Con el indulto que anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta para las mujeres que estén presas por haber abortado, 11 poblanas serían beneficiadas, sin embargo, las cifras “están contradictorias”, pues las autoridades estatales no han dado un número oficial.
Así lo señaló, en entrevista, Iliana Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), de la Universidad Iberoamericana, quien agregó que los 11 casos se conocen porque lo han informado organizaciones.
La académica comentó que si el mandatario poblano señaló tal medida, debe tomarse en cuenta una política adecuada diferenciada desde la perspectiva de género, y en la cual se tienen que establecer otros tipos de alternativas y normativas.
En Puebla, ejemplificó, se tiene que analizar otras acciones como es trabajo al servicio de la comunidad u otras que no impliquen necesariamente que las mujeres deban estar en prisión, sobre todo por las condiciones previas que tuvieron.
Y es que, dijo, puede ser que sean mujeres que no cometieron otros delitos antes de haber abortado y que son el sostén de su familia.
“Cuando se establece ese tipo de política es mucho más amplia, se tiene que presentar la iniciativa para saber cómo operará, así como establecer los criterios muy claros que se van a tener para aplicarlo. Además, se debe generar el dato adecuado para ver que está pasando”, pronunció.
En junio pasado, activistas feministas informaron en rueda en los 10 últimos años el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha judicializado 24 casos contra mujeres por practicarse el aborto, de los que 11 han tenido sentencia condenatoria, lo que muestra que se está criminalizando y urgieron a legislar a favor.
Sobre el tema, el rector de la Universidad Iberoamericana, Ernesto Patrón Sánchez, mencionó que se pronuncian en contra de la criminalización de las mujeres por este tema, pues no es la solución a esta práctica, además de que es una discusión de salud y política pública más no de derecho penal.
Acciones por alerta, sin impacto deseado
Respecto a las acciones implementadas desde que se activó la Alerta de Violencia de Género (AVGM) en 50 municipios, Cariño Cepeda mencionó que al parecer no han tenido el impacto deseado, aunque para hacer un diagnóstico es necesario que concluya el periodo que se estableció para cumplirlas, ya que se dio en un contexto político.
No obstante, comentó que los casos de feminicidios se siguen reportando en el estado, por lo que consideró que para dicha situación, más allá de los programas preventivos que se pongan en marcha, es necesario revisar los procesos de sanción contra los violentadores.
Esto, porque dijo que con corte al primer semestre del año solo se tienen 20 sentencias condenatorias contra feminicidas, cuando las cifras en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) son otras, pero –dijo—todo parte de la forma en que se aborda el caso.
“A esto habría que sumar la cantidad de agresiones que no se denuncian, así como los casos que por alguna razón no son considerados feminicidios, aunque lo hayan sido, por lo que es urgente poner sobre la mesa el tema del acceso a la justicia para las víctimas a sus familias”, expresó.
