La oposición que han mostrado ciertos grupos, como el PAN, a la remunicipalización del servicio del agua es porque tienen “interés económicos” con la empresa concesionaria, a pesar de que saben que la operación del vital líquido ha sido “pésima”.
Así lo señalaron, en rueda de prensa, la regidora con licencia, Rosa Márquez Cabrera y el exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, quienes indicaron que la aprobación del Cabildo la semana pasada para iniciar con la revocación de la concesión es el primer paso para regresar la operación del agua a las autoridades.
Márquez Cabrera sostuvo que Agua de Puebla es buena pero para hacer negocios, más no para brindar el servicio a los ciudadanos, por ello cuando inició la administración se determinó anular el contrato que se firmó, pues reiteró que no se sabe bajo qué condiciones se pactó.
Indicó que no es solo una responsabilidad del ayuntamiento este proceso, ya que deben trabajar otras instancias como el Congreso local, en donde ya se mandó la iniciativa aprobada en el Cabildo, además de que trabajarán de la mano con el gobierno entrante sobre el tema.
Insistió que se tiene un análisis sobre la vialidad de la operación, no solo en la Comuna, sino también con extrabajadores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), que conoce la situación y organizaciones, a fin de estudiar el tema desde todas las aristas y en base a ello hacer las acciones correspondientes.
“Llegamos a la conclusión de que esto no podía seguir así y que teníamos que iniciar el proceso para acabar con la concesión, esto también nos parece importante que no es una lucha aislada y sola y que ha venido acompañándose con el reclamo de varios sectores”, pronunció.
Agua de Puebla dejará deuda futura, afirman
En tanto, Castillo Montemayor refirió que la naturaleza del PAN es la privatización y es legítimo que lo haga, por ello están defendiendo la del servicio del agua, porque tienen intereses económicos, al resaltar que “alguien” les está pidiendo que actúen de esa manera para que no se vean afectados.
Recriminó que a pesar de todas las irregularidades que se han reportado de Agua de Puebla que muestra al “ineficiencia total”, tanto operativa como financiera, haya quienes estén peleando porque se le dé continuidad a la concesión otorgada en 2013.
Recordó que en su momento se dijo que se pagaría la deuda histórica que tenía el Soapap, pero ahora se tendrá un pasivo a futuro que terminarán pagando los ciudadanos, ya que mil 468 millones que iba aportar como contraprestación fue a través de un crédito pedido a Grupo Financiero Monex a un plazo de 5 años generando intereses.
“La ineptitud en la operación, la mala calidad del agua, el deficiente servicio y eso nadie de los que defienden la concesión se ha preocupado por ello, ninguno de los que la defienden le ha entrado a ver cómo se puede mejorar el saneamiento y servicio de agua que merecen los poblanos”, puntualizó.
Por ello, asentó que hay elementos suficientes para fincarles responsabilidades a la firma hídrica y cobrarles por los daños ocasionados a los ciudadanos, pues a la fecha a pesar de que se dijo que se iba a mejorar el servicio hay quienes siguen comprando pidas para tener agua.
Revocación es viable, pero no remunicipalización
Por otra parte, el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, mencionó que la revocación del título de concesión es viable por los incumplimientos en que ha incurrido la empresa, sin embargo remunicipalizar el servicio no sería posible a corto plazo.
Lo anterior, tras encabezaron una marcha en la que participaron unos 50 ciudadanos de diversas colonias del municipio y que concluyó en el Congreso local para entregar 11 mil 500 firmas, de habitantes de al menos 250 demarcaciones de la capital que respaldan la solicitud para que desde el poder Legislativo se impulse dicho tema.
El legislador refirió que el costo del servicio de agua potable incrementó en un 400 por ciento y hay al menos 83 colonias en la zona norponiente que él representa como diputado que carecen del vital líquido, por lo que recuren a comprar pipas con un costo de entre 400 y 500 pipas.
Agregó que desde que se otorgó su administración a la concesionaria, la empresa ha fallado en las inversiones pactadas para mejorar el suministro y sanear las aguas residuales, motivos suficientes para revocar el contrato.
“Puede haber una penalización si el tema jurídico no se maneja, pero hay suficientes causales para dar por rescindido o terminado el contrato sin causa justificada para el gobierno del estado”, concluyó.
