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La relación de “Los Rojos” con caso Ayotzinapa y Rosario Robles pisa la cárcel

Que El Carrete diga lo que sabe sobre Ayotzinapa

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que “Yo les juro por la memoria de mi padre que no tengo nada que ver con los normalistas [desaparecidos]”, escribió Santiago Mazari, El Carrete, líder de Los Rojos, en una serie de mantas abandonadas en seis municipios del estado de Morelos a principios de 2015.

Aunque Mazari no tenía aún la relevancia criminal que alcanzó más tarde, su nombre estaba apareciendo, una y otra vez, en el expediente del caso Ayotzinapa. Se le señalaba como responsable de haber comprado al director de la normal rural Isidro Burgos, y de enviar a “calentar” Iguala —una zona bajo el dominio delincuencial de Guerreros Unidos— al grupo de alumnos de primer ingreso que desapareció la noche del 26 de septiembre de 2014, hace casi cinco años.

Mazari advirtió, en las mantas abandonadas, que el gobierno de Enrique Peña Nieto iba a asesinarlo para hacer que la verdad no se supiera nunca, y culpó de los hechos a un empresario del espectáculo metido siempre en asuntos turbios: Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian. Aseguró, además, que él podría aclarar, públicamente, todas las dudas.

El 31 de marzo de 2015, mediante un mensaje en cartulinas dejadas en el mismo punto en donde los autobuses en que viajaban los alumnos se separaron aquella noche, los padres de los 43 desaparecidos solicitaron la ayuda del líder criminal: “Ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras”, escribieron.

En tiempos de la noche de Iguala, la procuraduría de Guerrero había identificado como líderes de Los Rojos a Leonor Nava Romero, El Tigre o La Garra, a Carmen Nava Romero, La Doña —esposa de un capo recién asesinado: Crisóforo Maldonado, El Bocinas— y a Omar Cuenca, El Niño Popis.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Campanazo. La sacudida más grande en los ocho meses que lleva el nuevo gobierno es la vinculación a proceso de Rosario Robles. Oficios de la Sedesol y de la Sedatu, secretarías de las que estuvo a cargo, dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, una licencia de conducir con un domicilio diferente al que registró y un pase de abordar, entre otras pruebas presentadas por la FGR, la llevaron al reclusorio Santa Martha Acatitla, donde permanecerá, cuando menos, dos meses, en lo que se desahoga la investigación. Se le acusa de ejercicio indebido del servicio público. Su abogado, Julio Hernández Barros, argumenta que fue un proceso viciado. Histórico: una secretaria de gobierno federal pasará unos meses en prisión preventiva. Cayó el primero de los naipes del castillo de la corrupción. ¿Quién sigue?

2. Sin freno. Joel Islas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, instó a la Fiscalía General de la República a que el caso de la Estafa Maestra no se límite a investigar únicamente a Rosario Robles, porque, dijo, es evidente que participaron más personas. “Este tipo de hechos no se cometen con la voluntad de una sola persona. Son redes las que permiten que esto se siga reproduciendo. Hay que llevar la lupa hacia los distintos lugares para que haya consecuencias en todos los que hicieron posible que esto sucediera”, expuso. Aseguró que éste es sólo “uno de múltiples casos” que, gracias al acceso a la información, hoy se encuentran en la mira de la luz pública “y les están exigiendo consecuencias a las autoridades”. El Inai muestra su verdadera valía. Ya era tiempo.

3. Se ve un cambio. Para el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, todos los inculpados en la Estafa Maestra tienen cuentas pendientes con la justicia. Aplaudió el combate contra la corrupción y la impunidad, y consideró que la justicia tiene que meter “al orden” todos los actos de corrupción que se denuncian en el país. Agregó que los empresarios firman convenios con la Secretaría de la Función Pública, entre ellos uno con la ASF, y que, además, presentarán un libro contra la corrupción. En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que podrían presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, pues se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF. Algo está cambiando en el país de la eterna corrupción. Qué bien.

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Peñistas vs. peñistas, sálvese quien pueda

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el jurista, filósofo y profesor, Hans Kelsen, decía en su Teoría del Derecho Puro, que “la venganza más sublime es la que se ejecuta con la ley en la mano”, y así es como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía la Fiscalía General de la República, está ejecutando las investigaciones y acusaciones de corrupción contra el sexenio pasado. El encarcelamiento ayer de Rosario Robles —en principio de dos meses por “ejercicio indebido del servicio público por omisión”, pero con nuevas acusaciones que prepara la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda— representa el primer golpe real en la estrategia de combate a la corrupción y el primer “logro contra la impunidad”, según lo definió el presidente.

Con cuatro investigaciones emblemáticas contra la corrupción del sexenio peñista: el caso Odebrecht, la Estafa Maestra, la compra de la Planta de Agronitrogenados y el lavado de dinero en la Caja Libertad —las dos primeras que recibieron ya iniciadas y las dos últimas armadas en esta administración por la FGR— la “Cuarta Transformación” ha comenzado a jalar los hilos de la enorme madeja de corrupción del gobierno anterior y tiene en este momento contra las cuerdas, ya sea en la cárcel o en calidad de prófugos de la justicia a personajes clave de la administración de Peña Nieto, desde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el empresario acerero Alonso Ancira, el abogado Juan Collado y la primera exsecretaria de Estado peñista en pisar la cárcel, Rosario Robles.

Y un primer efecto del embate judicial contra el gobierno anterior, resultado de la presión y la persecución que están ejerciendo contra los personajes investigados, es que en el que fuera hasta hace unos meses el grupo gobernante, los peñistas empiezan, en un intento por salvarse de la acción de la justicia, a acusarse unos a otros y a acusar varios de ellos al jefe político del grupo: el expresidente Enrique Peña Nieto. Ya ocurrió ayer con Rosario Robles, que en el momento en el que el juez dictaba la prisión preventiva y la Fiscalía acusaba a la exsecretaria de no haber actuado para evitar y sancionar los desvíos de 5 mil 73 millones de pesos de Sedesol y Sedatu ni haber informado a sus superiores, rápidamente Robles buscó un salvavidas: sí informé a mi sucesor en Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, y al mismo presidente Peña Nieto, a través de mensajes y comunicaciones por la llamada “línea roja”. El dicho de Rosario motivó que el juez ordenara investigar al excandidato Meade y pidiera también a la defensa de Robles documentar cómo se informó al expresidente Peña para saber si le les puede imputar a ambos responsabilidad penal.

Pero Rosario no es la primera que, en un afán de salvarse, apunta para arriba y lanza acusaciones. Ya lo había hecho Emilio Lozoya, quien desde su fuga del país, el pasado 30 de abril para refugiarse presuntamente en Alemania, comenzó a lanzar acusaciones directas a través de su abogado, Javier Coello, en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y otros integrantes del Consejo de Administración de Pemex, por su autorización en la compra de la planta de Agronitrogenados, mientras que a Peña Nieto, su exjefe y amigo lo ha acusado también no sólo de haber autorizado la compra fraudulenta de esa planta de fertilizantes, sino también de haber estado al tanto de los sobornos presuntamente recibidos de la constructora brasileña Odebrecht durante su campaña.

Desde su escondite en Europa, Lozoya no ha dejado de mandar mensajes y amagar con “acusar a los verdaderos responsables” de los delitos que a él le imputa la FGR. Y aunque no ha difundido el video con el que amagó su abogado, los que conocieron de primera mano la cercana relación entre Emilio Lozoya y Peña Nieto, recuerdan con claridad cómo el ex director de Pemex, cuando ya habían empezado a investigarlo por el caso Odebrecht el sexenio pasado, pidió insistentemente ser recibido por su amigo el presidente. El entonces secretario particular, Erwin Lino, recibió la petición directa de Lozoya para que lo recibieran en Los Pinos, pero cuando la respuesta de la Presidencia fue “no te va a recibir”, Lozoya Austin, enojado, mandó un amenazante mensaje: “Dile que no se le olvide que yo le entregué (a Peña) en su propia mano 5 millones de dólares”. Cuando el mensajero se negó a entregar ese mensaje y le pidió a Emilio que lo pusiera por escrito, este redactó una tarjeta en la que textual repetía la entrega de los 5 mdd al entonces presidente. La tarjeta llegó a la Secretaría Particular del presidente, pero nadie se atrevió a entregársela a Peña. ¿Guardará Emilio Lozoya una copia de esa tarjeta que le mandó al presidente Peña Nieto?

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Caso Robles: cerco a Peña o pacto de impunidad

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que lo de Rosario Robles en la cárcel marca un antes y un después en México. Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de la exsecretaria de Estado, la llamada Estafa Maestra refleja elementos que nos hacen pensar que el escándalo puede escalar a los más altos niveles.

Algunos ven ya los cimientos de un cerco a Enrique Peña Nieto. El nombre del expresidente ha sido mencionado por el juez que vinculó a proceso a Rosario: Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Pero también por el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Este hombre asegura que personalmente le informó a Peña de las irregularidades que derivaron en la detención preventiva justificada —así la llaman— de Robles.

El abogado de la extitular de la Sedesol y de la Sedatu, Julio Hernández, afirma también que su cliente le informó al exmandatario de las observaciones hechas por la Auditoría a los convenios con universidades públicas facturados a través de “empresas fantasma”.

Hernández, sin embargo, aseguró a Patricia Betaza, conductora en el IMER, que “de la carpeta de investigación, incluso de la formalizada, no le va a salir absolutamente nada al expresidente Peña.

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Los chilaquiles de Palacio

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que José Antonio Meade y su tocayo González Anaya, ambos exsecretarios de Hacienda, hicieron una vista al Palacio Nacional.

Visitaron al actual secretario, Arturo Herrera, que ahí despacha y quien inicialmente negó que hubiera habido reunión.

Al paso de las horas, Herrera aceptó el encuentro y dijo que de ello sólo se desprendían dos problemas: la chiviadota que se llevaron Meade y González Anaya al salir de Palacio y verse copiosamente fotografiados, y la ausencia de chilaquiles en el almuerzo que compartieron.

El tema de los chilaquiles de Palacio parece bastante fácil de solucionar. La chiviadota que parece destinarles el futuro inmediato a los predecesores de Herrera, esa puede que no.

La amlointermediación en jalisco…

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que si ve una conexión en estos hechos solo puede ser porque usted es un malpensado. Primer acto: detienen a conductores de una camioneta con placas de Hidalgo en posesión de 3.3 millones de pesos en efectivo y un agente acude a frustrar, sin éxito, la aprehensión.

Segundo acto: el agente fue escolta de Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y antes gobernador de Hidalgo, quien se deslindó de inmediato. Tercer acto: el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, era titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Segob de Osorio y la esposa del litigante, América Nava Trujillo, jefa del Órgano de Control Interno en la Sedesol de la hoy presa en Santa Martha.

¿Ya adivinó quién iba a pagarle la defensa a quién?

QUE Andrés Manuel López Obrador presidirá el encuentro Región Sur-Sureste de México en el que nueve gobernadores firmarán compromisos para el desarrollo de una agenda estratégica para la región, el Pacto Oaxaca, en el que participan Concamin, que encabeza el texcocano Francisco Cervantes, así como académicos del CIDE y representantes de la Conago.

Entre los ponentes figuran Eduardo Sojo Garza-Aldape, Enrique Ku Herrera, Bosco de la Vega, Francisco Garza Egloff, Adelfo Regino Montes, Elvira Daniel Kabbaz, Ricardo Monreal, Carlos Salazar, Rocío Nahle, Alfonso Romo y el anfitrión Alejandro Murat.

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