El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla solicitó el gobierno entrante reabrir el expediente de la represión de 2014 en Chalchihuapan y sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos que participaron.
El pronunciamiento es hecho a 5 años de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo, de entonces 14 años, y quien estuvo en coma diez días a causa del impacto en su cabeza de una de las balas de goma que la policía disparó en el desalojo del 9 de julio de 2014.
Recordó que, en diciembre de 2013, el Congreso del estado expidió la Ley Orgánica Municipal, que entró en vigor durante el 2014 y entre sus disposiciones terminaba suprimiendo el registro civil de las juntas auxiliares, para trasladarlos a las cabeceras municipales correspondientes.
Por ello, aquel día 9, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y juntas auxiliares aledañas, en compañía de la autoridad subalterna, Jairo Javier Montes Bautista, decidieron bloquear la autopista Atlixco-Puebla como medida de presión al gobierno estatal para que restituyera el servicio del registro civil, argumentando que ello restaba autonomía e identidad sus comunidades.
El niño Tehuatle Tamayo, que pasaba por el trayecto luego de salir de su escuela secundaria en compañía de su madre, Elia Tamayo Montes, pasó cerca del enfrentamiento, siendo impactado en su cabeza por uno los artefactos utilizados por la policía; en ese momento se desvaneció y estuvo diez días en coma, al final de los cuales murió, aseveró el comité.
La versión oficial del gobierno del estado, entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, fue que la víctima había perecido como consecuencia de la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios pobladores.
Otras víctimas
Otros afectados que si bien no perdieron la vida, resultaron con lesiones permanentes, fueron: Hugo Jiménez Varela, quien perdió un ojo; Martín Romero Montes quien perdió parte de la mandíbula, la lengua y por tanto el habla; Gilberto Varela, que ahora no tiene sensibilidad en una mano; Vicente Tecalero y Filemón Pacio, ambos sin audición y Juan Xelhua Ocotl, quien perdió parte de la vista.
Antonio Víctor Montes Contreras, detenido el 9 de julio de 2014 en Chalchihuapan por manifestarse, murió el 3 de febrero de 2015 y sus familiares señalaron que,g tras haber pasado por la prisión, él no recobró su estabilidad emocional y murió a consecuencia de ello.
El comité resaltó que, el enfrentamiento ocurrió a dos meses de que el Congreso local, a propuesta de Moreno Valle, aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, conocida como “Ley Bala”.
El tercer punto enunciaba el uso de armas incapacitantes no letales y el cuarto rubro permitía la utilización de armas de fuego o de fuerza letal, únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros; en días posteriores se eliminó el último punto debido a la fuerte crítica social, pero que valió la vida del menor de edad.
Gobierno reconoce lo realmente ocurrido
No fue sino hasta la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el señalamiento que el niño había sido impactado por uno de los 63 proyectiles disparados, cuando el gobierno estatal sin más opción, reconoció lo realmente ocurrido.
Sin embargo, resaltó el comité que, el 21 de noviembre de 2014, se detuvo a Montes Bautista, quien a sus 25 años fue aprehendido bajo los cargos de: motín, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación.
El gobierno del estado aseguró que su arresto se suscitó para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH, pues se le acusaba de ser el instigador de su comunidad en los hechos del 9 de julio; el 4 de septiembre de 2016, el exedil auxiliar abandonó la prisión y meses después, el organismo nacional encargado de velar por los derechos humanos, informó que las recomendaciones se daban por cumplidas.
“Chalchihuapan refleja la tragedia a la que todo ciudadano queda expuesto al encontrarse bajo la suma de factores inadmisibles, un gobierno autoritario, la falta de contrapesos políticos, representantes de instituciones colocados ‘a modo’ lejanos a un genuino sentido de servicio y búsqueda de justicia”, mencionó la organización.
Piden pago de indemnización
Por ello, el comité reiteró su petición a Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo de Puebla, abrir el expediente y hacer cumplir los puntos faltantes de la recomendación de la CNDH, como la de sancionar a los servidores públicos, pago de indemnización a afectados, pruebas balísticas y diálogo con las organizaciones.
Asimismo revisar y, en su caso, cancelar aquellas leyes y disposiciones que laceran el bienestar de los poblanos, tales como: la Concesión de Agua, la ley de expropiación exprés y la ley antigraffiti.
El 9 de julio de este año, la madre del menor indicó que también pedirá a Barbosa Huerta abrir el caso y cartigar a los verdaderos responsables, en alusión a al exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas Rosas, y exfiscal General del Estado (FGE), Víctor Carranca Bourget; el primero señalado como responsable de encabezar el operativo para liberar la autopista Puebla-Atlixco de la manifestación y, el segundo, por hacer creer que fueron balas de goma las que se utilizaron durante el operativo.
