El aumento de la tarifa del transporte público en Puebla no sólo implica mejorar el servicio, sino revisar las rutas, escuchar demandas ciudadanas, optimizar las condiciones laborales de los choferes y abatir la corrupción en el sector.
Será con la administración de Miguel Barbosa Huerta, que entrará en funciones como gobernador el 1 de agosto, cuando se defina el tema, pues ya está teniendo reuniones con los concesionarios, quienes a principios de julio cumplieron a medias su advertencia de paro para que el gobierno les otorgara el aumento de al menos dos pesos a la tarifa que desde hace más de 9 años se mantiene en 6.
Ángulo 7 consultó a especialistas, un concesionario y al próximo secretario de Transportes, Guillermo Aréchiga Santamaría, para conocer sus posturas:
Emma Regina Morales García, coordinadora de la Maestría en Hábitat y Equidad Socio Territorial en la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló que es necesario mejorar el transporte público con rutas que cubran las necesidades de la población, para que la gente no recienta el incremento en la tarifa, pues podría usar menos camiones si la lleva directamente a su destino.
Comentó que es entendible la solicitud de los transportistas respecto al alza de la tarifa, pues durante los últimos ocho años ha subido el precio de la gasolina y servicios en general, pero “no puede haber un beneficiado por encima del otro”, por lo que es necesario atender el sistema de movilidad en la ciudad y no sólo la necesidad individual.
Destacó que el sistema de transporte público es una responsabilidad compartida, puesto que el gobierno del estado debe garantizar una repartición adecuada de las rutas, mientras que los concesionarios deben mejorar las condiciones de sus unidades, lo cual algunos no han hecho, por lo que aumentar el precio, los beneficiaría sin que cumplieran con su obligación, poniendo en desventaja a quienes sí invirtieron.
Agregó que el gobierno estatal necesita revisar que las concesiones otorgadas sean pertinentes, ya que en unos casos son insuficientes o hay cambios de dinámicas, por ejemplo, hay colonias con mayor demanda en la mañana, pero menos usada en la tarde.
También, hacer cumplir los acuerdos, pues hay rutas que constantemente están en accidentes viales, lo cual en otros estados invalidaría concesión de manera inmediata para otorgarla a otra persona, por lo que se necesita que en Puebla se apliquen las sanciones correspondientes.
40% del salario se va en movilidad
Con el fin de presionar a los concesionarios para que cumplan con lo establecido, propuso que se transparenten los datos de los accidentes en los que se involucraron, su última verificación y la actualización de las unidades, a los que podrían darle seguimiento los ciudadanos con el número de placa o de ruta.
Aunado a ello, es necesario valorar la eficiencia de los sistemas y si la población tiene la capacidad de pagar más, pues una familia promedio gasta hasta el 40 por ciento de su ingreso o el salario mínimo de un día para moverse por la ciudad a dejar a sus hijos y al trabajo, agregando que el transporte es uno de los principales lugares con delincuencia y con más accidentes.
Recordó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que Puebla está evaluada en los niveles más bajos de movilidad, lo cual tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra el transporte.
Respecto a la Red de Transporte Urbano Articulado (RUTA), subrayó que no ha cumplido con su objetivo, pues ha obligado al usuario a transbordar cuando antes llegaba directamente a su destino pagando un solo camión, por lo que lo ideal sería que con un sólo boleto las personas puedan cubrir todo su recorrido.
Destacó que en otros países hay un sistema centralizado en el que entra todo el transporte público de la ciudad, que está articulado y vinculado al mismo pago, que es a lo que se quiere llegar, aunque es necesario hacerlo poco a poco.
Además, los conductores no se pelean por tener más pasajeros, a fin de reunir su cuota diaria, y respetan las reglas de tránsito debido a que los ingresos de todos se juntan en un fondo en común para luego repartirse de manera equitativa, asimismo, deben descansar cada cuatro horas máximo, es decir, no los explotan.
No hay mejoramiento sin subsidio
En tanto, la especialista Constanza Pacheco, gestora de Proyectos de Innovación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, mencionó que sin subsidio, un transporte público no puede mejorar, aunque consideró que podría ponerse en marcha un sistema en el que se evalué el servicio y con base a eso analizar si se sube o no la tarifa.
Sostuvo que la sociedad es uno de los principales sectores que deben tomarse en cuenta sobre el tema, por lo que la autoridad responsable debe acercarse a conocer las demandas que tienen y sobre dar una solución que beneficia a todos.
Opinó que también se podría globalizar un sueldo fijo o estandarizarlo, pues de esa manera se evitará que entre los propios conductores se peleen por el pasaje y por ende se tendría una mejor respuesta hacia los ciudadanos que son los que usan las unidades.
Calificó como “horrible” que los transportistas amenacen con hacer un paro a las autoridades si no se sube el pasaje, pues si bien se puede negociar, este tema no debe estar sujeto a presiones, sino a acuerdos mutuos entre las partes.
“Una idea es estandarizar un modelo de transporte para mejorar el servicio, yo me iría a medias, ‘te doy subsidio y el acuerdo de subir la tarifa, pero mejoras el servicio’. Habría que tener algunas valoraciones de parte del usuario que eso es lo que igual ayuda”, expresó.
Aumentaron precios: concesionario
Por su parte, Arturo Loyola Gutiérrez, vocero de la Coordinadora del Transporte, señaló que para mejorar este servicio público debe darse un incremento en la tarifa y aseguró que ya no es que confíen en si se podrá o no, sino que debe ser un hecho.
Mencionó que esta situación ya se la han hecho saber al próximo secretario de Transporte; Aréchiga Santamaría, a quien le dijeron que por las condiciones que se han dado como el aumento de refacciones y combustibles “es una urgencia impostergable”.
Sostuvo que han puesto un costo de pasaje límite, pues lo que se ha manejado es que sea una tarifa social y no económica, ya que es lo que arrojan los estudios sumados a la realidad que enfrenta tanto el país como Puebla en los incrementos que se han dado en la materia.
Refirió que lo que buscan es un precio social razonable con el que se pueda cumplir con las obligaciones que marca la ley, ya que aunque se manejan varios costos, no hay algo formal, al resaltar que la media es entre 8 y 9 pesos y recordó que la tarifa de Puebla es de las más bajas del país.
Manifestó que han tenido reuniones, pero aún no saben las políticas que vaya a seguir el siguiente gobierno, pero con base en eso se tendrá que ir cumpliendo con lo que diga la autoridad.
Ejemplificó que la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) es un sistema que está siendo subsidiado por el propio gobierno, por lo que se supone que, con los recursos que ingresan, debería de automantenerse.
Dijo que tienen conocimiento que son alrededor de mil millones de pesos lo que se da en conjunto por las tres líneas de RUTA, el cual sale –recriminó—de los impuestos que se pagan, por lo que se está generando un doble costo por parte de los usuarios.
Mientras que en el caso de los transportistas, sostuvo, los ingresos que se perciben se utilizan para pagar gasolina, refacciones, talacheros, mecánicos, mantenimiento, entre otras cosas, pues ninguno de los choferes pone de su bolsa dinero extra que no tiene.
Se pide lo justo, señala
“Si nos vamos a casi 9 años que no se ha subido el pasaje, nos damos cuenta de que la tarifa, comparándola en las condiciones en la que estaba con la actual, estamos por ahí así de 1.5 o 1.6 pesos, un tema totalmente nada razonable por eso se está pidiendo lo justo”, expresó.
Esto, mencionó, muestra la realidad de un parque vehicular abandonado y deteriorado porque no se cuentan con los recursos del gobierno del estado para poder brindar un mejor servicio y acorde a lo que se tienen, pero de manera especial seguro para los usuarios.
Loyola Gutiérrez comentó que “todo repercute”, pues han disminuido de manera considerable los ingresos de los concesionarios, operadores, talacheros y aseadores, lo cual se suma a los costos que han subido de los equipos, refacciones y gasolina.
De igual forma, agregó, está la situación del sueldo que perciben los choferes, pues depende al acuerdo que lleguen con los permisionarios, ya que en la mayoría de los trabajan a través del sistema de hombre-camión porque son concesionarios que no tienen más de dos o tres unidades.
Aseveró que “son muy pocos” los que tienen en el transporte público organizado como si fuera una empresa, principalmente por todo el personal que implica tener, por lo que es cerca del 90 por ciento el que se maneja como microempresarios con una o dos unidades.
Revisar de manera integral, lanza Aréchiga
En tanto, el próximo secretario de Transportes, Aréchiga Santamaría, manifestó que antes de aumentar el pasaje como lo han pedido los concesionarios se tiene que hacer una revisión de manera integral, pues se han dado señalamientos de corrupción.
Indicó que se deben revisar los reglamentos, la modernización del parque vehicular, seguridad en las unidades, para lo cual están participando, además de los transportistas, la sociedad y especialistas, porque “es un tema que le compete a todos”.
El próximo funcionario estatal adelantó que otro de los elementos que se tomarán en cuenta es un análisis socioeconómico que permita tomar la decisión más acertada en razón de entender el impacto que tendría en las familias subir la tarifa.
Responsabilizó a anteriores gobiernos de que no se estudiara dicho tema, por lo que ahora es una realidad “evidente” que no debe desatenderse, ya que han sido varios años sin un aumento, ya que la economía de los poblanos está de por medio.
“No está definido nada, yo diría que está en revisión todo, incluida la petición que los transportistas tienen, pero el aumento de la tarifa es un tema que estamos revisando y que tendrá que ir relacionado porque al final de cuentas todo impacta en los costos”, abundó.
Finalmente, informó que igual se hará una revisión “exhaustiva” de las concesiones que se dieron, pues hay un acuerdo con los transportistas a quienes indicaron que no habrá nuevos permisos mientras no se chequen todas las que se tienen.
