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La medición incorrecta

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que dos gobiernos han decidido que la definición de la victoria del combate al narcotráfico se rija por el número de homicidios dolosos. Si subían, se consideraba una derrota; si bajaban, una victoria. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue al extremo de presionar y forzar el despido de periodistas de medios que contaban los muertos de la lucha contra la delincuencia, porque así, pensaban, se reducirían el temor y la angustia social. Esa política de comunicación estalló, al demostrarse que esconder los muertos o manipular las cifras de homicidios dolosos no modificaba la realidad. Hoy, sin llegar a la censura de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en un error similar: evaluar la estrategia de seguridad a partir del número de homicidios dolosos. Es un referente reduccionista y de valoración inversa: si baja la tasa en plazos cortos, es porque la lucha contra la delincuencia se perdió.

La suma de homicidios dolosos encuadrado en el contexto del combate al crimen crea percepciones equivocadas. México es considerado por muchos como una de las naciones más peligrosas del mundo, con cifras de muertos que rebasan los mínimos internacionales para determinar si una nación se encuentra en guerra civil. La realidad es que si bien los índices muestran una tendencia al alza –aunque en marzo el total de homicidios dolosos tuvo un mínimo decremento–, México no se encuentra en el rango de las naciones de alto riesgo, como son Afganistán y Siria. De hecho, si se ve el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México se encuentra en el séptimo lugar latinoamericano, según la fundación InSight Crime, con 25.8 delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, en el mismo rango de Brasil y Colombia, pero muy debajo de Venezuela, que encabeza la lista, con una tasa de 81.4 por cada 100 mil habitantes.

Todo esto no significa que se magnifique el problema de seguridad, o que no sea un asunto delicado que se tiene que resolver. Es muy serio, cuesta miles de millones de pesos al año, y afecta a la población, en distinto grado y de manera creciente, lo que impacta a un conjunto de políticas públicas, en materia de salud e inversión, por ejemplo. Es el principal tema de preocupación de los mexicanos y el de mayor prioridad para López Obrador. Pero el interés en resolverlo no debe llevarlo a la trampa de cómo medir el éxito de su estrategia. Si de homicidios dolosos se trata, como se planteó ayer, de antemano se puede prever que el resultado será negativo.

La tasa de homicidios dolosos es un referente, pero no es el todo. En el gobierno de Peña Nieto, la presión sobre los medios ocultó ese indicador de la opinión pública hasta que, cuando bajó la tasa, lo presumió. Pero en ese periodo de aproximadamente dos años, ¿qué sucedió? Se dejó de combatir a los cárteles, con lo que se fortaleció y expandió el Cártel del Pacífico, y creció su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación. Los Zetas, que se habían quedado sin drogas, se diversificaron en el negocio criminal y restablecieron sus rutas de narcotráfico.

Al igual que ellos, los cárteles del Golfo y de Juárez volvieron a tener control territorial y reconstruyeron sus redes de protección institucional, lo que propició una vez más un estado fallido, si no nacional, sí regionalmente. En ese desorden conceptual sobre la estrategia de seguridad, ese gobierno armó a grupos paramilitares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para liquidar a Los Caballeros Templarios, abriendo la posibilidad de que lo juzguen en tribunales internacionales por genocidio. También aplazó los exámenes de control de confianza, con lo que policías municipales vinculados al narcotráfico, como los de Iguala y de otros seis municipios relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pudieron operar bajo el manto criminal.

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AMLO busca acorralar a Fox

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que el próximo objetivo del gobierno federal, nos dicen, es dar a conocer a las empresas beneficiadas fiscalmente en el sexenio del presidente Vicente Fox, principalmente aquellas corporaciones a las que les condonaron impuestos en cantidades de muchos ceros. Y el plan para hacer transparente la información coincide con las recientes críticas que ha soltado don Chente contra los dichos y políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos aseguran que los datos de esas compañías y personas a las que se les condonaron impuestos habían sido reservados desde 2006, con fecha de liberación en 2019. Ahora, nos dicen, el presidente López Obrador tiene elementos para hacer públicos los datos, lo cual sería una bomba con efecto múltiple. Por el momento, nos comentan, no se sabe cuándo soltará el golpe, que será como una carambola que llegará hasta el rancho San Cristóbal. ¡Uyyy!

Inquieta a burócratas posible quiebra del ISSSTE

Muy inquietos se pusieron los dirigentes de los sindicatos de burócratas con escalofriante diagnóstico que hizo el director de Administración del ISSSTE, Pedro Zenteno, sobre la posible quiebra financiera en julio de 2019 del organismo encargado de atender los servicios médicos de los trabajadores del Estado. Tan es así, nos dicen, que la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, al mando de Joel Ayala, redactó una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un extrañamiento por los juicios que alarman y crean incertidumbre sobre un posible quebranto de la institución, que dicho sea de paso atiende a 13 millones de mexicanos. Los sindicatos de burócratas piden al gobierno de la 4T utilizar con carácter de urgente más de 96 mil millones de pesos de las reservas del ISSSTE para resolver la falta de insumos. Así está la cosa.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que muy a la callada se encuentra en México Felipe González, relator especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, quien ha sostenido encuentros privados con organizaciones civiles, religiosas y familiares de migrantes, que lo han puesto al tanto de la actuación del gobierno con los indocumentados.

Aunque no es una visita oficial, el español ha dejado claro que su mayor preocupación es la xenofobia que ha visto en el país, de ahí que muchos han interpretado la conferencia que dieron ayer los titulares de Segob, SRE e INM más como un intento de curarse en salud que otra cosa.

Que a quienes les hace falta seguir aquel clásico dictado salinista de “no se hagan bolas” es a los actuales líderes priistas, pues ahora resulta que Mario Marín, ya declarado prófugo de la justicia por el caso Lydia Cacho, siempre sí forma parte de las filas del tricolor.

Y es que el lunes, el consejero nacional Armando Barajas dijo haberse desistido de abrir el proceso de expulsión del ex góber precioso al no hallarlo en el listado de militantes registrado ante el INE.

Sin embargo, ayer el secretario de Organización del partido, Héctor Gutiérrez, salió a enmendarle la plana a su correligionario y a aclarar que el ex mandatario de Puebla sigue en el padrón, solo que aparece con su nombre completo, Mario Plutarco Marín Torres. Quizá de ahí la confusión.

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