Un juez federal concedió a la extitular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, un amparo para suspender una posible orden de aprehensión por la “Estafa Maestra”, pues el ejercicio indebido del servicio público no amerita prisión preventiva automática.
El juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, a cargo de Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, admitió la demanda que además impide que “sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras”, por lo que hace a la orden de comparecencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para vincularla a proceso.
No obstante, la medida cautelar no tendrá efecto legal si la señalada no paga 69 mil 500 pesos de garantía en un plazo de cinco días y no la protege en caso de que los ilícitos de los que se le acusen ameriten prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta el momento se han presentado 30 denuncias penales en contra de la exfuncionaria por el desvío de recursos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), mientras estuvieron a su cargo.
Por otra parte, la FGR dio a conocer que cuenta con los suficientes elementos para comenzar una acción penal en contra del empresario argentino, Carlos Ahumada Kurtz, por extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de los mismos.
Ello, luego de que Rosario Robles interpusiera una denuncia el 21 de agosto de 2013 en contra de su expareja por extorsión, ante lo cual el empresario pidió que se declarara el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa; sin embargo, el 3 de julio de 2018, el Ministerio Público lo declaró improcedente, por lo que se amparó.
En julio de este año, la FGR reiteró que es improcedente la solicitud del quejoso de emisión de una propuesta de no ejercicio de la acción penal. Además, informó que recibió las pruebas previamente desahogadas en el extranjero y consideró que puede acreditar el cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del quejoso.
Fuente: Excélsior/Aristegui Noticias