Universidades e institutos tecnológicos, de Guatemala a Guatepeor

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que un personaje que podría causar un peor daño, del provocado por los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, en las universidades e institutos tecnológicos del estado es Noé Torralba Flores.

Este funcionario de la Secretaría de Educación Pública, dependiente de la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, no sólo pretende sindicalizar a empleados y trabajadores de estas instituciones, sino abrir espacios directivos, según sus dichos, a los operadores de la Cuarta Transformación poblana, que no son otros más que sus cuates de la BUAP.

Noé Torralba, quien oficialmente funge como director de los Institutos Tecnológicos del estado, se ha entrevistado con la mayoría de los rectores de las ocho universidades tecnológicas y tres politécnicas, para pedirles, en nombre de la 4T, cargos administrativos y de dirección de carreras, para gente que ni siquiera cumple con el perfil académico ni con los requisitos reglamentarios para el cargo.

Lo peor es que lo hace con el pleno conocimiento y consentimiento de su jefa, América Rosas y a espaldas del titular de la dependencia Melitón Lozano Pérez, quien también tiene interés de cambiar algunos rectores, comenzando por el de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Miguel Choy López, quien se ostenta con el grado de maestro sin serlo.

Torralba fue un profesor de medio pelo en la BUAP, que en su momento trabajó como operador político del rector Enrique Doger Guerrero y su sucesor Enrique Agüera Ibáñez, pero que en los últimos años se ligó a Morena y algunos de sus dirigentes como el diputado federal Eudoxio Morales Flores.

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La Marina va por Puebla

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ante el tropiezo de la primera semana por los linchamientos en Cohuecan, el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, vio encenderse luces rojas a su alrededor, por lo que emitió una voz de auxilio a sus jefes y recibió de inmediato refuerzos para todo su equipo.

De inicio, son tres los integrantes de la Secretaría de Marina quienes han llegado a Puebla. Fue el propio gobernador Luis Miguel Barbosa quien ayer por la mañana dio a conocer que en la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial estará a cargo del Vicealmirante José Guadalupe Ávila Gil; el Jefe del Estado Mayor de la Oficina del Secretario de Seguridad Pública será el Vicealmirante Alfonso Flores Alvarado; y en la Dirección de la Policía Estatal de Carreteras, a cargo del Contraalmirante Adalberto Arauz Arredondo.

Los tres nombramientos obedecen de manera directa la línea federal para que sea la Marina, la institución que coordine los temas de seguridad a nivel estatal, por lo cual enviaron estos mandos y se presume llegarán muchos más.

Si bien la carta fuerte en un principio era Marco Antonio Ortega Siu, quien tuvo que declinar para seguir en la esfera nacional, las designaciones podrían ser acertadas para poner orden en la seguridad pública y vaya que se necesita, particularmente porque el actual secretario, no conoce a fondo el problema de seguridad, no tiene experiencia en el área.

Cómo olvidar hace cuatro años, para ser más exactos en el mes de julio cuando efectivos del Ejército mexicano detuvieron a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y Jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, por su relación con la comisión del delito de robo de combustible a Petróleos Mexicanos.

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Marchas, bloqueos y cacicazgos campesinos

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción en cuanto a enfrentar las demandas, fundamentadas o no, de organizaciones campesinas lideradas por añejos personajes con escasa imagen rural o campesina.

Con retoricas trilladas, y enarbolando las causas del zapatismo, se dejaron ver el 8 y 9 de agosto pasados diversas organizaciones campesinas que, para conmemorar el natalicio de Emiliano Zapata, realizaron marchas y bloqueos en varias partes del país, exigiendo mayor presupuesto para el campo.

En América Latina, México es el país que históricamente ha gastado más dinero en el campo y que menos desarrollo ha logrado; la explicación obedece, en buena medida, a que los recursos se han destinado al dispendio y dádivas para fortalecer el control político, la manipulación, el clientelismo y el corporativismo, abusando de la situación de pobreza campesina, convertida en un factor fundamental de control para quienes sostienen, equivocadamente, el discurso zapatista, estrategia le ha permitido a los líderes lanzar por delante a los campesinos pobres en marchas y bloqueos a cambio de una raquítica comida. Si la demanda se consigue, entonces la retribución es una despensa, o una carretilla con algunas herramientas, o quizás chivos, borregos, pollos o cerdos, sin otro fin que mantener el control por parte de los líderes; al final, el “barzón se revienta” y los pobres quedan igual y con la mano extendida; sin embargo, los líderes que han encontrado en esa forma un modo de vida cómodo y placentero, seguirán aferrados a una lucha estéril y sin rumbo que solo perpetuará el clientelismo que les seguirá retribuyendo buenos dividendos.

El campo seguirá empobrecido mientras haya intermediarios, negociadores y simulaciones; lo cual exige dar un giro total e instrumentar una estrategia basada en el impulso a las inversiones en infraestructura social y extirpar la corrupción.

Los gobiernos del PRI y el PAN fueron los principales promotores del corporativismo como un modo de control político, de presiones y negociaciones para obtener prebendas, no solo en épocas electorales, sino en diversos momentos de las luchas de los campesinos; ante ese escenario, el sector campesino ha sido el más vulnerable a esas viejas prácticas. El pasado reclamo de las organizaciones campesinas, se centró en solicitarle al presidente López Obrador que los deje de descalificar y acusarlos de corruptos, en pedir que el Programa de Bienestar para el Campo llegue a todos los campesinos, que la entrega de fertilizantes beneficie a todos, y la compra de sus productos se agilice a través de los precios de garantía; finalmente, sin planes ni estrategias, exigieron un mayor presupuesto para el campo.

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La danza de los 7 mil millones

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que un pliego de observaciones por 7 mil millones de pesos, presentó la Auditoría Superior de la Federación a la entonces secretaria de la Contraloría, Patricia Leal, sobre diversas irregularidades en el manejo de fondos.

Meses después, Leal apareció como diputada local y asumió la presidencia de la Comisión Inspectora del Congreso, donde, sin más, dejó pasar las anomalías y desdeñó el caso.

Ya en el ámbito federal se operaba dejar sin efecto las observaciones multimillonarias y se quedó el asunto enterrado.

Desgraciadamente, el fantasma reapareció. La Auditoría Superior de la Federación desenterró el expediente para proceder ante el ocultamiento de dicho pliego.

Para nadie, al interior de la burbuja morenovallista, era un secreto que los enroques de posiciones de personajes claves del grupo obedecieron siempre a cuidarse las espaldas.

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La otra Estafa Maestra

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala siempre será apetitoso, en términos de opinión pública y publicada, que en una nación como México, en donde la impunidad ha imperado como la más sólida institución pública, el hecho de ver en la cárcel a un personaje de enorme influencia en la vida política reciente del país, acusado de haber cometido diversos actos de corrupción.

Sin embargo, en el caso de Rosario Robles y la Estafa Maestra, resulta prematuro hablar de “justicia” cuando se trata apenas de la punta del iceberg de una muy sofisticada logística de desvío de recursos públicos para fines personales.

Ésta, involucra a otros muchos miembros de la dorada burocracia, de distintos calibres y niveles, pero además –y esto no alcanza una trascendencia mediática ni siquiera parecida- a muchas instancias privadas, que resultan fundamentales en la triangulación y el destino final de estos recursos.

Para valorar la importancia real que en este entramado tiene lo anterior, nada más hay que plantearnos las siguientes preguntas:

¿Dónde están los 5 mil millones de pesos por los que se le acusa a Robles Berlanga?que

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Ya no funciona el “no soy pendejo, yo no firmé nada”

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que al igual que Rosario Robles, los sobrevivientes del morenovallismo candidatos a rendir cuentas por sus actos de corrupción, por no decir ir a la cárcel, se aferran al clavo ardiente del “yo no firmé nada” como justificación o autoexoneración que, por cierto, no le funcionó a la ex titular de Sedesol y Sedatu, pues el juez Felipe de Jesús Delgadillo la enchiqueró dos meses hasta que termine la indagatoria.

Quizá eso es lo que tiene más en shock a la clase política corrupta del PRIAN que diseñó un entramado legal para exonerarse de cualquier responsabilidad: delegar en funcionarios menores del aparato gubernamental las responsabilidades administrativas y penales por desfalcos. Que vayan a la cárcel los gatitos de angora, pero no los caca grande.

Una práctica jurídica muy común del morenovallismo fue la firma de esos acuerdos delegatorios, publicados en el Periódico Oficial del Estado para sobrecargar de responsabilidades a directores y directores generales, y así poder exonerar a secretarios y subsecretarios de todas las movidas que implicaran riesgos penales.

Una cuidadosa revisión al Periódico Oficial del Estado revela esa estrategia jurídica del deslinde a la que se aferran los morenovallistas sobrevivientes. La clásica “yo no fui, fue teté”. Pero no les va a funcionar, como no le funcionó a Chayito.

Si la ex titular de Sedesol y Sedatu duerme ahora en Santa Martha Acatitla, no es por sus acciones sino por sus omisiones: es decir, no fue diligente en unos de los principios del servicio público que es cuidar la aplicación del presupuesto. Pese a que las auditorías de la ASF ya habían señalado las anomalías en la contratación de universidades públicas, Rosario Robles dejó hacer. No puso orden ni persiguió ni despidió a los señalados.

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