Cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron pública su oposición a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que sus sueldos y prestaciones no fuesen disminuidos, corrió la burla popular de que confundían división de poderes con tres repúblicas; sin embargo, el paso del tiempo y sus actuaciones judiciales parecen ir corroborando que ya se asumen, no como uno de los poderes en que se divide el Supremo Poder de la Federación, sino como un poder paralelo con intención y aspiraciones de cogobernar la República en abierta oposición al modelo propuesto por el actual titular del Ejecutivo. El hecho sólo es explicable en el marco histórico creado por la llegada electoral de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república y el desplazamiento de los más conspicuos representantes del prian y los beneficiarios económicos de su poder; quienes, alejados de la gran fuente de negocios que les proveía el control del Estado, están haciendo todo cuanto su poder económico e influencia política les permite y, por todos los medios, conspiran para intentar retomar el poder perdido.
Una estrategia se teje con la SCJN como ariete. Sus integrantes, los ministros designados por Fox, Calderón y Peña; por obvia razón, rechazan la Cuarta Transformación. Decidieron conservar sus privilegios y constituirse en el bastión de poder donde encontrarán refugio, cobijo y protección todos aquellos oscuros personajes que brillaron por el fulgor de sus corruptelas que, ahora, frente al esfuerzo anticorrupción emprendido por el gobierno federal, deviene característica distintiva utilizable como lazo de unión y concentración de todas las fuerzas opositoras al mismo. En la SCJN está el poder de la oposición. Sus resoluciones judiciales sobre problemas candentes como aeropuertos, gasoductos, exservidores públicos acusados de corrupción, líderes sindicales, etc., que obstruyen y contradicen los planteamientos sociales, jurídicos, políticos, y económicos del nuevo gobierno de la República, van en esa dirección. Se parapetan, disputando el poder y su ejercicio, en el universo de posibilidades que permite la interpretación jurídica de la legislación heredada para su aplicación.
El mecanismo de integración de la SCJN y su actuación jurisdiccional, están poniendo al descubierto una falacia ideológica acerca del poder judicial en el Estado moderno: que la designación de los ministros por el periodo de 15 años, determinante de su inamovilidad, representa la garantía de independencia de criterio para el desempeño de su función, sin la intromisión de los otros poderes. La SCJN está demostrando que el mecanismo de designación de ministros, la extracción política de éstos, y el periodo de su ejercicio se establecen para conservar un poder del Estado, para el sistema político dominante y los poderes fácticos, en previsión y prevención de una derrota electoral en elección presidencial y de congreso. Un poder no votado es poder conservado cuya utilidad es variada: confrontar al nuevo Ejecutivo y Legislativo, proteger corruptelas y corruptos de pasadas administraciones, y propiciar la reagrupación y reorganización de las fuerzas políticas desplazadas que buscan retornar al poder supremo. El método básico de acción es someter todas las decisiones del poder ejecutivo y sus dependencias, a juicios de constitucionalidad. Conceptos de la teoría política como inconstitucionalidad, legalidad, estado de derecho, justicia, y derechos humanos; serán el caballo de Troya lingüístico cuyo interior será llenado por la Corte con la peculiar interpretación jurídica que satisfaga los intereses de facción que representa. Decisiones trascendentes para la vida pública del país serán tomadas por la SCJN. A cada acción de la Fiscalía de la República para sancionar a responsables de corrupción, seguirá una reacción de la Corte para proteger, usando aquellos conceptos, los intereses de los señalados.
El activismo político de los ministros enfrenta las dificultades inherentes a su condición antidemocrática de poder público que no dimana del pueblo, al no haber sido electos por voto popular. Este déficit de legitimidad pretenderá ser cubierto con el discurso de “la justicia” que se intenta arraigar entre la población mediante las posibilidades que brinda la judicatura. La difusión ideológico-política quedará a cargo de su recién creado canal de televisión Justiciatv. La labor social de señalar al Presidente de violar la constitución y los derechos humanos correrá por cuenta de la CNDH cuya febril actividad actual, contrasta con la lerda actitud mantenida frente a los actos violatorios de derechos humanos, en algunos casos de lessa humanidad, cometidos en anteriores administraciones. La dupla CNDH-SCJN tendrá la tarea de tales señalamientos y de hacerlos permanecer en el tiempo, para fijarlos en la conciencia social para desgastar la figura presidencial.
Otros espacios de poder que fueron, paulatinamente, sustraídos del voto popular, y ocupados por designación, son los denominados organismos “constitucionales autónomos” que, ahora se ve, conforman otras parcelas de poder estatal conservadas por el régimen político desplazado. En la confrontación de poder que encabeza la SCJN, los titulares de esos órganos intervienen en sus respectivas áreas de influencia política y mediática para discrepar y cuestionar públicamente las medidas que toma el Ejecutivo, incómodas o contrarias al interés de los dueños del capital nacional o extranjero. En otro ámbito, el factor de fuerza pública del Estado pretenderán colapsarlo mediante los conflictos que generan a través de elementos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, desarrolladas por Felipe Calderón y Enrique Peña, respectivamente, inconformes por su traslado a la Guardia Nacional. Otras medidas, encaminadas al mismo fin, se vienen gestando. El presidente del Tribunal Electoral federal, está proponiendo abrir las elecciones a financiamiento privado; y el INE, en acción poselectoral se dedica a imponer multas millonarias a Morena y sus aliados.
Los poderes fácticos ponen su grano de arena. Contrarrestar la información y sentido argumental de las conferencias mañaneras, realizar análisis parcial, sesgado, tendencioso de los paradigmas de la acción de gobierno, están encomendados a la televisión privada en sus noticieros y programas de opinión en los que, día con día, se ejerce una labor de contrainformación, amplificación de yerros, y cuestionamiento basado en el endiosamiento de las recetas que aplicarían los gobiernos anteriores y la satanización de López Obrador por no seguirlas. El control de la gestión económica se ejerce, para acotarla, por múltiples vías: la descalificación empresarial del Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex; de la BMV; de calificadoras de crédito, y los pronosticadores del crecimiento de la economía nacional. Papel esencial en esta tarea juegan, la privatización de los activos del Estado y el exorbitante nivel de deuda pública contraída deliberadamente para amarrar la acción social de AMLO y convertirle en simple pagador de deudas del Estado mexicano, con la finalidad de hacer caer sus promesas de campaña. Un novísimo “sector popular” de apoyo al poder de la SCJN se irá configurando con los integrantes de las marchas antilópez que, de inmediato, piden la renuncia del Presidente de la República.
En este espectro de acción de fuerzas políticas y sociales que podrían, en determinadas circunstancias, converger en derredor del poder de la SCJN, surge ahora el caso de corrupción atribuido al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, relacionado con la compra irregular de la empresa Agro Nitrogenados. La curiosa, cuanto extraña, estrategia de defensa legal que desarrolla su abogado Javier Coello Trejo, acredita que mientras en descargo de la responsabilidad de su cliente, propone oír los testimonios del expresidente Enrique Peña y del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray entre otros; una juez de distrito, el pasado 8 de julio, le negó esa posibilidad de prueba. Por ello concluye: <<Con todo respeto veo que están protegiendo a esta gente>>. La reciente detención del abogado Juan Collado y la revelación pública de los personajes que concurrieron, días antes, a la boda de su hija; como hecho en sí mismo, da idea cabal de lo que significa que un pequeño grupo político poseyera en monopolio los cargos más importantes del Estado mexicano; y que, después de su derrota electoral, ese mismo grupo permanezca en el control político de la SCJN para labor de confrontación. A esa boda concurrieron, por lo menos, tres ministros: Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez; y tres personajes emblemáticos: Carlos Salinas, Diego Fernández y Enrique Peña. ¿Qué resolución tendrán los conflictos de Emilio Lozoya y Juan Collado en el máximo tribunal? Las sentencias se dictarán ¿condenando o absolviendo? Bien decía Hans Kelsen, el problema de la interpretación jurídica no atañe al derecho…
Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de julio de 2019.
José Samuel Porras Rugerio
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