Cuando Fernando Gutiérrez Barrios salió electo gobernador de Veracruz a mediados de 1986, dedicó sus 150 días de espera para la toma de posesión a revisar dos temas vitales: recursos presupuestales para arrancar con obras y, por su formación en el área de seguridad del Estado, un mapa estratégico de la delincuencia en el estado.
La masacre de Minatitlán fue mal enfocada: la prioridad no debió radicar en darle un espaldarazo a la incompetencia y negligencia del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, sino que todos se quedaron a la espera de una estrategia de emergencia para capturar y castigar a los responsables, presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El actual gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, tuvo casi 300 días para tener un panorama estratégico de su entidad: cinco meses de interregno entre la victoria y la toma de posesión y cuatro meses y 19 días como titular del poder ejecutivo estatal-jefe político del estado y por tanto responsable del tema de la seguridad local.
La masacre de Minatitlán puede entenderse como producto del neoliberalismo 1983-2019 y como consecuencia de la corrupción de autoridades estatales con el crimen organizado, pero el tema de la inseguridad y los cárteles estaba en la prioridad número uno de la elección federal y local. Y luego de 300 días de pasividad estatal, el presidente de la república pidió un plazo adicional de 180 días o seis meses para retomar el control de la seguida estatal.
Las declaraciones del gobernador y del presidente dejan ver que los dos carecen de un entendimiento del problema de la inseguridad y sus reacciones son institucionales. Para resolver Minatitlán no se necesitan tantos días: un operativo inmediato de inteligencia y acción policiaca y de seguridad interior podría dar resultados en menos de una semana: ya tienen identificados a los presuntos responsables, deben saber ya quiénes son los cómplices corruptos de los cárteles en las estructuras de gobierno y labores de inteligencia militar y naval deben tener detectados sus nidos de operación.
Las políticas y estrategias de seguridad pública-interior-nacional son actos de poder y más cuando las actividades criminales de las organizaciones delincuenciales buscan asentar su poder territorial e institucional en zonas expropiadas a la soberanía territorial del Estado. Acusar al neoliberalismo y a la corrupción como los villanos favoritos –los derechos de autor de esta caracterización de Carlos Salinas de Gortari– es decir todo y nada.
Los primeros actos del gobernador García Jiménez debieron enfocarse al tema de la inseguridad. Amenazar hoy con programas sociales y partidas de la Guardia Nacional no van a resolver el crimen de Minatitlán ni resolverán el problema de inseguridad en el estado: inhibirán un rato, si acaso la Guardia patrulla todo el Estado.
La estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno federal carece de un sistema de inteligencia que localice organizaciones delincuenciales, movimientos estratégicos territoriales, luchas generales y particulares por plaza y, sobre todo, las redes de corrupción con autoridades municipales-estatales-federales. En Minatitlán el Cártel Jalisco Nueva Generación no puede existir sin la complicidad oficial. Y, de querer, en una semana podrían darse las destituciones y enjuiciamientos de los cómplices conocidos de ese grupo criminal.
La estrategia de seguridad del gobierno federal necesita un replanteamiento. A dos años del anuncio informal de una nueva Secretaría de Seguridad pública, a diez meses de la victoria electoral, a casi ocho meses del inicio de la mayoría morenista en el congreso y a cuatro y medio meses del inicio formal de la administración, el corte de caja de la estrategia de seguridad arroja saldos negativos en cifras criminales.
Pero lo importante no son las cifras. Lo que debe centrar la atención sería la integralidad de la estrategia, su profundidad y sobre todo su objetivo de desmantelar a las organizaciones criminales. La Guardia y los programas sociales buscarían un repliegue de los cárteles, no su desarticulación ni la prohibición para operar en zonas-reservación.
La prioridad en Veracruz no debe ser el sostenimiento del gobernador García Jiménez en el poder a pesar de su clara incompetencia como jefe político de un territorio del Estado nacional, sino derrotar al CJNG en Veracruz porque ya contaminó a Tabasco y Oaxaca y se enfila a la Península de Yucatán.
Minatitlán debe potenciar la acción del Estado contra las estructuras de poder político y social de la delincuencia organizada, aunque el caso de los huachicoleros ha revelado que el Estado carece de fondos suficientes para rescatar la pobreza a amplias extensiones social que encontraron en la delincuencia los ingresos indispensables.
La seguridad debe preceder lo social.
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