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Los discursos no vencen criminales

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que siempre, como líder social, candidato presidencial, presidente electo y presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha hecho el mismo diagnóstico sobre las razones que llevaron a la violencia. Una semana antes de asumir la presidencia, afirmó ante las Fuerzas Armadas en el Campo Militar No. 1, que la inseguridad es producto de una “política económica antipopular y entreguista”, que repitió textualmente el domingo en Veracruz, a propósito de la matanza en Minatitlán. Igualmente ha reiterado la receta para acabar la violencia, atacando sus causas con los programas de bienestar –empleo y educación para los jóvenes– y tener en la Guardia Nacional la llave de la puerta de la pacificación del país.

Con los programas de bienestar, aclaró en su conferencia de prensa mañanera ayer lunes desde Veracruz, se permitirá “alejar a los jóvenes del mal camino. Con su atención se garantiza que no sean jalados por bandas del crimen organizado”. La Guardia Nacional, dijo, “permitirá tener un mayor control de las regiones donde se concentren y garantizarán la estabilización de la seguridad”. Todo esto arropado en que “ya no existe colusión entre gobiernos y grupos de delincuencia”. Está por verse, en el plazo de seis meses que él mismo estableció para que se empiecen a notar los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Por qué está obsesionado con establecer plazos en temas tan volátiles como la seguridad? Sobre todo, ante su falta de claridad al respecto. En enero de 2018, López Obrador dijo que, de llegar a la presidencia, disminuiría la delincuencia “en muy poco tiempo”, dependiendo del crecimiento económico, la creación de empleos y la aplicación de los programas de desarrollo social. En diciembre de ese año, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los primeros resultados positivos se darían en los primeros 180 días del gobierno. En febrero, matizó. Ya no sería en los primeros tres meses, sino en los primeros seis, donde habría “un punto de inflexión en la tendencia creciente”. En marzo se fue al otro extremo. Para terminar con la ola de inseguridad, dijo, se necesitarían 360 mil policías y un plazo de 100 años. El presidente ya estableció una nueva fecha: no será en febrero ni en mayo, como prometía Durazo, sino en octubre, 10 meses después de iniciado su gobierno.

De antemano, sobre la base de las experiencias, se puede adelantar que eso no sucederá, y las variables señaladas por López Obrador no se cumplirán. En octubre pasado dijo que el 70 por ciento de la estrategia radicaba en atender las causas económicas, pero las expectativas de crecimiento no son promisorias y el empleo formal ha disminuido. Pero aun si esto, para efectos de argumentación, fuera superado, hay otros factores que sugieren que fracasará en sus tiempos. Uno es la estacionalidad. En verano, en muchos países, los índices delincuenciales se elevan por razones tan subjetivas, incluso, como el calor. Otro factor objetivo es cómo bajar los índices, si la estrategia no toca al crimen de manera reactiva, sino se concentra en la parte preventiva.

Esto es correcto, siempre y cuando también se modifiquen los incentivos para delinquir. Se necesitaría que el ingreso de un empleo formal superara al ingreso que deja el negocio de las drogas, lo que se antoja imposible: un joven recluta de Los Zetas empieza ganando casi 10 mil pesos por mes por el cobro de piso o de extorsiones. Si lo hace bien, lo entrenan dos meses y le dan una esquina para que venda droga y lo proveen de armas, con lo cual, si es exitoso, puede triplicar sus ganancias en seis meses. Visto económicamente, no hay forma de competir con un empleo formal.

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INE y el perdón de los pecados

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que con la Pascua vendrán días de perdón en el Instituto Nacional Electoral. ¿De qué le hablamos?, se preguntará usted. Nos explican que la Comisión de Quejas del INE redimió a los partidos políticos del pago de alrededor de 35 millones de pesos en multas. Y el hecho se confirmará en la sesión del Consejo General del próximo viernes. El perdón de los pecados en las dirigencias partidistas se dará después de que los mandones en el órgano electoral descubrieron que jefes de los partidos presentaron sus padrones inflados, con afiliaciones indebidas de ciudadanos que ni siquiera estaban enterados que pertenecían a esas organizaciones. Sin embargo, nos dicen, los representantes de los partidos políticos se pusieron de acuerdo para evitar las multas, y los consejeros —tan buenas personas y en tiempos de reconciliación— pues decidieron cerrar los expedientes y solamente amonestar a los dirigentes. ¡Amén!

La inquieta maestra Gordillo

Al parecer la maestra Elba Esther Gordillo quiere recuperar el tiempo que pasó recluida y anda muy inquieta en varios frentes. Nos dicen que en el ámbito electoral, mientras se concreta su nuevo partido, el denominado Redes Sociales Progresistas, algunos de sus líderes ya buscan candidatos para competir en el todavía lejano 2021 en procesos locales y federales. Nos comentan que en las Redes han echado el ojo al exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo para que en tres años sea su candidato al gobierno de Nuevo León, luego de que su hermano Julio lo “destapara” como un perfil que pudiera liderarlos en la contienda nuevoleonesa. Lo que es un hecho, nos confirman, es que don Ildefonso tiene la firme convicción de competir por la gubernatura de su estado natal y el partido o los partidos que lo abanderen será un asunto que se irá analizando.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que otra de las consecuencias de la masacre del viernes pasado en Minatitlán, Veracruz, fue la posposición de la comparecencia en el Senado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un tuit, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, anunció que “ante la situación de la seguridad pública en el país y la necesidad de atenderla de manera urgente y directa”, la reunión prevista para hoy con Alfonso Durazo será reprogramada para pasado mañana. Hay prioridades.

Que a propósito del Senado, Yalitza Aparicio y Nancy García recibirán este jueves un reconocimiento por su trabajo en la película Roma, de Alfonso Cuarón, durante la Semana Cultural de las Lenguas y los Pueblos Maternas que se lleva a cabo en esa cámara.

Quien ya manifestó su beneplácito fue la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la perredista Leonor Noyola.

Que el consejero nacional priista Armando Barajas intentó iniciar el proceso de expulsión del partido contra Mario Marín pero, ¡oh sorpresa!, descubrió que el ex gobernador ya no es militante de ese partido, pues no figura en el padrón registrado ante el INE.

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