El gobierno federal subastará un departamento con valor de 21 millones 800 mil pesos, ubicado en la Ciudad de México, cuyo uso se le retiró a la exdiputada panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco, y su fundación “Camino a Casa”.
Lo anterior, de acuerdo con Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien este martes dio a conocer las tres subastas de autos, inmuebles y joyas que realizará el recién creado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que será el sucesor del SAE.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente, el funcionario señaló que la propiedad que tenían Orozco y su fundación, de apoyo a mujeres víctimas de trata, forma parte de un lote de tres propiedades con valor sumado de 133 millones de pesos.
Asimismo, indicó que el nuevo instituto trabaja para recuperar una cuarta propiedad, en poder del esposo de la expanista, Alejandro Orozco Rubio.
El monto recaudado por la subasta de dichos inmuebles se destinará, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a municipios marginados de La Montaña, en Guerrero.
Aunque el funcionario no especificó cómo dichas casas acabaron en poder de Garza Ramírez, desde 2011, Proceso exhibió que le gobierno de Felipe Calderón Hinojosa otorgó en comodato tres propiedad a la fundación de Rosi Orozco y una su esposo, a fin de apoyar su activismo en favor de las mujeres víctimas de trata.
Asimismo, la supuesta labor altruista de la exlegisladora fue duramente cuestionada cuando, en 2014, la senadora Adriana Dávila Fernández, de la bancada del PAN, mismo partido que había cobijado a Orozco en sexenio calderonista, la acusó lucrar con las víctimas de trata, utilizarlas y explotarlas ante los medios de comunicación.