Pese a que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Nora Merino Escamilla, se comprometieron a legislar contra la privatización del agua, hasta la fecha su trabajo es exiguo y no contundente.
Pareciera que recibieron algún beneficio de la concesionaria Agua de Puebla o tienen algún interés con la empresa, pues pese a que deben liderar –por las comisiones que representan– el trabajo legislativo para garantizar a los ciudadanos el derecho al agua, no lo han hecho y siguen habiendo cortes inconstitucionales de agua y drenaje por parte de la empresa con la justificación de la falta de pago.
También, en el Congreso de Puebla está congelada una iniciativa que mandó el ayuntamiento de Puebla para remunicipalizar el servicio del agua y, de esta manera, el Soapap dependa del municipio en lugar del estado, como sucede actualmente.
Desde que este servicio es otorgado por Concesiones Integrales (Agua de Puebla), a partir de mayo de 2014, la calidad del vital líquido no ha mejorado como se prometió, su costo se ha encarecido en perjuicio del patrimonio de los ciudadanos de la zona metropolitana y las inversiones en infraestructura hidráulica han sido mínimas en los últimos 5 años, pese a que el título de concesión inicial señalaba otra cosa.
El Congreso busca más foros
El Congreso quiere seguir haciendo foros para que los legisladores “conozcan más del tema”, cuando lo que se requiere es reformar la Ley de Agua del Estado y no se permitan los cortes de agua y drenaje, además de no consentir las concesiones de agua; no obstante, este último punto no significaría la revocación del actual título de concesión, pues la ley no es retroactiva.
Hay que recordar que el 31 de diciembre de 2012, el Congreso de Puebla reformó esta ley para permitir la participación directa de las empresas privadas en el manejo, distribución y cobro del agua, con el argumento de que el Soapap se encontraba en condición de quiebra.
En sesión Extraordinaria de Cabildo del 12 de septiembre de 2013 se autorizó al Soapap que concesione total o parcialmente la prestación del servicio de agua potable, así como se aprobó un convenio de coordinación con los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc de Mota, Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango y Tlaltenango para lo mismo.
El 26 de diciembre de 2013, el Soapap otorgó el título de concesión a Concesiones Integrales, S.A. de C.V y esta empresa inició operaciones el 16 de mayo de 2014, una vez que le son entregados la infraestructura, los materiales, herramientas, equipos y bienes inmuebles que tenía la paraestatal.
Soapap viola la ley
En entrevista con esta reportera, el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y exdirector del Soapap de 1999 a 2005, Francisco Castillo Montemayor, señaló que hubo un convenio modificatorio, autorizado por el Soapap y a favor de Concesiones Integrales, en julio de 2014, violando el proceso de licitación y dejando en desventaja a las otras empresas participantes.
Lo anterior porque –dijo– se aprobó retrasar las obras de infraestructura hidráulica, no atendiéndose las fugas de agua. Además, el Soapap autorizó a la concesionaria solicitar un préstamo por mil 486 millones de pesos al Banco Monex para pagar la contraprestación de la concesión a una tasa de interés de TIIE +6, lo que ha significado un pago de intereses por 490 millones de pesos, que ha salido del cobro del servicio del agua.
Agregó que Agua de Puebla (Concesiones Integrales) ha tenido altas utilidades de 2015 a 2018 y por ello recomendó que las Contralorías estatal y municipal auditen la operación del Soapap desde el 29 de agosto de 2013, cuando inició el procedimiento de licitación, pues permitió que la empresa incrementara sus utilidades en detrimento del bolsillo de los ciudadanos, en lugar de ser un eficaz regulador.
En tanto, los regidores morenistas de la comisión transitoria que revisa el servicio de agua potable del municipio de Puebla redoblan esfuerzos para lograr su desprivatización, con el apoyo de Francisco Castillo Montemayor, quien tiene experiencia en este sector público, y de diversas organizaciones civiles.
A ver si lo logran y si lo logran, si el Soapap deja de ser la caja chica de los gobiernos, como ha sucedido en los últimos 20 años, pues en estos tiempos es fundamental el buen manejo y distribución de este vital líquido y la ciudadanía deberá estar al pendiente de ello.
