La CNDH identificó tres factores de riesgo de que personas detenidas en Puebla puedan sufrir malos tratos o tortura, pues no se les permite un examen médico externo, ni pueden llevar registros de las entrevistas con sus abogados o tener privacidad con ellos.
Así quedó señalado en el Informe Especial 1/2019 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), en el que se precisó que en el caso de la entidad poblana se visitó el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, la Casa de Justicia de San Andrés Cholula y la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado.
En los tres lugares se determinó que no se cumple con el derecho a requerir un examen médico independiente, mientras que en los dos últimos también se detectó que no hay privacidad durante las entrevistas con sus defensores, así como que no se llevan registros de las mismas.
Este análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo como objetivo de revisar que las personas en custodia de las autoridades tuvieran acceso a las cuatro salvaguardias (reglas y procedimientos que reducen el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos).
Las salvaguardias que se deben respetar en favor de las personas detenidas son primero el derecho a que se notifique a terceros sobre su custodia policial, además de acceder a un abogado, un examen médico dentro de las 12 horas de su detención y a recibir información sobre sus derechos.
Las llamadas las hacen desde su celular
El reporte indicó que en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula no cuentan con línea telefónica fija para los detenidos puedan hacer su llamada, sino que dicha comunicación la tuvieron que hacer desde su propio celular o del de su abogado.
Respecto al derecho que tienen las personas detenidas a guardar silencio y que pueden declarar en cualquier etapa del procedimiento, nuevamente en San Andrés Cholula se indicó que esto se lleva a cabo sólo hasta cuando son llevados a la Fiscalía.
Este informe se realizó en enero febrero y marzo de 2019, se visitaron 100 Agencias del Ministerio Público en el país, de las cuales 32 correspondieron a la Federación y 68 del Fuero Común.