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Penalizar el aborto muestra crudamente, el atraso intelectual, cultural y político que poseemos como sociedad, la hipocresía de las arengas sobre igualdad, paridad, equidad de género y la insinceridad de la proclama de no violencia hacia mujeres y niñas. Los defensores de la penalización, son muestra viva de tales atrofias. ¿Quién conoce exactamente las circunstancias concretas que atraviesa la vida de cada mujer que toma la trágica decisión de practicarse un aborto? Ese conocimiento sería necesario para emitir un juicio de valor sobre tal determinación. Nunca ha sido lo mismo estar en el ruedo, que ver los toros desde la barrera. Sólo el que carga el costal sabe lo que lleva dentro. En estos días en que, legislativamente, se discute el asunto de la despenalización, o no, del aborto; algunas notas periodísticas dan cuenta que en Puebla hay veinticuatro mujeres que, pasando por la prisión, enfrentan una sentencia; o, procesadas, están en espera de ella; derivada de haber decidido que, en las específicas condiciones de su vida, en ese momento, no era prudente traer un hijo al mundo. Abortar no es un deporte, pasatiempo o hobby; es una tragedia humana.

La crítica ciega, despojada de toda sensibilidad y comprensión del hecho, opta por hacer de esta tragedia un motivo de linchamiento. El simplismo y chabacanería con que algunos diputados ¡¡y diputadas!!, abordan el tema dedicándose a lanzar epítetos zahirientes, mofas, creencias particulares, anatemas, etc., hacia las mujeres; les resulta más cómodo y redituable políticamente, que ponerse a trabajar en investigar, documentarse, analizar y pensar sobre las causas por las que la cuestión del aborto ha adquirido naturaleza de problema social. Mujeres y hombres estamos obligados a reflexionar seriamente, qué sentido tiene hablar, enaltecer y afirmar que se busca lograr paridad y equidad de género; empoderar a la mujer; igualarla socialmente; condenar la violencia de todo tipo contra mujeres y niñas; para, luego de exaltar esos conceptos convertidos discursivamente en símbolos de supuesto avance social, descender a la terrible condena legal y moral a que son sometidas las mujeres que enfrentan la tragedia del aborto. ¿Qué relación lógica guardan aquellas rimbombantes expresiones, con la decisión triste, fatal, agobiante, trágica y quizá solitaria de una mujer que se ve orillada al aborto? Para elogiar las bondades del discurso de empoderamiento, paridad, equidad, no violencia, e igualdad de las mujeres en sociedad, todas son mayores de edad y en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En su decisión de abortar, ¿son irresponsables, inmaduras, menores de edad, y deben quedar sujetas a interdicción civil y política? Es una contradicción insostenible.

Como legisladores que pretenden normar una conducta social las diputadas y diputados están obligados a considerar, al margen de sus opiniones personales, lo que establece la Constitución General de la República que, en su toma de protesta al cargo, juraron cumplir y hacer cumplir. Por representar una eventualidad en la vida de las personas, el tema se dispone en perspectiva de la responsabilidad en la creación de la familia. El artículo 4º establece las premisas fundamentales con las que debe abordarse este lacerante problema. “El varón y la mujer son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Entonces, por qué razón el aborto se considera y trata como un problema de responsabilidad exclusivo de las mujeres. Salvo el caso de inseminación artificial, en toda concepción han participado una mujer y un hombre. ¿No es acaso discriminación de género penalizar únicamente a las mujeres por abortar? El segundo párrafo del artículo dice: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. Las mujeres, ¿no son personas? Estos derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de responsabilidad para decidir número y espaciamiento de hijos, ¿no aplican a las mujeres que llegan a tan drástica determinación?

Los grupos interesados en el tema, auténticos o hechizos, en cada ocasión que se toca hacen todo lo posible por convertirlo en un desaguisado imposible de racionalizar, con objetivo de mantener la penalización. Recurren a la parcialidad –no en sentido de favoritismo, sino de analizar una parte y no el todo- de sus aportaciones al mismo. Las perspectivas basadas en creencias religiosas, terminaron por quedar desprovistas de todo amor cristiano hacia la mujer por, presuntamente, volcarlo hacia el producto. La parcialización, generadora de encendidas e inútiles discusiones, parece tener interés específico en el ocultamiento del fondo: el carácter socialmente económico de la penalización del aborto. ¿Cuál de todas las 24 presas por abortar, procesadas o sentenciadas, proviene de una familia ya no digamos rica sino simplemente acomodada? ¿Qué preparación escolar tienen? ¿Alguna de ellas es artista, empresaria, funcionaria, mujer de negocios, tenedora de acciones?

Es necesario tirar la máscara y reconocer que al penalizar el aborto, se castiga realmente la pobreza económica de las mujeres. Este problema no se percibe ni se discute en las altas esferas sociales; nadie, por ello, puede decir que allá no ocurra el fenómeno. Se le da el tratamiento que permiten las posibilidades económicas y asunto arreglado. La discusión queda reservada, entonces, para el proletariado; para la capa humilde de la escala social. Se torna, por ello, una discusión, económica y políticamente, clasista e interesada. ¿Interesada en qué? En la preservación del ejercito industrial de reserva. Todo nuestro edificio social descansa sobre un modelo de producción basado en el trabajo asalariado. La revolución tecnológica incorporada a la producción convierte a los asalariados en apéndices de máquinas que solo exigen operaciones sencillas y monótonas de fácil aprendizaje. Mantener salarios fluctuantes, abaratar la fuerza laboral, y contener los salarios en niveles de mínima subsistencia que garanticen altas tasas de ganancia empresarial; requiere que el proletariado se reproduzca para generar la competencia por los puestos de trabajo que posibilita disminuir la oferta de salario a los trabajadores.

Una sociedad profundamente enferma que ve la desaparición, trata, violación, maltrato y asesinato de las mujeres como parte integrante del paisaje cotidiano sin inmutarse; no cuenta con los elementos éticos de juicio suficientes para emitir condenas lapidarias sobre la tragedia que encierra la práctica del aborto. La penalización tiene que recaer en delincuentes, no sobre mujeres indefensas, presas ya de sus propias condiciones de vida. Si queremos mostrar respeto por la mujer, el aborto debe salir de la regulación del código penal; y pugnar por que el Estado otorgue la atención hospitalaria integral sin costo que amerite cualquier intervención médica en casos de esta naturaleza. Familia, educación y trabajo harán el resto de la tarea para lograr que la mujer sea libre.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 7 de julio de 2019.

José Samuel Porras Rugerio

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