Entre protestas, el Congreso de Tabasco aprobó reformar su Código Penal para dar de 6 a 13 años de cárcel a quien “impida la ejecución de obra pública y privada”; esta iniciativa del gobernador morenista, Adán López Hernández, fue bautizada “Ley Garrote”.
Con 21 votos a favor, este Legislativo, donde Morena es mayoría, avaló el dictamen, que crea el tipo penal de “impedimento de ejecución de trabajos u obras” y sanciona con prisión “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar” para estos proyectos.
Para el caso de los servidores públicos que incurran en este delito, se establece una pena de hasta 20 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con el gobierno estatal y diputados locales morenistas, esta modificación al Código Penal busca ir contra “pseudosindicatos” que extorsionan a gobiernos y empresas a través del cobro de cuotas para permitirles pasar o trabajar en ciertos terrenos.
Esta posición fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que la propuesta no busca reprimir la libertad de manifestación, sino acabar con los “moches” y pidió a López Hernández, su correligionario, que aclare las dudas al respecto.
Preocupa represión a protesta social
No obstante, desde el viernes pasado, cuando esta propuesta del mandatario morenistas fue aprobada en comisiones, diversos periodistas, activistas y políticos la rechazaron por considerarla un “garrote” a la protesta social contra proyectos de infraestructura de gobiernos y privados.
Algunos acusaron que se trata de una estrategia para inhibir la oposición contra megaproyectos del gobierno federal en Tabasco, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
En el plano del Congreso tabasqueño, diputados del PRI y el PAN recriminaron a Morena olvidar su pasado como movimiento de oposición, que utilizaba el bloqueo de calles y obras como forma de protesta.
Recordaron, como ejemplo, la toma de la avenida Reforma en la Ciudad de México por pate de los simpatizantes de López Obrador, entonces candidato presidencial, ante el “fraude electoral” de 2006.