En sesión extraordinaria y a puerta cerrada, diputados del Congreso de Baja California declararon la validez de la reforma para ampliar de dos a cinco años la gubernatura entrante y rechazaron el exhorto del Congreso de la Unión para revertir el dictamen.
Lo anterior, este martes por la noche, en el Palacio Municipal de Playas Rosarito, pues la sede del Legislativo estatal en Mexicali fue clausurada por opositores a la reforma, y a partir de una convocatoria difundida este mismo día a través de redes sociales, por lo cual varios diputados haberse enterado de la sesión “por terceros”.
A estas irregularidades, se sumó la ausencia del presidente de la Mesa Directiva, el priista Benjamín Gómez Macías, quien previo a la aprobación de la reforma, el pasado 9 de julio, acusó que emisarios de Morena le ofrecieron un millón de dólares para respaldar su iniciativa, que beneficia directamente al gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla Valdez.
Dentro del recinto, blindado por policías municipales que impidieron el paso de manifestantes, diputados a favor del dictamen sostuvieron que el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso federal viola la soberanía de Baja California y es “anticonstitucional”.
Tras darse a conocer la declaratoria de validez, las dirigencias nacionales del PÁN y el PRI reiteraron su intención de impugnar la llamada “Ley Bonilla” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, el albiazul está en proceso de expulsar a los legisladores de su bancada en Baja California, donde son mayoría, que apoyaron a Morena para que se aprobara su iniciativa. No obstante, seis diputados se adelantaron y renunciaron este martes al PAN.