Servicios gratuitos en los juzgados del Poder Judicial y evitar el cobro injusto de copias certificadas de 2 pesos y discos de información de expedientes de 50 pesos por cada uno, plantea la diputada María del Carmen Cabrera Camacho.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT) presentó la iniciativa de decreto por que se derogan las fracciones V, VI y VII del artículo 86 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, en la que plantea que aunque la justicia debe ser igualitaria y gratuita, no siempre es así.
Explicó que se exige una cuota por la obtención de copias certificadas de los asuntos o expedientes que se tramitan en los diversos juzgados que dependen del Poder Judicial del Estado de Puebla.
Cita el artículo 86 que, con fecha del 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 que señala que los derechos por los servicios prestados por el Poder Judicial de Puebla se pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
Por copia autorizada o certificada de audiencia dentro de los procedimientos jurisdiccionales, por cada disco son 50 pesos, mientras que por la expedición de copias simples de documentos y por certificación de documento son 2 pesos.
Lo anterior también significa un obstáculo para acceder a la justicia, por lo que pidió derogarlos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente.
Sueldo de 40 mp a jueces retirados
Por otra parte, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano (MC) propuso reformar y derogar disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para que una vez que se retiren, los jueces de primera instancia sigan disfrutando de una percepción temporal que les permita vivir “dignamente”.
El legislador aclaró que, con las modificaciones a la ley, se propone que los jueces perciban un sueldo neto mensual al 100 por ciento de 40 mil pesos durante los dos primeros años posteriores a su retiro y un estimado del 70 por ciento (28 mil) de su sueldo durante los siguientes cinco años.
Morales Álvarez precisó que la percepción podría ser retirada en caso de que el juez se desempeñe laboralmente en cualquier otro de los Poderes del estado, salvo las actividades docentes, científicas, literarias u honoríficas.
Prohibir publicidad sexista en transporte
En tanto, la priista Rocío García Olmedo solicitó que, por ley, se prohíba la publicidad o propaganda impresa con contenidos que muestren estereotipos sexistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres, en los costados o frente de cualquier vehículo destinado al servicio público de transporte.
Entendiéndose como publicidad sexista, aquella que presenta hechos, acciones, símbolos y expresiones basadas en estereotipos de los roles de género que atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de animadversión o cualquier otra forma de discriminación hacia el género femenino.
Estas últimas iniciativas fueron enviadas a las respectivas comisiones, donde se analizarán.
Cabe mencionar que, el mes pasado, el Congreso avaló prohibir este tipo de publicidad en negocios.