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En Change, Redim pide reparar el daño a Lydia Cacho

Con firmas en Change.org, Redim pide reparar el daño a Cacho

En Change.org, Redim pide reparar el daño a Lydia Cacho. Foto: change.org

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a través de Change.org, pidió a la FGR, a los gobiernos federal y estatales de Puebla y Quintana Roo, que reparen el daño a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, detenida y torturada en 2005.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, celebró la orden de aprehensión contra el exgobernador Mario Marín Torres, Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la policía estatal, Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces PGJ poblana, y el empresario Kamel Nacif Borge por el delito de tortura.

La organización reconoció que el trabajo de Cacho Ribeiro derivó en el reconocimiento de “un estado sumido en la impunidad y la corrupción en el cual miles de niños siguen siendo víctimas”, lo cual causó que hace 13 años fuera detenida arbitrariamente y después “se volviera una sobreviviente de la persecución y violencia del Estado”.

Además, resaltó que el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el gobierno mexicano violó los derechos de libertad de expresión, integridad, libertad, seguridad y de acceso a la justicia de la periodista.

Exige disculpa pública para Cacho

Por ello, exigió al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los gobiernos estatales de Puebla y Quintana Roo publicar el extracto de la decisión del Comité en los medios de mayor circulación nacional.

Así como proteger la vida de Cacho Ribeiro, una disculpa pública tanto del gobierno federal como de Quintana Roo y Puebla, darle acceso a ella y su defensa sobre los avances en la investigación, pues se le ha negado acceso a su expediente.

Promover de manera efectiva la derogación de los tipos penales que son utilizados para criminalizar periodistas; detener y juzgar a los implicados, ya que las pruebas son jurídicamente suficientes para ello.

Aseveró que las redes de trata de niños y mujeres en México “pertenecen a la delincuencia organizada y están relacionadas con políticos y empresarios”, por lo que “el perdón político no es aceptable”. Hasta el cierre de esta edición, la petición contaba con 16 mil 449 firmas.

Editado por Diana Lizeth Pérez Morales

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