Siendo una cuestión claramente definida en nuestra Constitución Política, la discusión del tema del agua ha sido reducida al ámbito de las disputas partidistas entre quienes dejaron de ser gobierno y quienes están llegando al cargo. El nivel argumentativo ha disminuido alarmantemente al ámbito de lo rijoso electoral y, por lógica consecuencia, los senderos discursivos se han alejado de la problemática esencial y las soluciones que deben buscar, no solo los partidos sino la sociedad en su conjunto: si el agua debe seguir siendo artículo u objeto de comercio; si continúa susceptible de control privado; y, si su manejo debe utilizarse como fuente de poder, control o manipulación políticos frente a la población. Que la discusión tenga visos de disputa y no de un debate de altura, se debe a dos distorsiones mal intencionadas: una, el control privado del agua ha sido puesto en categoría de elemento de ejercicio de poder político; y, dos, no se establecen planos específicos de discusión sobre el tema.
La primera, surge a fuerza de elevar las tarifas de pago, maltratar a los usuarios inconformes, y dar cortes del servicio a opositores al esquema privatizador; es decir, el mismo trato que antes se dio a los presos políticos, trasladado a los usuarios del servicio de agua. La empresa Concesiones Integrales S.A de C.V., se vio obligada, frente a la creciente inconformidad ciudadana, a crear un lema que disfrazara un poco su voracidad en la explotación de la mina de agua obtenida en concesión: <<Agua de Puebla para todos>>. Como todo lema comercial, no expresa una virtud democrática como parece sugerir el “para todos”, pues omite aclarar que el agua queda reservada “para todos” los que puedan pagar las exorbitantes tarifas impuestas desde su entrada en operación como concesionaria. Todos sus actos la transformaron en “Constricciones integrales” al utilizar el corte de agua y drenaje a mansalva como instrumento de poder represivo contra morosos derivados del alza de tarifas y opositores, quienes son privados de tales servicios sin oportunidad de oírles en su defensa, además, de sufrir los maltratos del personal encargado de atender las quejas de los usuarios. Aquí, sí saben cómo tratar a los usuarios que defienden el agua para su hogar. Su régimen legal corporativo ahora reza: Suministramos Agua, para que Compre Vida (S.A. de C.V.).
La segunda distorsión deriva de que no se debate el tema sobre el objeto; se disputa la posesión del objeto. Con ánimo de aportación al debate sereno y reflexionado, la agrupación civil poblana Asamblea Social del Agua (ASA), se ha esmerado en buscar, encontrar y difundir para los ciudadanos, todos los instrumentos jurídicos -constitucionales, legales y convencionales-, que otorgan al servicio de agua y saneamiento carácter de derecho humano, asunto de Estado, y condición de servicio público; bajo el entendido lógico, como plano primario de debate, que la consideración y respuesta esencial sobre la cuestión del agua, debe buscarse en el orden jurídico vigente establecido en la Constitución política del Estado mexicano; donde el respeto a la legalidad derivada de esa constitución, determina la vigencia del Estado de derecho al que toda la sociedad debe apegarse para lograr una sana y armoniosa convivencia social. Es prolija la cantidad de instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que han recabado y hecho públicos en apoyo y sostén de su propia lucha social en favor de la conservación del agua como patrimonio colectivo. Éste aporte de la ASA parece no ser bien apreciado, especialmente por quienes desean mantener al agua como instrumento de poder y objeto de negocios privados.
En la disputa se han enfrascado las representaciones partidistas, Morena y PAN, que enarbolan las posturas discrepantes sobre el agua y, también, el destino próximo de Puebla como entidad, y de México como nación. A diferencia del debate que requiere del establecimiento previo de un plano de discusión, en la disputa se lanzan argumentos de todo tipo sin importar naturaleza discursiva ni pertinencia al caso. La posición política del PAN ha sido expuesta en voz de la regidora Augusta Díaz de Rivera, vehemente defensora de la privatización, quien admite ante la prensa que “constitucionalmente la administración [del agua] le compete al ayuntamiento”. Sin embargo, en apoyo de la administración privada del vital líquido, esgrime estos argumentos: a) la revocación del título de concesión a la empresa que administra el servicio del agua, es un tema electoral de Morena que busca “venderle espejitos” a la ciudadanía; b) su preocupación por los mil 300 empleados que se quedarían sin trabajo si se cierra la empresa; c) no podemos iniciar la remunicipalización sin saber cuánto nos costará; d) el gobierno de la ciudad tendría que pagar una indemnización a la empresa por los 25 años restantes, como marca el título de concesión; e) en el PAN lo que queremos es defender al usuario del agua; f) teme que en el caso de la revocación del contrato a la empresa, en Puebla se inicie un proceso ilegal similar como el que ocurrió en el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México; g) cuánto costaría en términos económicos saber si el ayuntamiento está capacitado para administrar el servicio; h) la empresa pagó mil 400 millones de pesos cuando entró a hacerse cargo de la gestión; i) se iniciaría un litigio muy largo, que pondría en riesgo la inversión en el servicio y hasta su posible suspensión. Bajo esta lógica llega a la conclusión que: i) Lo más civilizado es apretar la tuerca a la concesionaria porque tiene muchas fallas; ii) debemos avocarnos a eso y dejarnos de sensacionalismo y populismo; iii) Por estas y otras razones, la bancada del PAN votó en contra de la revocación del contrato; iv) la solución es firmar un segundo título de concesión a Agua de Puebla con nuevas reglas para que haya mayores inversiones. (http://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/segundo-contrato-pan/).
Acción Nacional pretende mantener la privatización, aunque tenga muchas fallas. Es, para ellos, lo civilizado; es defender al usuario del agua. ¿Qué tan civilizado es vender el agua y usarla como mecanismo de represión y control político? En esos planteamientos sobresale una contradicción evidente que la señora Díaz parece no advertir o negarle importancia. Su reconocimiento abierto de que constitucionalmente la administración del agua compete al municipio, en el plano de la legalidad y el estado de derecho, ofrece la respuesta que resuelve la problemática en que el panismo metió a los poblanos al privatizar el agua violando la Constitución. Las demás inquietudes fácticas se resuelven en función de ella. Hasta antes de la privatización, el servicio del agua lo prestó el municipio; funcionaba bastante bien, y no se cuestionaba si tenía capacidad para administrarlo. Ahora, puestos en la disyuntiva de elegir entre lo público y lo privado, todos debemos ceñirnos a lo que dispone la Constitución de la República so pena de enredarnos, como sociedad, en múltiples cuán mezquinas y estériles disputas como ésta que hoy nos divide por el control del agua.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de junio de 2019.
José Samuel Porras Rugerio
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