Germán Reyna y Herrero, socio director de ARH Consultores, propuso fiscalizar a los operadores políticos en las campañas para detectar el financiamiento privado ilegal, pues por cada peso reportado ante el INE, existen más de 15 pesos de dudosa procedencia.
Lo anterior, en su investigación “Discrepancia y fiscalización, los actores silenciosos de la contienda electoral”, que presentó ante la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (Amecip).
En este documento explicó que el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) establece la existencia del cruce de información, que comprende la comprobación de operaciones, proveedores y aportantes, con el objetivo de identificar la existencia de empresas fantasma.
Sin embargo, advirtió que este deja de lado los operadores políticos o incluso a los trabajadores de los partidos e integrantes del equipo de campaña, quienes pueden realizar movimientos de los recursos a través de sus propias cuentas.
Por ello, desde la perspectiva del fiscalista, “las contribuciones ilegales de particulares representan el fundamento para que la discrepancia fiscal determine inconsistencias en el origen de los ingresos de las campañas electorales”
De ahí que el también miembro de la Amecip destacó la necesidad de poner más atención al financiamiento privado ilegal, ya que es en este ámbito donde se genera la simulación de operaciones a través de empresas fantasma, lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal.
Subrayó que la discrepancia fiscal es un factor fundamental para detectar financiamientos ilegales en las campañas, pues los actores que pueden ser sujetos a esta fiscalización son los trabajadores de los partidos o los colaboradores de campaña, tanto sujetos obligados por conceptos de honorarios profesionales, como los asimilables a sueldos.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales