En Puebla, el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, percibe un salario mensual de 151 mil 101.5 pesos, superando los 138 mil 587.5 pesos que gana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior de acuerdo con una investigación elaborada por Laurence Pantin, Gustavo Marín y Diana Mejía de Proceso y que fue publicada en la plataforma México Evalúa.
El análisis añadió que el sueldo de magistrados y jueces en Puebla respeta el tope salarial presidencial, pues los primeros ganan hasta 94 mil 288.96 pesos y los segundos 50 mil 556.65 pesos.
Respecto a diferencia entre salarios, el estudio observó que la remuneración de un magistrado en Jalisco (193 mil 266.44 pesos) es dos veces mayor que en Puebla (94 mil 288.96 pesos).
Hay que recordar que el pasado 6 de noviembre de 2018, entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que determina que ningún funcionario público federal puede ganar más que el presidente.
En este tenor, funcionarios del Poder Judicial han considerado que la decisión del mandatario de marcar su propia remuneración como el límite salarial para todos los servidores públicos –la Administración Pública Federal, sí, pero también los órganos autónomos y el Poder Judicial– representa un ataque a su independencia.
“Son ofensivos los salarios”
Por su parte, López Obrador, declaró en diciembre de 2018 que “son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y, de manera particular, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales”.
Los realizadores de dicha investigación criticaron que la mayoría de los poderes judiciales no quieren airear los montos de las remuneraciones de sus funcionarios. Explicaron que al 24 de mayo muchos poderes judiciales no habían reportado la información correspondiente a las remuneraciones del primer trimestre de 2019. Algunos también habían incumplido con su obligación de reportar la información correspondiente a 2018.
Señalaron que el formato que usan para reportar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia no facilita en lo más mínimo el cálculo de las remuneraciones. Quizás por ello, los mismos funcionarios cometen errores a la hora de ‘llenarlos’.
En otros casos, reportan información parcial, y si reportan toda la información, suelen omitir el número de identificación del funcionario al que le corresponde el monto de prestaciones, acotaron.
Cabe mencionar que pasado 20 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y algunos senadores de oposición contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
