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Decreto de Sosapatex omite a consejos ciudadanos y facilita contratos con IP

Ayuntamiento de San Martín sostiene que no se privatizará el agua

Decreto de Sosapatex abre puerta a privados y omite a consejos ciudadanos. Foto: Google maps

La iniciativa de decreto para renovar el Sosapatex, impulsada por el ayuntamiento de San Martín Texmelucan ante el Congreso del Estado, omite a los consejos ciudadanos de juntas auxiliares en el manejo del agua y facilita contratos con empresas.

En el documento, aprobado en sesión del Cabildo texmeluquense del 14 de mayo, a cuya acta tuvo acceso Ángulo 7, la alcaldesa de San Martín, la morenista, Norma Layón Aarún, plantea crear un nuevo organismo descentralizado para operar vital líquido en el municipio y derogar el decreto del Sosapatex, promulgado en 1995.

Aunque mantiene el nombre de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Texmelucan (abreviado hasta ahora como Sosapatex), los cambios relevantes se enfocan en el consejo de administración, integrado sólo por funcionarios municipales y presidido por el acalde en turno, quien detenta la facultad de nombrar y remover al director.

De acuerdo con el considerando IX del documento, el consejo deberá ser “acorde a las necesidades actuales del municipio” y estará “dotado de facultades para formular y ejecutar las actividades propias del sistema operador”.

Consejo administrativo, bajo control de alcalde

Omar Jiménez Castro, síndico suplente del ayuntamiento de Puebla y abogado de la Asamblea Social del Agua (ASA), criticó en entrevista que Layón Aarún pretenda “centralizar” el manejo del vital líquido en este consejo y designar a sus miembros.

Y es que el artículo séptimo establece que este consejo “estará integrado por: I. Un Presidente del Consejo, que será la (el) Presidente Municipal; II. Un Presidente Ejecutivo, que será el Secretario General del Ayuntamiento; III. Un Director General, nombrado por el Presidente del Consejo; IV. Un Secretario, nombrado por el Presidente del Consejo”.

A ellos se suman “V. Cinco vocales (todos directores de área del ayuntamiento), y VI. Un Comisario, que será el Contralor Municipal (además de los suplentes de cada uno)”.

No se contempla a ninguno de los consejos ciudadanos que administran el agua en las 11 juntas auxiliares de San Martín, lo cual Jiménez Castro considera una violación a los usos y costumbres constitucionales, mediante los cuales las comunidades administran el agua.

De hecho, en el considerando VI, se plantea que el nuevo sistema operador “norme y regule todos los usos del agua en el municpio, incluyendo a las juntas auxiliares que en este momento se encuentran fuera de la normatividad ambiental”.

No se acotan relaciones con IP, advierten

Jiménez Castro advirtió también que las facultades del nuevo sistema no están debidamente acotadas en cuanto a la relación con empresas, lo cual considera que abre el camino a la privatización del agua en San Martín.

Al enumerar las facultades del organismo, la iniciativa de decreto indica, en la fracción VII del artículo tercero, que puede “celebrar convenios de colaboración y coordinación para la prestación de servicios, de conformidad con los ordenamientos aplicables”.

Al respecto, el activista comentó que “el director general del sistema, que será designado por ella (Norma Layón), podrá celebrar cualquier tipo de contrato; no hay ninguna limitante ni lo acota en absolutamente nada”.

Esto, pese a que el pasado 30 de junio, en mese de trabajo con opositores a su iniciativa, el ayuntamiento reiteró que no busca privatizar el agua y se comprometió a enviar un exhorto a los diputados locales para que ningún apartado deje abierta esta posibilidad.

No es la forma de mejorar el sistema, señalan

En la propuesta de la alcaldesa morenista, también resalta que, entre las justificaciones para renovar el Sosapatex, sostiene que el servicio de agua y alcantarillado “puede prestarse con mayor eficiencia”, pero el organismo actual no tiene la capacidad de hacerlo.

Considera que “carece de los elementos técnicos” para adecuarse a las políticas de crecimiento ordenado del municipio, pues “está conformado por personas ajenas a la Programación de Desarrollo Sustentable del Municipio, creando disparidad en las acciones”.

Paralelamente, el ayuntamiento también ha acusado ante medios de comunicación arbitrariedades e incluso presuntos desvíos de recursos por parte de Raymundo Martínez Montes, director saliente del sistema, tras una auditoría aplicada al Sosapatex.

Ante estos señalamientos, Jiménez Castro reviró que la “privatización” que pretende la edil “no es la forma de solucionar los problemas”, pues se alinea con el neoliberalismo y va en contra de los principios de la cuarta trasformación, que defiende la coalición que la postuló.

Refirió que, para el caso de las normas ambientales a las que dice que no se adecúan las juntas auxiliares, debería privilegiar el diálogo con las comunidades y solicitar que los asesore la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Respecto a las presuntas irregularidades del consejo administrativo saliente, aseveró que la acaldesa debe presentar pruebas y, en todo caso, solicitar la intervención del Congreso del Estado.

Sobre Luis Alberto Palacios @amanic86

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