La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que policías estatales de Morelos ejecutaron arbitrariamente a seis personas, incluidos dos menores de edad, en los límites de Temixco y Cuernavaca, Morelos, el 30 de noviembre de 2017.
Tras su investigación, determinó que derivado de tres operativos que causaron un enfrentamiento armado entre civiles y policías, personal de la Comisión Estatal de Seguridad allanó las casas de las víctimas; detuvo arbitrariamente a siete personas, incluido un adolescente; y lesionó a cuatro personas, incluidos dos infantes.
Asimismo, incurrió en dilación en la puesta a disposición ante el Ministerio Público (MP) del Fuero Común en Cuernavaca, y colocación deliberada de arma de fuego e indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.
Por lo anterior, emitió la recomendación 21VG/2019 al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien debe reparar el daño a los familiares de las víctimas, los lesionados y a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados; además, los familiares de los fallecidos deben ser inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Médico no emitió dictámenes correctamente
Le pidió colaborar en las investigaciones ante la Fiscalía y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad para identificar a los agentes responsables y a sus superiores, así como contra el médico de la dependencia por imprecisiones en los dictámenes de las lesiones de dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas, que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro menores.
De igual manera, deberá ayudar en los procedimientos contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación que de manera deliberada colocaron un arma de fuego e indicios balísticos.
Además, deberá implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con las autoridades municipales mecanismos de participación ciudadana y atender el desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justica.
Uriel Carmona Gándara, fiscal General de Justicia, continuará con la integración de las investigaciones de los homicidios para que se sancione a los responsables, así como la manipulación de tres cadáveres, acompañará a la CNDH en la queja ante la Visitaduría General del organismo, por omisiones y contra el médico forense, por imprecisiones en las necropsias de seis personas.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales