El Frente por la Defensa del Derecho Humano al Agua aseguró este martes que el diputado Gabriel Biestro Medinilla se comprometió a exhortar a la empresa Agua de Puebla que se abstenga de hacer cortes de agua y drenaje, debido a que son “ilegales”.
En rueda de prensa, indicó que el legislador buscará que el Congreso derogue los artículos 99 y 119 de la Ley Estatal del Agua, con el fin de que ya no tenga permitido suspender el servicio, así como a desarrollar foros en el Congreso local sobre el tema, para abrogar la legislación y realizar una nueva, aunque no les dio una fecha.
Jorge Méndez Spíndola, miembro del Frente que incluye a asociaciones como ASA y Hermanos Serdán, indicó que la Cámara de Diputados plantea realizar un foro regional el 20 de septiembre en Puebla, para conformar la Ley Federal de Agua.
Destacó que durante la mesa de trabajo con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco del próximo miércoles, le exigirán que Francisco Muñoz Pérez, director de gestión de agua del ayuntamiento, sea destituido por colusión con Agua de Puebla, y reiteró que también quieren la renuncia de Gustavo Gaytán Alcaraz, director de Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
Es de recordar que Biestro Medinilla había señalado que iban a esperar a los resultados de dichos foros nacionales para no hacer “doble trabajo”.
Desprivatización sigue avanzando
Méndez Spíndola aseguró que han avanzado bastante en la desprivatización, pero no es tan sencillo eliminar el entramado jurídico y legislativo de la empresa que impulsó el exgobernador Rafael Moreno Valle, pues es un proceso que combina la participación institucional, jurídica y el movimiento social.
Resaltó que anular el contrato por “ilegalidad” es un planteamiento reciente, implicaría no tener ninguna responsabilidad por parte de los gobiernos estatal y municipal de la cancelación del contrato.
El activista Gerardo Pérez Muñoz afirmó que Moreno Valle no sólo privatizó el agua, sino que ocupó a la entidad como “laboratorio de una nueva reingeniería legal” al “legalizar el despojo” y recordó que desde que se creó la Asamblea Social del Agua (ASA) se violó el derecho a la información pública bajo el argumento de que “el agua es un elemento de seguridad nacional”.
Comentó que requieren 135 mil firmas para que la Iniciativa Ciudadana de Ley de Agua sea considerada como iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, al tiempo que dijo que hace falta voluntad de los actores políticos, pues por el lado jurídico se han ganado más de 400 amparos contra los cortes de agua.
Subrayó que pedirán saber dónde se invirtieron los mil 700 millones de pesos de la contraprestación que dio Agua de Puebla al gobierno estatal y seguirán demandando una auditoria al Soapap, desde la administración de Melquiades Morales Flores, ya que “tenemos conocimiento de que fue caja chica del PRI”.