Fernando Manzanilla Prieto, titular de la SGG, señaló que, durante el morenovallismo, los contratos de obra pública y concesiones se otorgaron con “sospechosismo”, y reiteró que en el caso del agua será el gobierno entrante el que decida qué procederá.
En entrevista realizada este viernes, al término de la colocación de la primera piedra del Centro de Convivencia Familiar, el funcionario estatal manifestó que todos los contratos de la administración de Rafael Moreno Valle comparten la característica de que no derivaron de procesos transparentes y se hicieron en poco tiempo.
Al referirse a la concesión que se dio a la empresa Agua de Puebla, en 2013, refirió que todo se hizo en un periodo de tres meses, cuando contratos así en otros estados tardan mínimo seis meses, a fin de que se haga un correcto análisis.
Sostuvo que en estos casos debe abrirse un concurso no solo nacional, sino internacional, para que se pueda conocer a las empresas que participan, el tiempo que tienen en el mercado, ver sus propuestas y con base en ello tomar una decisión.
Barbosa tomará decisión cuando asuma
“Él (Miguel Barbosa Huerta) no puede avalar un contrato que no conozca. ¿Qué es lo que se va hacer?, pues tomar una decisión en lo que corresponde a lo jurídico, financiero y técnico del contrato, pero será una vez que inicie el nuevo gobierno”, expuso.
Ante la pregunta sobre que el Congreso local también tiene injerencia en el tema, debido a la reforma que plantea hacer, respondió que le parece bueno que haya otros actores que opinen al respecto, como en el caso del Cabildo de Puebla, “pero la concesión fue otorgada por una administración estatal”.
Y es que remarcó que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) es un organismo que le compete al estado, con responsabilidad y financiamiento estatal, ya que al año se destina 200 millones de pesos para pagar la deuda que tiene.
