Cerca de 300 jubilados han recabado igual número de firmas que darán al ASF para exigir se audite a la BUAP, pues en 2015 solo a mil 800 empleados les dieron un aumento del 8 por ciento, y al resto de 3.4, por lo que exigen alzas iguales y saber el destino de jubilaciones.
En entrevista, tras realizar un mitin en el Carolino que concluyó con una marcha hasta el Zócalo donde había jóvenes protestando para que se abran más lugares en la BUAP, el jubilado Enrique Hernández dijo que en ese año, sólo mil 800 trabajadores tuvieron un aumento del 8 por ciento, pues el rector Alfonso Esparza Ortiz acusó que no había recursos para beneficiar a todos.
Sin embargo, Esparza Ortiz les explicó que ese año los “altos mandos” no recibirían ninguna alza salarial, y ese “ahorro” serviría para beneficiar a los mil 800 antes mencionados.
Hubo aumento desigual e ilegal, acusan
Enrique Hernández agregó que por ley, los aumentos deben ser iguales para todos, por lo que en 2015 demandaron que se les entregaran el 4.6 por ciento restante, ya que ese año al resto les dieron el usual incremento de 3.4 por ciento.
Al respecto, señaló que hasta el momento desconocen quienes fueron los que recibieron ese aumento, que supuestamente el rector sostuvo sería para los que menos ganan.
El jubilado indicó que de acuerdo con Esparza Ortiz, la BUAP cuenta con 8 mil trabajadores activos y 3 mil jubilados, aproximadamente.
No obstante, detalló que no todos los extrabajadores demandaron, solo cerca de 300, pero aseguró que de ganar, únicamente ese grupo recibiría el porcentaje restante para alcanzar el 8 por ciento total.
Si gana, el resto se le unirá
Mencionó que de salir abantes, el resto de jubilados tomaría acciones legales, aunque lamentó que se esperen y no se les unan en sus exigencias.
Enrique Hernández explicó que recaban firmas para presentarlas al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, para que se hagan dos auditorías.
Y es que en su comunicado de prensa, se detalló que los jubilados exigen a la BUAP saber el monto de los ingresos recibidos por la universidad de parte de la Federación de 2003 a 2015.
Asimismo, conocer el destino y el monto aplicado para el Fideicomiso de Jubilación y Pensiones de la máxima casa de estudios de Puebla, así como su contrato, el padrón de aportaciones de trabajadores activos y jubilados actuales del personal no académico, personal académico, de confianza, mandos medios y superiores.
Exigen saber destino de sus recursos
También piden se les informe sobre el destino y monto de los descuentos que se les hacen por concepto de “fondo de jubilación”, mismos que se realizan desde 2006 o 2007, que pertenecen al esquema de Nómina de Recursos Propios, que son trasladados a la nómina de la BUAP.
Con lo anterior, buscan saber el destino o aplicación de 609.2 millones de un total de más de 982 millones de pesos que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por parte de la Federación de 2003 a 2013, de los cuales acusaron que únicamente se aplicaron 373.4 millones de pesos al fideicomiso antes mencionado.
En el comunicado de prensa se explicó que de 1992 a 1997 la máxima casa de estudios de Puebla depositó en cuentas individuales de sus trabajadores la figura del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en Banjército, aunque después se les informó a los trabajadores que no tenían accesos a estos recursos.
Después, de manera ilegal, la BUAP trasladó el dinero, que ascendía a 48 millones de pesos. Ya para 2003, la universidad, Sitbuap y el Aspabuap suscribieron un fideicomiso con una aportación bipartita del 3 por ciento, hasta alcanzar el 8 por ciento con una vigencia de 10 años.
Acusan despidos injustificados
La jubilada Martha Guillen Hernández precisó que esperarán 15 días para continuar recabando firmas, tanto de empleados activos, jubilados y hasta alumnos, ya que todos ellos conforman la comunidad universitaria.
Por otra parte, Miguel Damián Huato, del Centro de Agroecología del Instituto de Ciencia, dio a conocer que ha sido parte de los malos manejos dentro de la BUAP.
Y es que contó que el pasado 28 de noviembre de 2017, se le inició una investigación, bajo el argumento de que no asistía a sus labores, a lo que ironizó les tardó 35 años, tiempo que trabajó en la máxima casa de estudios, en darse cuenta.
Lo anterior, sostuvo, fue una decisión unilateral, pues argumentó que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 2, así como integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, aunque aseguró que fue rescindido por negarse a realizar trabajos de campo en huertos de aguacate ubicados en la zona de Atlixco y propiedad de Esparza Ortiz.