Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que la reforma al Código Penal de Tabasco, criticada como “Ley Garrote”, no criminaliza la protesta, e indicó que los inconformes con ella pueden presentar demandas ante jueces, es decir, recurrirla.
Lo anterior, en el marco de su asistencia a la toma de protesta de Miguel Barbosa Huerta, como gobernador de Puebla, donde contestó con un breve y claro “no” a la pregunta de la prensa sobre los señalamientos de que dicha modificación a la Carta Magna Tabasqueña penaliza las manifestaciones sociales con sanaciones de cárcel.
“Quien no esté conforme con alguna disposición legal, puede recurrirla ante las instancias correspondientes”, agregó la también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin dar más detalles.
Esta legislación desató una polémica nacional, pues su redacción final establece penas de 6 a 13 años prisión a quien “extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”.
A la sanción carcelaria, se agrega una “multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten”.
En esta discusión incluso ha intervenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que en Tabasco, su estado natal, hay dirigentes sociales que chantajean y extorsionan con impedir obras públicas y privadas para obtener dinero.
“Y estos dirigentes que actúan de esa manera que también vayan entendiendo que ya no se puede estar pidiendo moches, chantajeando, extorsionando, que eso no está bien visto, eso no se va a aplaudir, no se va a permitir. Esa es mi opinión sobre eso”, sentenció.
En el mismo sentido, Adán Augusto López Hernández, gobernador morenista de Tabasco y quien presentó la iniciativa de reforma, señaló que con el nuevo tipo penal se busca acabar con extorsiones y rechazó la versión de que sea una estrategia para blindar las obras para alzar la refinería de Dos Bocas, pues aseveró que “no hay un tabasqueño que se oponga a la construcción”.