La Sala Superior del Tepjf confirmó las sentencias contra ocho alcaldes poblanos que fueron impugnadas por el PRI, el cual consideró que las multas impuestas a siete de ellos fueron “irrisorias” y que se debió incluir al entonces candidato Miguel Barbosa Huerta.
En la sesión de este miércoles, determinó que no le asiste la razón al denunciante respecto a que la Sala Regional Especializada debió sancionar a los funcionarios y no dar vista a las contralorías municipales y el Congreso local, pues está establecido que en estos casos se debe enviar la sentencia al superior jerárquico para que este imponga la multa que corresponda.
Además, fue correcto que sobreseyeran o declararan inexistentes violaciones al principio de imparcialidad y al uso de recursos públicos por parte del exabanderado de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), porque el artículo 134 sólo está dirigida a servidores públicos, y en uno de los juicios el candidato no fue denunciado.
Los recursos de revisión están integrados en los expedientes: SUP-REP-101/2019, SUP-REP-102/2019, SUP-REP-103/2019, SUP-REP-104/2019, SUP-REP-105/2019, SUP-REP-106/2019, SUP-REP-107/2019, correspondientes a los ediles de Tepeojuma, Tecamachalco, San Pedro, Acatlán de Osorio Chalchicomula y Tlachichuca por acudir a eventos proselitistas a favor de Barbosa Huerta, así como de Yaonáhuac por difundir propaganda gubernamental en etapa prohibida.
Comuna de Cuautlancingo no realizó evento
Aunado a ello, se confirmó la resolución que declaró la inexistencia de la vulneración al principio de imparcialidad y uso de recursos públicos atribuidos a diversos funcionarios del ayuntamiento de Cuautlancingo, por su presunta asistencia a un evento en el que se entregaron regalos a maestros.
Ello porque la Sala Especializada sí cumplió con los principios de exhaustividad y congruencia al analizar las pruebas, las cuales no acreditaron la asistencia de los servidores denunciados ni que el evento se hubiera realizado en las instalaciones del ayuntamiento, o hubiese sido organizado por este.
Asimismo, los funcionarios manifestaron no tener conocimiento de los hechos, por lo que no había razón para que la Comuna tuviera que presentar un deslinde sobre la presunta difusión del evento.