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En Senado, avanzan reformas contra factureras y evasores fiscales

En Senado, avanzan reformas contra factureras y evasores fiscales

En Senado, avanzan reformas contra factureras y evasores fiscales. Foto: Twitter / @CanalCongreso

Las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia del Senado avalaron un proyecto de reforma de cuatro leyes, que integra tres iniciativas de Morena, MC y PAN, para sancionar a las empresas que venden y deducen facturas falsas.

Las diferentes iniciativas fueron presentadas por el senador poblano Alejandro Armenta Mier, de Morena, Samuel Alejandro García Sepúlveda, de MC, y de Minerva Hernández Ramos, del PAN, quienes plantearon modificaciones a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional.

Asimismo, proponer cambios y adiciones a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, a fin perseguir e incrementar sanciones contra empresas fantasmas.

De la iniciativa de Armenta Mier, el proyecto retomó incluir en el catálogo de delitos de delincuencia organizada a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, cuando son cometidas con el fin evadir el pago de millones al fisco federal, como lo hacen Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y a las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).

Ameritan prisión preventiva oficiosa

En este sentido, el legislador plantea que el fraude fiscal sea reconocido, en el Código Nacional de Procedimiento Penales, como delito que amerita prisión preventiva.

Asimismo, propone adicionar en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional los delitos fiscales que, por su relevancia y daño o perjuicio al fisco federal, afectan las finanzas públicas y ponen en peligro su estabilidad o permanencia.

No obstante, también contempla la posibilidad de que no se ejerza la acción penal cuando quienes cometan o participen en delitos fiscales, hayan reparado o garantizado los daños.

Penas de 5 a 8 años de prisión

En tanto, García Sepúlveda señaló que se deben imponer de cinco a ocho años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes.

También planteó tipificar el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Por su parte, Hernández Ramos propuso aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada de manera constitucionalmente proporcional, y establecer un sistema de cuantías adecuado al tamaño de la economía nacional para perseguir la defraudación fiscal de las personas morales.

Asimismo, busca disminuir los supuestos de defraudación fiscal equiparada a los que sí pueda resultarles aplicable un régimen excepcional de investigación, persecución y sanción.

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