y a María del Carmen Menéndez, quien se mantuvo sentada (ver foto).
Aurioles y Gamboa formaron parte de un gobierno que siempre estuvo señalado por una larga lista de abusos y actos de corrupción, la mayor parte de estos en beneficio del llamado “cártel inmobiliario”, que es un grupo de empresarios que en las últimas dos décadas han financiado las campañas electorales del PAN en San Andrés Cholula a cambio de que les permitan emprender proyectos inmobiliarios al margen de las normas, en una de las zonas de mayor plusvalía en el país.
También en esa época se provocó un fuerte daño a la zona arqueológica de Cholula por el capricho del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de construir una zona comercial a un costado del área, que desató una feroz persecución judicial contra los críticos del proyecto, entre ellos la actual edil de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.
Muchos empresarios se quejaron que en la gestión de Paisano eran extorsionados para obtener simples permisos o licencias de construcción.