De falsas reconciliaciones y vísperas de guerra en la comuna
Patricia Méndez en la columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que los desencuentros y divisiones entre los regidores afines a los morenistas Luis Miguel Barbosa y Claudia Rivera Vivanco en el Cabildo capitalino persisten y son evidentes pese a la aparición e inclusión de la alcaldesa en los eventos de campaña del candidato.
Un ejemplo de ello fue el voto en contra de la fracción barbosista de la cuenta pública 2018 del municipio que incluía mes y medio de la gestión riverista, el pasado lunes, pues el regidor Roberto Eli Esponda hizo serios señalamientos por un posible subejercicio.
Días atrás, ambos grupos también protagonizaron álgidas discusiones por el desborde del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, la prostitución y hasta por la asignación de lugares de trabajo para artistas urbanos, como los payasos del zócalo.
Y es que pese a que hace unas semanas Rivera y Barbosa fumaron la pipa de la paz, surgió un nuevo conflicto cuando el expanista Hilario Gallegos, que actualmente opera para la 4T, acudió a una reunión con el ayuntamiento en representación del grupo “Payasos Tradicionales” que ha hecho señalamientos directos en contra del secretario de Gobernación René Sánchez Galindo, lo que levantó la ceja en el grupo riverista.
Otra prueba de que el arreglo político entre ambos bandos existió únicamente en las fotografías, es que los regidores Roberto Eli Esponda y Edson Cortés ya recopilan información para elaborar un informe sobre el negocio que el ambulantaje, según dicen, ha representado para la administración de Claudia Rivera e incluso se sabe que cuentan con datos de que uno de los involucrados en el pase de charola es un familiar muy pero muy cercano a una mujer de tenis blancos.
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La obligada reubicación del Congreso
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que el dictamen estructural sobre el estado que guarda la sede del Congreso del Estado, que fue entregado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una señal de alerta para evitar una tragedia de niveles incalculables.
Partiendo de la base de que los especialistas advirtieron que no aguanta un nuevo sismo de más de siete grados, la recomendación —casi orden— no es otra, que la reubicación de la sede del legislativo local, para dar tiempo a un mantenimiento integral y así poder salvar el edificio de la 5 Poniente 128 donde desde hace más de un siglo sesionan los diputados.
El diagnostico entregado por la máxima casa de estudios advierte que en los últimos años se colocaron parches, y de los dos niveles originales, ahora son seis por la ampliación de las salas de comisiones, cubículos para oficinas de diputados y algunas otras áreas.
Ante el oscuro panorama les hago una sugerencia: recuperar el terreno del estacionamiento de Puebla Comunicaciones que fue vendido en la opacidad morenovallista y trasladar ahí la sede del Congreso del Estado, ya que les saldrá más barato un edificio nuevo que el rescatar el que está ubicado en el Centro Histórico.
Aunque también es esta hipótesis, habrá que tomar previsiones, recordando la mala experiencia del Centro Integral de Servicios (CIS) en donde se rescató el terreno que iba a ser malbaratado por la administración marinista, y aunque la idea original parecía buena, al final, gracias a un mal proyecto y a las leoninas condiciones financieras del PPS con el que se obtuvieron los recursos para su construcción, terminó siendo fatal para los poblanos.
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El magistrado Alfredo Miranda sería el principal beneficiado por la caída del presidente del TSJ
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que dentro del Poder Judicial pocos son los que dudan que desde ahí se está promoviendo una revuelta para buscar la caía de Héctor Sánchez Sánchez como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y muchos voltean a ver al magistrado Alberto Miranda Guerra, junto con un importante grupo de jueces, como los que podrían estar atrás de la estrategia de provocar una pronta renovación de la cabeza del TSJ.
El propio Héctor Sánchez en una rueda de prensa que improvisó el martes, un día después de que fue exhibido en un desplegado en el periódico El Universal –donde se narran algunos de los excesos que estaría solapando en el TSJ–, reconoció que los ataques vienen desde el interior del Poder Judicial.
Con ello el magistrado presidente acabó exponiendo su alto grado de vulnerabilidad, pues se dice que miembros del TSJ tienen suficiente material para seguir haciendo filtraciones y debilitar la imagen de Héctor Sánchez, quien quedó desprotegido políticamente luego de la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.
Ahora lo relevante es saber: ¿quién o quiénes se podrían beneficiar por una muy probable salida de Héctor Sánchez de la titularidad del Poder Judicial?
Cuando se plantea tal interrogante, algunos integrantes del TSJ de inmediato dirigen sus miradas a la figura del presidente de la Quinta Sala Unitaria de lo Penal, Alberto Miranda Guerra, no solamente por la falta de afinidad que tiene con Héctor Sánchez, sino porque este magistrado desde hace algunos años no ha ocultado su deseo de llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y en la actual coyuntura, parecería que hay varias condiciones que le favorecen.
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La falta de integridad de Cárdenas está demostrada
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que pues no y no. Enrique Cárdenas, en sus trece, no solicitará licencia al Conacyt y continuará cobrando la beca de casi 40 mil pesos que le paga el Conacyt, con dinero de todos los mexicanos, para investigar y hacer docencia, aunque ahora en realidad esté dedicado a actividades político electorales.
Así lo declaró al reportero de CAMBIO, luego de que un día antes prefirió pararse e irse de la rueda de prensa ante los cuestionamientos a los que el honesto e impoluto candidato de Acción Nacional no quiere dar respuesta. Si así es de irascible como candidato, imagínenselo como gobernador. ¡No por Dios!
Antes también envió una carta aclaratoria en la que deslindaba la licencia ante el Conacyt a la Universidad Iberoamericana Puebla, a la que está adherido como sede académica, según consta en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es decir, como lo afirmó CAMBIO, la licencia al SNI nunca fue tramitada y siempre siguió cobrando la beca.
Es decir, muy honesto y muy impoluto, pero le tiene mucho amor a los casi 40 mil pesos de su beca del Conacyt, como para colocarse en una situación de cometer un delito, tanto en su modalidad de abuso de autoridad previsto en el artículo 215 fracción X del Código Penal, incluso también como un delito electoral al desviar recursos públicos a su campaña.
Para seguir cobrando la beca Conacyt de casi 40 mil pesos al mes, pese a que de momento no realiza labores ni de investigación ni de docencia, Cárdenas Sánchez se escuda en el artículo 62 del Reglamento del SNI que establece como causal de la entrega del estímulo económico o beca, en su fracción IV “cuando la persona integrante de este sistema ocupe un cargo administrativo o de elección popular”.
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El Casanova del Oxxo de La Calera (Caso Marín-Cacho)
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que lugar: Oxxo de La Calera.
Día: Lunes 29 de abril de 2019.
Hora: alrededor de las cinco de la tarde.
Una señora guapa estaba haciendo fila para pagar, cuando, de pronto, sin que viniera al caso, un tipo de camisa azul de cuadros le tocó el hombro y le dijo:
—¿Me permite?