Como es ilegal sancionarlo, harán un llamado al diputado Héctor Alonso Granados para que pida una disculpa pública por llamar “mojigatas” a sus homólogas; el Congreso de Puebla sí analizará la disminución de penas para mujeres que aborten.
Así lo dio a conocer Gabriel Biestro Medinilla, presidente de dicha soberanía, quien explicó que los legisladores tienen el derecho de dar su opinión en la tribuna y no pueden ser denunciados por dichos posicionamientos, ni siquiera en su partido.
No obstante, reiteró que no comparte las opiniones “machistas” de Alonso Granados, quien llamó “hipócritas” a las diputadas que impulsaron la prohibición de publicidad sexista en Puebla, que además son contrarias a lo que Morena siempre ha propuesto, pues es importante respetar a la mujer y dejar de tomarla como un objeto que promueve la violencia sexual.
En rueda de prensa, subrayó que cada quien es responsable de sus actos, pero no puede haber falta de respeto entre diputados, por lo que el primer llamado es que el legislador de inmediato emita una disculpa por las ofensas y “que cambie su actitud”, ya que no es la primera vez que hace comentarios misóginos contra sus compañeras.
Pide a jueces no dar amparos
Respecto a los amparos que pretenden promover algunos establecimientos por la aplicación de dicha ley, pidió a los jueces que estudien el “obvio” contexto de violencia contra la mujer que se está viviendo en Puebla para que lo nos proporcionen.
Señaló que es facultad de los municipios reglamentar y resolver los casos de los usuarios de la publicidad que decidan defenderse, pues hay anuncios que pueden pasar desapercibidos, pero “depende de los criterios que se normen de acuerdo a esta ley y que el Congreso otorgue las herramientas necesarias para cambiar la situación”.
Indicó que es decisión de las diputadas involucradas si presentan una denuncia por violencia política de género y dijo que al aprobarse la propuesta “la razón prevaleció y sobre todo el entendimiento”.
En otro tema, afirmó que está esperando a ver cómo presenta Rocío García Olmedo su iniciativa para que no se penalice con cárcel el aborto antes de las 12 semanas, sino con trabajo comunitario, e indicó que “los derechos no están a negociación”.
Es de recordar que la entidad poblana es el séptimo lugar nacional más restrictivo en este tema, ya que sólo justifica cuatro causales para realizar la interrupción del embarazo (violación, alteraciones genéticas del producto, culposo y peligro de muerte).
A esto hay que añadirle la gravedad de las sanciones, pues en el estado se castiga con hasta 5 años de prisión, pena que puede bajar “según la fama” de la señalada.