Un grupo de organizaciones de Puebla pidieron al gobierno estatal entrante construir una nueva relación con los pueblos indígenas abriendo “verdadero diálogo”, y al federal, garantizar sus derechos al territorio y libre determinación” en la reforma al artículo 2 constitucional.
Lo anterior, a través de un pronunciamiento publicado este martes, donde plantearon a la administración que encabezará Miguel Barbosa Huerta “evitar la profundización de la agresión a los pueblos indígenas, debida a los proyectos de muerte en el estado, para poder avanzar así en la construcción de una verdadera nueva relación con los pueblos”.
En cuanto a la Federación, manifestaron su desacuerdo con el foro de consulta, para elaborar los “Principios y Criterios” de dicha iniciativa, organizado, en el caso de la entidad poblana, en Cuetzalan el pasado viernes 26 de julio, por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Consideraron “ocioso” que en dicho foro se les pidiera a los asistentes dar propuestas, pues la “la mayoría no tenía ninguna información previa sobre el objetivo y contenidos”, por lo que demandaron que quedara asentado en actas que se trataba de un evento informativo, a fin de que los pueblos tomaran decisiones en sus tradicionales asambleas comunitarias.
Reconocieron que el documento del INPI “contiene algunas propuestas relevantes que compartimos, como el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público”.
Les preocupa derecho al territorio
No obstante, expresaron “enorme preocupación” que los principios para la reforma mantengan la salvedad del derecho al territorio “en donde hay recursos estratégicos para la nación”, como “gas, petróleo, recursos para generar energía eléctrica y nuclear, entre otros”
En este sentido, exigieron al gobierno federal que su iniciativa reconozca el ejercicio pleno del derecho al territorio, pues señalan que, de no hacerlo, propiciará continúen “agresiones” por la mina de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán; por el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en Ahuacatlán y Tepatlán, que busca beneficiar a Walmart, y por las denuncias penales interpuestas por CFE contra indígenas en Cuetzalan.
Asimismo, reiteraron su exigencia de justicia por los asesinatos defensores del agua y la tierra Antonio Esteban y Manuel Gaspar.
Los firmantes son Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio, Unión de Cooperativas Tosepan Organización Independiente Totonaca (OIT), Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), Unión de ejidos y comunidades Atcolhua, Consejo Regional totonaco en defensa del territorio, Movimiento independiente obrero, campesino y popular (Miocup).
Asimismo, se unieron Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Colectivo Tajtomej Taltipak, Centro de derechos humanos Antonio Esteban, Agencia Timomachtikan, Comaletzin, Tochan, Radio comunitaria Tzinaka, Brigada de Defensa del Territorio Xochiteco.